Venimos desde la resistencia contra las políticas neoliberales imperialistas, expresadas en el libre comercio, la militarización, la dependencia financiera y la desigualdad socioeconómica que genera hambre y empobrecimiento a nuestros Pueblos. Lucha de resistencia que derrotó en Mar del Plata en noviembre de 2005, la intención del Presidente Bush de los Estados Unidos de avanzar en la consolidación del proyecto ALCA y del Acuerdo de Seguridad Continental.
Además, en este nuevo tiempo que transita nuestra Sudamérica, venimos construyendo alternativas populares a las políticas que resistimos, como aquí en Córdoba la articulación de los movimientos por el agua, la tierra y el ambiente.
Por esto, todas y todos los aquí reunidos no somos meros denunciantes de las políticas del imperio y sus aliados, sino que nos construimos desde nuestra autonomía y diversidad con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa, fraterna y digna.
Desde esta Cumbre de los Pueblos de Sudamérica RATIFICAMOS:
– No a los Tratados de Libre Comercio
– SI a la integración desde y para los Pueblos
– NO a la deuda externa y la injerencia de las instituciones financieras internacionales • SI a la independencia económica con soberanía financiera
– NO a la militarización y a la doctrina de Seguridad Continental • SI a la Soberanía Popular y la Autodeterminación de los Pueblos
– NO a la desigualdad del hambre y la pobreza
– SI a la distribución de la riqueza, por la universalidad del derecho a la vida y la soberanía alimentaria
En ese sentido, DECLARAMOS:
Denunciamos la política de militarización llevada a cabo por el imperialismo, que es integral e impregna todas las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas. De ahí que los tratados comerciales, como el ALCA y los TLC bilaterales, tienen como sustento a los pactos militares. En América Latina todos los yacimientos estratégicos, minerales, energéticos, alimentarios y acuíferos son objeto de tratados para la instalación de bases para su control y dominio.
Denunciamos y rechazamos la expresión del militarismo al interior de cada país, que se traduce en control social preventivo y represión abierta contra el reclamo popular, además de autoritarismo e impunidad en todas las esferas de la vida.
Reclamamos la denuncia de todos los pactos militares y el retiro de las tropas de Estados Unidos del Paraguay, así como de las tropas de ocupación de la MINUSTAH de Haití.
Exigimos el cese de la agresión y el inmediato retiro de las tropas de EE UU de Irak, y de las de Israel del Líbano y Palestina.
Exigimos la no ratificación – y consecuente anulación – del tratado de libre comercio del MERCOSUR con Israel.
Demandamos a los gobiernos políticas que respeten los espacios comunes de los pueblos originarios en nuestras fronteras, sin dividir sus territorios ancestrales, y que retomen las recomendaciones del III Informe sobre Cuestiones Indígenas, para que los temas de los pueblos originarios sean transversalizados en el Mercosur.
Repudiamos la abstención de la Argentina el 29 de junio en la votación sobre la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, en la Asamblea del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
Exigimos que se reconozca el principio de la autodeterminación política, cultural, territorial e identitaria de los Pueblos Originarios y comunidades urbanas y rurales. Exigimos la liberación de los presos políticos de los pueblos originarios en Chile.
Exigimos la realización de auditorias integrales y participativas de las deudas así como la suspensión de todo pago hasta tanto no se haya concluido con las mismas. Así podemos establecer con fundamentos quiénes realmente deben a quienes y avanzar en la identificación y sanción de los responsables del endeudamiento y cobranza ilegítimos y la restitución de lo saqueado. Reconocemos en esta lucha contra la impunidad de los grandes capitales, mercados e instituciones financieras, una base necesaria para la generación de alternativas de soberanía e independencia financiera, incluyendo la implementación de sistemas tributarios progresivos y la coordinación de acciones e iniciativas a nivel regional que permite aprovechar y compartir solidariamente la riqueza generada por nuestros Pueblos.
Rechazamos la extranjerización de la tierra, el monocultivo y los transgénicos que dañan la salud y la soberanía alimentaria de los pueblos.
Rechazamos cualquier intento de privatización en el área educativa en todos los niveles.
Exigimos la difusión, cumplimiento y aplicación -con un mayor presupuesto para su eficacia- de las leyes de no violencia contra la mujer y de educación sexual y reproductiva.
