La votación en el Senado, el miércoles 21, del tratado de protección de inversiones con Estados Unidos provocó la tercera crisis del oficialismo. Las dos anteriores se dieron en ocasión de aprobar la participación de militares en las maniobras Unitas y el envío de nuevas tropas uruguayas a Haití. En las tres instancias hubo discrepancias, concretadas en actitudes que rompieron la unanimidad de la fuerza de gobierno (pocos días atrás renunció a la banca de diputado el socialista Guillermo Chifflet, en desacuerdo con el tema Haití y la decisión de la bancada frenteamplista de imponer de forma imperativa la votación favorable al asunto).
Pero, a diferencia de las anteriores, en esta ocasión la actitud de desconocimiento de la resolución de la bancada tuvo un costado significativo: la desobediencia a la exhortación del presidente Tabaré Vázquez para darle el sí al tratado respondió a una decisión orgánica del Partido Comunista (PCU) y no a una actitud individual como aconteció con Chifflet. El senador comunista Eduardo Lorier fue el único voto negativo al proyecto de ratificación del tratado en el Senado, a pesar de que mediaba la decisión de la bancada de mandato imperativo para aprobar en bloque el proyecto del Ejecutivo. UN CAMINO CON MUCHAS VUELTAS. “Muchas veces se dijo que nosotros poco menos que integrábamos el club de serviles de Estados Unidos. Bueno; hoy podemos decir claramente: bienvenidos compañeros del Frente Amplio al club de serviles de Estados Unidos y de los yanquis”, dijo el senador blanco Jorge Larrañaga, en su intervención en el Senado. Esa percepción, desde la oposición, de las contradicciones del FA con su historia (“hoy asistimos al divorcio entre un discurso histórico y el ejercicio del gobierno”, sostuvo Larrañaga) representa el sentir de parte del electorado frenteamplista, aunque en cierta medida prefiera, como sostuvo un integrante de la Mesa Política, “barrer la basura para abajo de la alfombra”.
Es que la oposición a la participación en las maniobras Unitas, al envío de tropas a otros países y a la firma de tratados con Estados Unidos es parte del universo simbólico acerca del antimperialismo que alimentó la izquierda uruguaya como una de sus definiciones básicas.
Si en algo se pueden unir los tres episodios señalados es en la tensión entre aquellas convicciones y los actos del gobierno al respecto. Sin embargo, no es la oposición de estos episodios a un rasgo identitario el único problema surgido en estos meses. Esa trilogía conflictiva tiene otro componente: las dificultades de relacionamiento entre el partido y el Poder Ejecutivo. Ninguno de los tres hechos reseñados tuvo un espacio de discusión en la estructura frenteamplista, y las variaciones de posiciones (positivas o negativas según las miradas) se hicieron sin más explicaciones que las instrumentales, y se difundieron a través de los medios antes de que las conocieran los integrantes de la dirección política, confesaron a BRECHA dirigentes del FA. Agregaron que desde el Ejecutivo existe un demanda de alineamiento obligatorio con sus decisiones, y cuando se habilita un ámbito de deliberación se busca la bancada de legisladores, de forma que allí no participen las bases y los sectores minoritarios.
En un hecho inédito, el lunes 19 los delegados de las bases de Montevideo y Canelones se retiraron de la reunión de la Mesa Política, convocada para analizar el tratado de inversiones con Estados Unidos. Esa actitud fue en respuesta al desconocimiento por parte de la presidencia del FA de una petición de 46 miembros del Plenario Nacional, para que se convocara, en febrero, una sesión de dicho organismo con el fin de analizar el tratado. El pedido respetaba el artículo 80 del estatuto del FA y no había más que dar trámite a la convocatoria, señalaron fuentes de la Mesa a BRECHA.
Previamente, el lunes 12, la delegación de las bases había presentado una moción para postergar una decisión sobre el tema y a la vez trasmitir a los legisladores que no se tomara posición sobre el tratado hasta que fuera considerado por la Mesa u otro organismo de dirección. La propuesta resultó aprobada.
Sin embargo, y ante la presión del Ejecutivo, la presidencia de la Mesa optó por sostener que no había resolución ni a favor ni en contra del tratado (el presidente del FA, Jorge Brovetto, puso a consideración la cuestión y ninguna de las posturas alcanzó los dos tercios necesarios para imponer una decisión), trasladando su consideración a la bancada legislativa, sin tener en cuenta las firmas en demanda de un plenario.
