El depuesto gobernante dijo que estaba en Bruselas “para evidenciar el problema catalán en el corazón de Europa y la politización de la Justicia española al perseguir las ideas” y negó que fuera a solicitar asilo.

El ex presidente catalán Carles Puigdemont afirmó ayer desde Bruselas que no pretende pedir asilo en Bélgica para eludir a la Justicia española, pero tampoco volverá a España hasta “tener garantías”, en un nuevo movimiento que internacionaliza el conflicto y confunde a la ciudadanía al aceptar también las elecciones del 21 de diciembre.

“Podemos asegurar nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones desde aquí”, dijo el líder secesionista en una multitudinaria conferencia de prensa en el club de periodistas de Bruselas, donde quiso dejar claro que “nadie abandonó” su cargo, a pesar de que él y su gobierno fueron destituidos por el Ejecutivo español. Además, remarcó que seguirá “trabajando” para hacer frente a la “ofensiva altamente agresiva” del Estado español y, en lo que supone una contradicción, anunció que acepta como un “reto democrático” las elecciones del 21 de diciembre, convocadas por el Ejecutivo español de Mariano Rajoy en el marco de su intervención en la norteña región para abortar la secesión.

Puigdemont llegó de incógnito el lunes a la capital de Bélgica, y enseguida se dispararon los rumores de que iba a solicitar asilo político, una opción que su abogado admitió que estudiaba, ante la presentación por parte de la Fiscalía española de una querella en su contra por delitos de rebelión, sedición y malversación, el primero de ellos penado con hasta 30 años de cárcel.

A pesar de que el dirigente catalán no dio ese paso, su permanencia en Bruselas obligará eventualmente a la Justicia española a pedir su extradición, con lo que jueces belgas tendrán que valorar los argumentos jurídicos de la grave querella presentada en su contra por el Fiscal General del Estado que, según dijo, “no responde a un deseo de justicia sino de venganza”.

Mientras Puigdemont hablaba en la capital belga, a la que se desplazó con nueve miembros de los 14 que integraban su antiguo gabinete, el ex vicepresidente Oriol Junqueras se reunía en el Parlamento catalán con otros cuatro políticos catalanes cesados, en una maniobra interpretada como un intento de escenificar que continúan en funciones.
Sin embargo, casi en simultáneo, el Tribunal Constitucional español suspendió de forma cautelar la declaración de independencia realizada por el parlamento regional el pasado viernes. Además, el Tribunal Supremo citó a declarar mañana y el viernes a la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, y los otros cinco ex integrantes de la Mesa de la cámara catalana, imputados por delitos de rebelión, sedición y malversación por haber permitido la tramitación y aprobación de las leyes que llevaron a la declaración unilateral de independencia.

Con ese telón de fondo, el ex presidente afirmó que estaba en Bruselas “para evidenciar el problema catalán en el corazón de Europa y la politización de la Justicia española al perseguir las ideas”, y negó que fuera a solicitar asilo. “Queremos evidenciar ante el mundo el gran déficit democrático que se da en el Estado español”, manifestó Puigdemont y añadió: “No vamos a escapar a la acción de la Justicia”.

No obstante, el dirigente catalán denunció la “politización de la Justicia” española y la “ausencia de imparcialidad”, de ahí que, insistió en que su traslado allí busca “libertad y seguridad” y las “garantías jurídicas que no se dan en Cataluña y España”. En ese sentido, advirtió que no regresará a su país hasta obtener la garantía de que tendrá “un proceso judicial justo” frente a un Estado español que lo quiere “meter en la cárcel” por “cumplir” su programa electoral, y que se quedará en la capital belga el tiempo que “considere necesario”.

Al inicio de su comparecencia ante numerosos medios de prensa de todo el mundo, en la que se expresó en francés, catalán, español e inglés, Puigdemont sostuvo que ante la intervención de Cataluña por parte del Ejecutivo español, su gobierno “podía haber optado por forzar a los funcionarios afines para iniciar una disputa por la hegemonía”, pero no lo hizo porque la resistencia habría tenido una “reacción violenta” del Estado como la del referéndum del 1 de octubre.
Tras reivindicar una vez más el carácter pacífico del movimiento independentista catalán, el dirigente pidió a la Unión Europea que “reaccione, que haga algo” porque, remarcó, Cataluña tiene “delante un Estado que solo entiende la razón de la fuerza”.
Por otro lado, señaló que a los catalanes “no le dan miedo los retos democráticos”, por eso, aceptará las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y sus resultados, y pidió al gobierno español que haga lo mismo.
“Si el gobierno ha querido hacer un plebiscito sobre el artículo 155, aceptamos el desafío. Votando se resuelven los problemas”, aseguró en un intento por convertir los comicios en un nuevo aval a la secesión.
Puigemont pidió al pueblo catalán que se prepare para “un camino largo”, y advirtió que pese a las dificultades, “no van a conseguir que abandonemos nuestro proyecto político”.

En Barcelona, los partidos no independentistas recibieron sus palabras con gran perplejidad e indignación. El líder del Partido Popular (PP) de Rajoy en Cataluña, Xavier García Albiol, sostuvo que “nadie persigue a Puigdemont por sus ideas políticas”, sino que tendrá que rendir cuentas por “haber provocado o intentar provocar un golpe de Estado”, al tiempo que acusó al ex presidente de “insultar a los catalanes” cuando afirma que no puede regresar porque corre riesgo su integridad.

“No es coherente ni serio decir que se le está persiguiendo políticamente cuando tiene a la mitad de los compañeros circulando por Barcelona sin ningún problema y a su partido presentándose a las elecciones”, añadió.