Exigimos que los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay suscriban la Declaración de Agua de México, firmada por Bolivia, Venezuela, Cuba y Uruguay. Reclamamos la sanción de códigos de agua nacionales que sean abarcativos de todas las dimensiones del recurso, y de un código de agua de las Américas en el que deben insertarse los códigos nacionales, prestando especial atención a las reservas de agua dulce, y específicamente al Acuífero Guaraní.
Denunciamos que siendo esta región una de las más ricas del mundo en recursos naturales, capaz de producir alimentos y condiciones de vida digna al conjunto de su población, hoy posee más de la mitad de sus habitantes bajo la línea de pobreza, en especial las mujeres, los niños y los ancianos. Los Pueblos organizados exigimos a los poderes de los Estados que se ataquen las causas de la pobreza implementando políticas universales de redistribución de los bienes económicos, sociales y culturales.
Denunciamos la inconstitucionalidad de la prórroga de jurisdicción a favor del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativa a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. Postulamos la declaración de su nulidad, tanto por vía legislativa como judicial, y. rechazamos enfáticamente las demandas allí planteadas.
Exigimos la anulación inmediata de los Tratados Bilaterales de Inversión que los estados nacionales renuevan periódicamente. Denunciamos las facilidades y concesiones por parte de los gobiernos hacia empresas transnacionales, responsables de la explotación y el saqueo de nuestros recursos naturales. No queremos industrias sucias en nuestros países. Exigimos el cese de la construcción de las plantas de celulosa sobre las márgenes del río Uruguay, así como la prosecución de otros proyectos similares en la región.
Rechazamos toda reforma judicial que conlleve a la privatización de la Justicia.
Exigimos un aumento sustancial de los presupuestos educativos y la profunda democratización de los sistemas educativos en todos los órdenes sin dilaciones. Exigimos la participación y el respeto de los plazos que ésta requiere para la discusión de las leyes vinculadas a la educación.
Rechazamos los canjes de deuda por educación, exigiendo en este sentido una actitud de escucha a los reiterados pedidos elevados a los gobiernos por parte de organizaciones, personalidades y expertos del área de educación de intachable trayectoria.
Denunciamos la continuidad de la ronda de negociaciones actual en la OMC y reclamamos su cierre. Rechazamos en particular la oferta de sectores esenciales como canje por promesas de cambios en las políticas proteccionistas de los países del norte.
Reclamamos que el trabajo autogestionado sea reconocido como una relación económica, social y cultural a partir de un régimen jurídico, económico, laboral, social y fiscal adecuado a sus necesidades para crecer y cumplir un rol fundamental en la construcción de un proyecto de Justicia Social y de Independencia Económica de los Pueblos. En este espíritu, nos solidarizamos con la lucha llevada adelante por los trabajadores gráficos uruguayos de Coprograf, reclamando una rápida solución que haga efectiva la entrega de la planta a los trabajadores a un año de su ocupación.
Exigimos, sin desmedro para otros países, la salida al mar de Bolivia y la construcción de un puerto operado libremente por ese país hermano.
Exigir el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales, como el Convenio 143 de la OIT contra la discriminación y la explotación y por la igualdad de oportunidades
MANIFESTAMOS nuestro compromiso por:
Avanzar en la construcción de instituciones y mecanismos de integración de los Pueblos con la participación ciudadana democrática y solidaria, ejercitando nuestro derecho a conocer y controlar los actos de gobierno.
Bregar por la libre circulación de los y las ciudadanas sudamericanas entre todos los países de la región.
Unificar las acciones y articulaciones organizativas de las y los trabajadores migrantes en la región, para defender los derechos sociales y laborales de los mismos. Establecer un plan de lucha contra el tráfico de personas incluyendo el tráfico infantil. Promover la propuesta de Carta de Ciudadanía Sudamericana.
Profundizar la acción de lucha contra las causas que generan el hambre y la pobreza de nuestros pueblos.
Asumirnos como Pueblos Acreedores, puesto que la deuda reclamada a nuestros países es ilegítima fraudulenta, devastadora y genocida, violadora de todos los derechos humanos y ambientales. No necesitamos de los créditos de las instituciones financieras internacionales y los mercados internacionales de capitales para desarrollarnos.
Convocarnos como Pueblos Americanos a unirnos y articular acciones continentales para confrontar y derrotar al militarismo, además de generar políticas populares y mecanismos regionales de defensa común para impedir la agresión militar del imperialismo.
Reivindicar la Seguridad Social como un derecho humano fundamental de los y las trabajadores, quienes deben participar en la administración de los sistemas de previsión social sobre bases solidarias, universales y redistributivas. Los sistemas de capitalización individual obligatorios, caracterizados por el lucro e impulsados desde los organismos financieros multilaterales, no forman parte de la seguridad social.
