Al cumplir un año de funciones como ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz enfrenta uno de los momentos más controversiales del mandato del presidente Rafael Correa. En adelante deberá liderar junto al equipo del Movimiento PAIS una campaña para que la ciudadanía se informe del contenido de la consulta popular y referéndum que planteó el Primer Mandatario.
“El país está viviendo un momento político de transformación, deja atrás el viejo Estado”
Ella asegura que la tarea no será fácil y que enfrentarán a grandes grupos de poder; a mafias del sistema judicial, e incluso a ex coidearios del proyecto oficialista, quienes -afirma la funcionaria- lideran una campaña por el No para evitar que se consulte a la ciudadanía sobre temas relacionados con la seguridad, justicia, comunicación y actividades públicas.
Añade que el único frente de ataque de la oposición es la seguridad, puesto que las otras áreas de trabajo (social, política y finanzas) superaron las expectativas, pese a los augurios de fracaso que dieron algunos sectores opositores.
Sin duda, agrega, el tema que más afectó a varios sectores políticos contrarios es la posibilidad de conformar un nuevo Consejo de la Judicatura, con el cual se marcaría historia en temas de transformación de la justicia y la dotación de seguridad en el país. Enfatiza, además, que será el pueblo el que decida, con su voto en las urnas, si apoya o no al Gobierno.
¿Cómo califica usted el momento político que está viviendo el Gobierno con el 30-S, la desafiliación de asambleístas y ahora la arremetida contra la consulta popular y referéndum?
El país está viviendo un momento político de transformación; se deja atrás el viejo Estado. En cuatro años de Gobierno hemos logrado cambios que son irreversibles. En política social, ni los más grandes opositores pueden negar los logros en cuanto a derechos de salud, educación, vivienda, bonos.
En el área productiva, que es donde los predestinadores esperaban fracasos, el manejo de la economía es muy bueno, hay un repunte de la producción nacional, hay estabilidad económica, se ha reducido la pobreza, todos los sectores han mejorado la calidad de vida.
En el manejo de sectores estratégicos (petróleo, minería) hay un éxito del Gobierno en la renegociación de los contratos petroleros en función de la soberanía del país, de la recuperación de recursos para el Estado y para el pueblo. Es una tercera área donde no hay posibilidades de derrota al proyecto de cambio. El frente internacional y de soberanía tiene logros importantes, como la recuperación de soberanía, Unasur, liderazgo internacional del presidente de la República, Rafael Correa y del país. Política clara para los migrantes es otro trabajo superado.
Si todo estaba perfecto, ¿qué pasó, cuál es el error?
Antes del 30-S la derecha y la oposición venían golpeando al Ejecutivo por un tema de justicia y seguridad, del cual no somos única y prioritariamente responsables.
El Ejecutivo, en el momento indicado, hizo lo que tenía que hacer, creó un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mejoró el sistema de cárceles, el sistema de centros de rehabilitación, creó los consejos de seguridad ciudadana entre los gobernadores y los gobiernos locales, invirtió recursos para mejorar las condiciones de las Fuerzas Armadas y Policía.
Pero ahí viene la parte de la Función Judicial, mientras nosotros apresamos a los delincuentes y garantizamos las condiciones de seguridad de los ciudadanos, son los jueces corruptos, que tienen estadísticas vergonzosas (4.436 casos de caducidad de prisión preventiva y 1’067.000 causas sin resolver), quienes abusaron de los mecanismos de amparo y de las medidas cautelares para liberar a narcotraficantes y delincuentes. Sin embargo, el uso político que se ha estado haciendo del tema de justicia e inseguridad es culpar al Ejecutivo.
El presidente Correa es un gobernante dispuesto a liderar los cambios en este país, al punto que es él quien va y clausura las cachinerías, a desalojar a las invasiones de tierra para acabar con los focos de inseguridad, sobre la base de lo que al Ejecutivo le corresponde.
¿El tema de inseguridad es la bandera de la oposición?
Al ver que todos los frentes están cubiertos favorablemente, resulta que la oposición acoge la inseguridad como un medio para atacar al Gobierno. La oposición se queda sin bandera, ese es el contexto en el que se juzga lo que está ocurriendo.