Ese mismo lunes por la noche, en un brindis de fin de año con los parlamentarios frenteamplistas, Vázquez explicó las razones de su premura para dar aprobación al tratado. Allí dijo que en atención a planteos hechos desde el FA, revió su posición inicial de dejar todo en manos del Parlamento para iniciar gestiones ante el gobierno de Estados Unidos y modificar tres aspectos negativos que se le habían señalado. “Este presidente tomó la resolución de resignar su posición inicial” y se “arriesgó” a tener una conversación con un funcionario de menor categoría del gobierno de Estados Unidos y “plantearle tres cambios”, comentó Vázquez a los legisladores
De la conversación, añadió, los funcionarios estadounidenses compartieron dos modificaciones (la del artículo 17 y la del encargado de designar al tercer árbitro) y una tercera “casi en su totalidad” (la cláusula de nación más favorecida, donde Estados Unidos se compromete a una declaración unilateral de Uruguay por la cual los inversores de dicho país no recibirían el mismo trato que los socios del MERCOSUR). Por tanto, si se le habían propuesto esos cambios que habían tenido el visto bueno de la contraparte, no había más alternativa que aprobarlo. De lo contrario, sostuvo, es como si se le hubiera arrimado una escalera para pintar la pared y luego “me sacan la escalera y quedo colgado del pincel”.
El miércoles 21, Lorier dijo en el Senado que ni su sector ni él participaron en ninguna gestión para modificar aspectos del tratado que lo hicieran más digerible. Fuentes frenteamplistas dijeron a BRECHA que las sugerencias a Vázquez fueron realizadas por senadores socialistas, del Nuevo Espacio y del MPP. Por tanto, añadieron, Vázquez no puede hablar de una gestión de la fuerza política, pues ni la Mesa ni el Plenario llegaron a discutir el tema.
Aquellas afirmaciones del presidente de la República, aunque con otras palabras, eran desde hacía semanas parte de los insumos con los que contaban los distintos sectores frenteamplistas para fijar posición sobre el tratado. Fueron esas precisamente las razones para que los principales dirigentes del MPP trabajaran para mediatizar una resolución de su dirección nacional contraria al tratado, logrando que la misma perdiera su virulencia original y derivara en aceptar la decisión de la bancada, para no “dejar solo al presidente”.
Sin embargo, la división de aguas sobre el tratado no tuvo la única expresión contraria del PCU, del 26 de Marzo y la Corriente de Izquierda, puesto que todas las coordinadoras frenteamplistas de Montevideo se pronunciaron en contra, aun después de las tres modificaciones establecidas.
Varios dirigentes consultados por BRECHA coincidieron en que en la “rebeldía” de la estructura del FA se advierte un corte horizontal, que recorre especialmente a los partidos históricos de la izquierda.
Empero, ese malestar no se traduce automáticamente en oposición abierta al gobierno, al menos a nivel de expresiones callejeras. Un integrante de la Mesa Política dijo a BRECHA que aun en la discrepancia con el tratado, no compartía la convocatoria que algunos sectores realizaron para manifestar el miércoles 21 en los alrededores del Palacio Legislativo. Y lo hacía porque todavía la cultura frenteamplista consiste en no “ventilar” las diferencias en público. Algo, añadió, que no comprenden sectores como el 26 de Marzo y la CI. Aunque lo fundamental es la necesidad, agregó, de “buscar desde el gobierno la estrategia que permita apuntar a un rumbo más pronunciado hacia los cambios. Para eso no es lo indicado ponerse en la vereda de enfrente”.
DERIVACIONES. Ayer, jueves, distintos medios especulaban con la posibilidad de que se remitiera el “caso Lorier” al Tribunal de Conducta Política del FA, especialmente a partir de que el senador Eduardo Ríos (Alianza Progresista) manejara esa posibilidad, además de cuestionar la permanencia de Marina Arismendi, ministra de Desarrollo Social y la secretaria general del PCU, en el gabinete.
BRECHA consultó a distintos dirigentes de los sectores mayoritarios del FA, quienes respondieron que sus respectivas direcciones se reunirían en estos días para analizar lo ocurrido.
Sin embargo, fuentes socialistas dijeron que no existe en su partido un estado de opinión como para enviar la conducta de Lorier al tribunal. Incluso manifestaron que no son precisamente ellos los más indicados, después del “episodio Chifflet”. En opinión de los socialistas, si el objetivo es encauzar una acción conjunta, tomar medidas disciplinarias no es la mejor forma de solucionar la crisis.
En similar sintonía, dirigentes de la Vertiente Artiguista afirmaron que una sanción no parece la mejor medida para resolver problemas políticos profundos. Sí manifestaron su preocupación por la agresión que sufrió Mariano Arana (golpearon y abollaron la puerta de su auto), cuando cruzó entre los manifestantes que estaban frente al Palacio Legislativo, pues lo acontecido “excede el tono en el que deben manifestarse las discrepancias”.
Allegados al presidente Vázquez descartaron que vaya a producirse la remoción inmediata de Arismendi debido a la actitud asumida por su partido. No obstante, aseguraron que su nombre es probable que esté en la nómina del recambio ministerial, que se supone el presidente implementará dentro del primer semestre de 2006. De todas maneras advirtieron que resulta difícil la convivencia en el equipo de gobierno con una ministra que no comparte muchas de las acciones de éste. En ese sentido recordaron que el primer episodio de desencuentro fueron sus afirmaciones de que había rubricado de mala gana el decreto de regulación de la reforma del agua. Si a esas diferencias se agregan las críticas por la lentitud y las dificultades en la implementación del PANES, el futuro se presenta complicado para Arismendi, comentaron las fuentes.
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