La mayoría absoluta del Partido Popular (PP, derecha, en el gobierno) aprobó este jueves en el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana –popularmente conocida como ley mordaza–, que entrará en vigor el primero de julio próximo, a pesar del rechazo en bloque de toda la oposición y de la preocupación expresada por separado por el Consejo de Europa, la Organización de Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch y Amnistía Internacional (AI).
La nueva legislación incluye multas hasta de 600 mil euros (11 millones de pesos mexicanos) a las personas que convoquen o se manifiesten frente a las sedes de las instituciones del Estado, como el Parlamento o los ayuntamientos, o para quienes difundan imágenes de agentes policiales al momento de reprimir una protesta o detener a ciudadanos. También serán sujetos a penalización quienes intenten evitar el lanzamiento de una familia de su vivienda.
El gobierno del conservador Mariano Rajoy aprobó en el Parlamento tres de las principales iniciativas para regular la seguridad en España en los próximos meses, que entrarán vigor el próximo primero de julio. El debate en el Parlamento sirvió para cumplir una formalidad, la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana después de que, la semana pasada, el Senado refrendó una serie de enmiendas, relativas sobre todo a la forma de tratar a los migrantes que intentan cruzar la frontera en las ciudades de Ceuta y Melilla, enclavadas en el norte de África y, por tanto, colindantes con Marruecos.
Además de la ley mordaza se aprobó una reforma al Código Penal que incluye, por primera vez desde la restauración de la democracia, la cadena perpetua revisable, con lo que se cuestiona la raíz del sistema penitenciario español, que se basa en la reinserción de los presos a la sociedad. Además, se aprobó la ley antiterrorista acordada en un pacto de Estado entre el PP y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que pretende luchar contra los ataques del extremismo musulmán y se legisló al calor de los atentados en París contra la revista satírica Charlie Hebdo del pasado 7 de enero.
La más polémica de las tres medidas es, sin duda, la ley mordaza, que ha suscitado numerosas movilizaciones desde su presentación hasta su aprobación definitiva, pues pretende evitar que se lleven a cabo manifestaciones frente a las instituciones del Estado, como el Congreso de los Diputados, las sedes de los ayuntamientos, la residencia oficial del presidente del gobierno o el Palacio Real. Además, se prohíbe tomar fotografías o videos a los agentes policiales mientras reprimen una protesta. Se incluyen sanciones civiles que impondrá un policía sin necesidad de pasar por un juez, que van desde 30 euros (540 pesos) hasta 600 mil euros.
La oposición política y las organizaciones internacionales denunciaron la restricción de derechos por el gobierno y porque con estas reformas se sustituye el principio de culpabilidad por criterios de peligrosidad indeterminados, se introduce la penalización de la difusión de mensajes vía las redes sociales y se intenta frenar nuevos tipos de protestas pacíficas, como las movilizaciones contra los lanzamientos de viviendas por impago de créditos hipotecarios.
La ONU y el Consejo de Europa llevaron a la misma conclusión tras analizar el contenido de la legislación, que se contradice con lo acordado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas de ciudadanos extranjeros, además de limitar el derecho de manifestación y de expresión.
La oposición y organizaciones sociales y humanitarias acusan a la nueva legislación de atentar contra el derecho a la información y a la libre expresión. De hecho, el colectivo español El Periodismo no es un Delito reconoció su preocupación, y advirtió que entre muchos otros aspectos, el trabajo periodístico consiste en informar sobre los actos públicos de relevancia. Sea cual sea el contenido de manifestaciones, actos políticos, movilizaciones o sucesos públicos de cualquier otro tipo, el trabajo informativo del periodista nunca puede ser delito. No se debe juzgar ni castigar al mensajero.
España será más segura y por tanto más libre con la aprobación de estas leyes, señaló el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien negó que sus iniciativas pretendan coartar los derechos de los ciudadanos.
Sin embargo, el pleno de la oposición rechazó en bloque la legislación y advirtió que la derogará cuando cambien las mayorías en el Parlamento. Es decir, que si en los próximos comicios generales de finales de año ocurre un cambio en el gobierno, esta legislación solamente se aplicaría durante seis meses.
Los grupos de oposición advirtieron del carácter totalitario, del despotismo y del estado policial que intentan imponer desde las filas conservadoras.
Conrado Escobar, vocero del PP, respondió que su grupo está tranquilo, pues nuestra marca es la libertad y está garantizada.
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