El tema de justicia y de inseguridad es tan conflictivo e importante para el pueblo ecuatoriano, que el Presidente y un equipo de trabajo decidimos plantear la consulta popular para resolver los problemas institucionales y legales con nuestro pueblo, y ahí viene este momento tan importante en lo político, donde cada quien va a definir su posición frente a uno de los viejos poderes fácticos que van quedando, la justicia corrupta, la manipulación de los jueces del poder judicial. Esa es la gran revolución de este año.
Con todo este contexto, ¿la consulta y el referéndum van porque van?
Estamos esperando el pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero creemos que el Presidente y el equipo de Gobierno hemos formulado las preguntas adecuadas, las preguntas que la Constitución permite y que la realidad requiere. No se está tocando la institucionalidad que señala la Constitución, pero sí la conformación y los mecanismos de funcionamiento.
Decimos sí a un Consejo de la Judicatura, pero conformado de otra manera, más ágil y operativo, donde se impliquen las funciones del Estado, en un tema que es de Estado.
¿Falló la Constituyente al no fijar a los representantes del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ)?
Ellos ponen nueve miembros, seis abogados y tres administradores. La Constituyente tiene principios correctos, un marco de garantías muy importante, ¿quién iba a pensar que las medidas cautelares, que la caducidad de la prisión preventiva se iba a corromper por malos jueces? El tema es que eso requiere aplicarse en un contexto en el cual Ecuador tiene un tema pendiente, el de transformar la Función Judicial, de limpiarla de los jueces corruptos.
No estamos cuestionando el espíritu de la Constitución. Estamos puliendo mecanismos, ya que la práctica nos enseña que es necesario hacerlo. Eso lo hemos hablado con nuestros compañeros de bloque que fueron parte de la Constituyente. Estamos planteando un modelo de Consejo de la Judicatura más ágil y adaptado a la realidad que hoy vemos que es dramática. Por ejemplo, hay 160 poblaciones que no tienen ningún acceso a un juzgado o alguna dependencia que les permita ejercer el derecho a la justicia y que tienen que peregrinar ante jueces que coiman y que no ejercen una justicia oportuna; por lo tanto, la justicia que tarda no es justicia, porque no reconoce los derechos de la gente.
¿A quién le pertenece este debate?
Este es un debate que tiene un componente jurídico, pero es, sobre todo, un debate político, porque es hora de transformar la Función Judicial, el sistema de justicia, los problemas de impunidad que existen en el país. Y resulta que hoy, los que se oponen a la consulta popular, realmente de una forma sorpresiva, dicen que ese no es un tema en el que el pueblo debe opinar, entonces nosotros nos preguntamos: ¿es un tema de constitucionalistas, solo de especialistas, de élites?
Y, además, ya vemos a la rancia derecha planteando no a la consulta. Pero lo que creo que es importante es alimentar el debate con esta pregunta: ¿cuál es la propuesta de la oposición? Perfecto, no a la consulta, no a las preguntas del Presidente, ¿cuál es su propuesta para transformar la justicia? Y resulta que esa pregunta no tiene respuesta. Lo que ellos quieren es defender sus jueces, defender esa Función Judicial corrupta que el pueblo a gritos quiere que se cambie.
¿Van a mantener diálogo con los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana para tomar una decisión sobre la elección de los vocales de la CNJ?
Sí, porque una consulta popular es un tema de interés superior y de Estado, que implica a todo el país. El planteamiento de la consulta trastoca y modifica algunas de las agendas institucionales y eso hay que tomarlo con normalidad. No es un hecho ilegal o arbitrario, responde a un clamor y a una emergencia que tiene el país en un sistema judicial colapsado, en un Consejo de la Judicatura incapaz de responder al requerimiento del pueblo.