En la misma línea se expresó la socialista Eva Granados, quien calificó la intervención de Puigdemont como “un insulto a la inteligencia de los catalanes”, “victimista” y “llena de incongruencias y falsedades”.

La presencia de Puigdemont en Bélgica puede derivar en un conflicto diplomático en el seno de la Unión Europea, de ahí que el gobierno belga salió a desmarcarse de la situación: “Si declaras la independencia, es el momento de quedarte con tu gente”, dijo ayer el viceprimer ministro del país, el conservador flamenco Kris Peeters.

La coalición independentista volvería a ganar en Cataluña

Aumentó el apoyo a la secesión

Las próximas batallas de los catalanes separatistas se librarán en las urnas, pero también en los tribunales. La Justicia española citó a declarar esta semana a Carles Puigdemont y a 13 miembros de su destituido gabinete.

Un mes después del referéndum de autodeterminación declarado inconstitucional del 1 de octubre en Cataluña, estratégica región de España cuyo Parlamento declaró la independencia el viernes, las próximas batallas se librarán en los tribunales y en las urnas.

La coalición independentista catalana Junts pel Sí volvería a ganar las elecciones regionales autonómicas y quedaría un Parlamento muy similar el disuelto la semana pasada por el gobierno central español, según una encuesta publicada ayer por el Centro de Estudios de Opinión catalán (CEO).

La encuesta, realizada en medio de una creciente tensión en España, también reveló que el apoyo a la independencia de Cataluña aumentó 7 puntos con respecto a un estudio similar realizado en junio: hoy, un 48,7 por ciento de los catalanes quiere la independencia frente a un 43,6 por ciento que la rechaza.

El sondeo se conoce a menos de dos meses de los comicios convocados por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, luego de aplicar, el viernes pasado, el artículo 155 de la constitución nacional para poner un freno a los planes independentistas del gobierno de Carles Puigdemont en Cataluña.

Junts pel Sí, coalición formada por el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), de Puigdemont, y por el izquierdista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sería la primera fuerza con entre 60 y 63 diputados de los 135 de la Cámara catalana, frente a los 62 que tenía hasta ahora. Aunque no obtendría mayoría absoluta ni tampoco ganaría en porcentaje de voto, podría gobernar de nuevo gracias al apoyo de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), formación antisistema y separatista que lograría entre ocho y nueve escaños, uno menos que los que tenía hasta ahora.

Junts pel Sí y la CUP sumarían un 45,9 por ciento del sufragio, mientras que los partidos contrarios a la independencia tendrían el 50,9 por ciento.
En segundo lugar quedaría de nuevo el partido liberal Ciudadanos, con entre 25 y 26 diputados, seguido por el Partido Socialista, que subiría a entre 17 y 19, frente a los 16 que tenía.

Catalunya Sí Que Es Pot, coalición de izquierda que integra al partido Podemos, tendría entre 12 y 14, mientras que el Partido Popular (PP) de Rajoy lograría en Cataluña entre 10 y 11 diputados, similar a los 11 que tenía en la pasada legislatura.

La encuesta, realizada sobre una muestra de 1500 personas entre el 16 y el 29 de octubre, hace referencia a las mismas coaliciones que se presentaron en los comicios catalanes de 2015, aunque se desconoce si se repetirán las mismas alianzas.

Los partidos que deseen presentarse a los comicios deben notificarlo. En las pasadas elecciones, en septiembre de 2015, la derecha y la izquierda independentistas (PDeCat y ERC) se presentaron juntos. No obstante, los disensos entre los dos aliados no han hecho más que aumentar en los últimos meses. Pero si asisten con candidaturas separadas podrían entrar en una lógica de división en plena derrota del conato de República Catalana.

Del 13 al 18 de noviembre los partidos catalanes deben oficialmente transmitir la lista de sus candidatos, incluidos sus cabezas de lista. La CUP debe decidir si presenta candidatos a esta elección organizada por un Estado al que busca desobedecer, aunque ya ha dejado la puerta abierta para hacerlo.
Pero antes, los independentistas deberán enfrentar una embestida judicial.

Mañana y el viernes Carles Puigdemont y trece miembros de su gabinete, todos ya destituidos, están citados en la Audiencia Nacional para declarar como investigados por impulsar el proceso de secesión. La jueza del caso aceptó a trámite la querella de la fiscalía de imputarlos por rebelión, sedición y malversación de fondos y les impuso una fianza de 6,2 millones de euros a abonar en un máximo de tres días. Si Puigdemont no acude a la citación, la fiscalía puede solicitar su detención. Si sigue en Bélgica, España deberá enviar una solicitud de arresto.

También entre mañana y el viernes, a partir de las 9.30 horas locales, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros cinco dirigentes están citados a declarar como investigados por el Tribunal Supremo. La corte no ha precisado el orden de comparecencia. La fiscalía pidió que sean imputados por rebelión, pasible de 30 años de prisión, sedición (hasta 15 años) y malversación de fondos.

La Audiencia Nacional debe examinar el viernes los recursos interpuestos por los dirigentes de las dos principales organizaciones independentistas catalanas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, contra la prisión preventiva que les fue dictada el 16 de octubre, acusados del cargo de sedición ligado a manifestaciones secesionistas.

La duración de la intervención de la autonomía de Cataluña, amparada en el artículo 155 de la Constitución española, es en principio de seis meses, hasta abril. Según una fuente gubernamental española, se mantendrá más allá del 21 de diciembre, hasta la formación de un nuevo gobierno.