Promover la organización de los trabajadores de la salud con las comunidades, barrios y organizaciones de pacientes, transgrediendo los límites de la función asistencial y articulando con otras áreas como educación, cuidado y preservación del medio ambiente, fortaleciendo el cambio de modelo hacia la promoción y prevención de la salud. Promover el uso racional de medicamentos y vacunas, y garantizar por parte de los países de la región, la cobertura de todos los tratamientos integrales de enfermedades como el VIH-SIDA, oncológicas y endémicas a los y las habitantes de la región.
Construir una toma de conciencia del sistema patriarcal imperante, desde lo individual hacia lo social, así como a transformar el lenguaje desde la perspectiva de género y luchar por la despenalización y legalización el aborto.
Reconocer que la violencia no es un problema personal sino social y que juntos, organizadamente lo podemos superar.
Luchar por la distribución equitativa del agua y tierra, priorizando su función social, y la Soberanía Alimentaria como derecho de los Pueblos a decidir qué y cómo producir y alimentarse.
Garantizar los derechos humanos y sociales a la salud, la vivienda, el acceso a la justicia y a una educación que respete la identidad cultural para permitir una vida digna en el campo y la permanencia y desarrollo de las y los jóvenes campesinos.
Considerar el acceso a la tierra urbana como derecho y no como mercancía. Asegurar la gestión democrática de la ciudad, promoviendo la participación de la sociedad en la formulación, implementación y fiscalización de las políticas públicas.
Ratificar que el agua es un derecho humano esencial, tal la declaración de las Naciones Unidas. Acompañamos, en particular, la lucha del pueblo cordobés por lograr la estatización inmediata de Aguas Cordobesas, convirtiéndola en una empresa de saneamiento estatal, de gestión pública, con participación directa y democrática de usuarios y trabajadores. Denunciamos la persistente actitud del gobernador de la provincia de mantener el modelo privatizador que ha fracasado de la mano del grupo Suez y su socio Benito Roggio, y denunciamos ante la comunidad internacional que continúa vigente la ley 9279 (diciembre de 2005) que intenta dar continuidad a la privatización, esta vez con el pulpo de Benito Roggio.
Construir poder desde las y los trabajadores y el Pueblo para empujar a los gobiernos nacionales a diseñar políticas de recuperación de nuestros recursos energéticos y naturales. Apoyar las distintas iniciativas tendientes a ese fin, incluyendo la campaña en Argentina para recoger un millón de firmas para la recuperación del petróleo. Potestad soberana de las naciones sobre el subsuelo. Por una integración energética latinoamericana a partir de empresas estatales en beneficio de los pueblos para avanzar en la independencia económica y política.
Bregar por la democratización de la sociedad en su conjunto, por la libertad y democracia sindical, la incorporación de mecanismos de participación popular en la designación de los magistrados y por la democratización de las relaciones laborales en la justicia. Ratificamos una vez más nuestro objetivo de construir una Justicia para todas y todos, y no una Justicia para el mercado.
Defender el derecho a una educación pública, laica, gratuita y de calidad para todos los y las habitantes y en todos los niveles, que contemple la diversidad cultural y los saberes ancestrales de todos los pueblos. La educación permanente debe ser considerada como eje para la formación de ciudadanos críticos, participativos en una lógica emancipadora. Reapropiarnos del conocimiento y de su producción, de la investigación científica y tecnológica, revirtiendo el proceso dependiente de transnacionalización de los mismos.
Impulsar la estrategia del Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y de los Tratados Comerciales de los Pueblos (TCP), ya en marcha por los acuerdos entre Venezuela, Cuba y Bolivia.
Trabajar por la unidad de nuestros pueblos, que lejos de generar climas belicosos tienden a unirnos, siguiendo el camino de la segunda independencia que hemos recogido de Artigas, San Martín, Simón Bolívar y el Che.
Asumir como propios las declaraciones, propuestas y acciones reflejadas en los documentos finales del conjunto de los foros, encuentros, talleres y asambleas que formaron parte de esta Cumbre de los Pueblos.
Con estos compromisos nos convocamos a continuar fortaleciendo nuestras luchas de resistencia y la construcción popular de alternativas desde y para los Pueblos, en un nuevo encuentro en la Cumbre Social por la Integración en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en ocasión de la reunión de los Presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones.
Ciudad de Córdoba, Argentina, 20 de julio de 2006.-
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