Todo el mundo dice que la inseguridad y la injusticia son la gran problemática del Ecuador, pero muchos insisten, magnifican cuando se trata de golpear al Gobierno, cuando el régimen sí toma al toro por los cuernos y dice: perfecto, el Ejecutivo hace su parte; vamos a una consulta, impliquémonos las funciones del Estado en una comisión tripartita y durante 18 meses depuremos esas cortes, hagamos los concursos mucho más ágilmente, pongamos jueces probos, saquemos a los jueces corruptos, sancionemos a los que no ejercen la justicia, los que sueltan a los delincuentes, los que dejan la caducidad de la prisión preventiva de miles de personas. Incluso en delito flagrante aparecen los que se rasgan las vestiduras.
¿Cuáles son los intereses que esconde la oposición?
Es penoso ver que el tema de la consulta es usado como pretexto para que dos asambleístas salgan del bloque. Betty Amores y César Gracia tuvieron actuaciones poco coherentes dentro de la bancada hace meses, tanto que el Presidente pidió su salida. Pero los compañeros de bloque insistían en más diálogo, en buscar la coherencia de los dos asambleístas, pero las diferencias son de fondo.
En ese sentido, en una sola cosa estoy de acuerdo con la señora Amores: en que hay diferencias de principios; oponerse a una consulta popular es una diferencia de principios. No concibo cómo un militante de izquierda pueda oponerse a consultar a su pueblo.
El pretender que el tema de la consulta es un tema solo de expertos, de elegidos, es realmente arrogante, es desconocer la capacidad e inteligencia de nuestro pueblo, para poder, aun con sencillez, entender lo que está en juego: el derecho a la justicia, el poder sanear a nuestro país de la impunidad y de la inseguridad, y dotarnos por fin de un nuevo Estado e institucionalidad que permita ese ejercicio. No se necesita ser abogado ni constitucionalista, se necesita ser ciudadano comprometido para entender lo que la patria requiere.
Betty Amores abandonó la bancada y afirmó que el Fiscal realizó dos de las preguntas del referéndum, ¿quiénes participaron en la elaboración?
Yo creo que no amerita comentar una afirmación tan falsa e irrespetuosa por parte de la señora Amores frente al Mandatario y al equipo de Gobierno.
El Presidente, en persona, con su equipo jurídico y los miembros del Gobierno del frente político y compañeros de la bancada de PAIS, contribuimos a la elaboración de las preguntas.
¿El Presidente pidió la salida de otros asambleístas?
No. El Presidente y muchos de los dirigentes hemos sido exigentes y hemos visto con preocupación actitudes oportunistas de personas que entraron a PAIS, quizá por cálculos particulares, por ser electos con esta corriente mayoritaria que apoya al Gobierno, que se ampara en el liderazgo del Presidente, y a la hora de la hora actúan inconsecuentes. Cualquier partido o movimiento juzgan las faltas éticas o la indisciplina.
¿Se está evaluando el accionar de los asambleístas?
Sí. Hemos conformado en la directiva nacional de PAIS una comisión de ética que está presidida por Carlos Marx Carrasco, Galo Borja y otros miembros. La comisión lleva el debido proceso de estos casos. En el de Amores y Gracia, en el bloque, su actitud inconsecuente ya es conocida y es una pena que la consulta popular sea su pretexto. Más allá de lamentar esas separaciones, yo creo que no afectan la unidad que tiene en este momento el bloque, una unidad y una coherencia con un reto tan grande como es la consulta popular y la actual coyuntura de cambios.
¿Cuál será la estrategia que aplicará el Gobierno?
Esta va a ser una batalla dura, fuerte, porque aquí están en juego intereses muy grandes. Porque lo que hay en las mafias corruptas de la Función Judicial son grandes poderes e intereses que se van a ver afectados cuando haya una justicia proba, una Función Judicial incorruptible, sana y fiscalizada. Prevemos una campaña dura, donde ya se ve una vieja derecha reviviendo solamente con una gran pancarta. Nuestra campaña será pedagógica sobre el debate de seguridad, comunicación, que pueda ser comprendida; este no es un debate de intelectuales o elegidos, es para el pueblo que vive la injusticia, la impunidad y tiene derecho a expresar sus necesidades.
Julia Chávez
Reportera
Leave a Reply