Desde su regreso en el 2003 a la organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, el gigante estadounidense no encajaba una virtual “rebelión” a sus esquemas neoliberales que incluyen la cultura y el patrimonio.
Con esta votación casi unánime, los estados miembros de la UNESCO dejaron en claro que “los bienes culturales reciben ahora una posición especial y se destacan por encima de las mercancías normales”.
Estados Unidos, el más poderoso exportador de bienes culturales, luchó hasta el último minuto contra este acuerdo, que tildó con el lenguaje mercantil de proteccionista.
En su oposición fue secundado sólo por Israel, no obstante que la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, advirtió amenazante que de esta manera quedaría destruido el trabajo de la UNESCO de los últimos años.
Francia calificó la postura de Estados Unidos como “imperialismo cultural”, y en boca de su presidente, Jacques Chirac, elogió el acuerdo de la UNESCO y lo calificó de esperanza para una globalización que respete más la identidad de los pueblos.
El periódico parisino Liberation mostró su alegría por el acontecimiento al publicar que “éste es el resultado de una intensa campaña diplomática y una derrota para Estados Unidos”.
Por su parte, el experto galo Jean Musitelli, uno de los que elaboró el acuerdo, aseveró que el texto es, sobre todo, un acto político. “Por primera vez, la comunidad internacional manifiesta de forma tan clara su voluntad de poner límites a la liberalización sin frenos”, dijo.
Francia y Canadá fueron los encargados de allanar el camino en las negociaciones sobre el importante documento a favor de “una posición especial para la cultura”.
Estas importantes potencias argumentaron que fortalece la diversidad cultural como importante factor del pluralismo y la democracia, así como la identidad de la sociedad y los individuos.
Otros partidarios del convenio lo calificaron de antídoto contra la globalización, que permite a los Estados ejercer una protección de sus bienes culturales.
El acuerdo, que apunta también a la política comercial, entiende que los bienes culturales suponen un considerable factor económico, ya se trate de cine, televisión, música o subvenciones para teatros, óperas, bibliotecas o museos.
Esta resolución posibilita a los países “tomar las medidas necesarias para proteger su legado cultural”, también contra la invasión del mercado por parte de películas o música estadounidenses.
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