El movimiento indígena continúa con la radicalización de las protestas desde la madrugada de hoy en el país, en protesta al proyecto de la Ley de Recursos Hídricos. Mientras que se suman otros sectores sociales, como la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) y comerciantes minoristas.
Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, manifestó que la medida de hecho está vigente y para el efecto, las bases se encuentran unidas en el cierre de carreteras. Además, las estrategias que pondrán en marcha en cada provincia serán diferentes, para no debilitar los hechos con las medidas que tome el Gobierno para reprimir sus protestas.
Esto tras las declaraciones del ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, de emprender operativos en el país para evitar que las acciones de protestas anunciadas por las organizaciones indígenas no detengan la circulación.
Tito Puwanchir, dirigente de la Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), confirmó que el levantamiento en la Amazonía iniciará con una concentración en la ciudad del Puyo, desde donde saldrán en una marcha pacífica hacia Quito.
“Estas protestas no serán violentas sino concienciadoras para el Gobierno, porque muchas leyes que tramita la Asamblea van en contra de las nacionalidades”, afirmó.
Por su parte el presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN), Bolívar Tapuy, indicó que la falta de socialización ha logrado que varios grupos no se sumen a las manifestaciones de la Conaie. “Como no hay todavía ninguna socialización aquí en Napo, no vamos a apoyar”, explicó.
En este contexto, Francisco Rojas, vicepresidente de la UNE, ratificó su apoyo incondicional a todas las acciones que emprendan los sectores indígenas, por considerarlas de interés nacional.
Además, aclaró que no solo se tramita la Ley de Aguas, sino también la Ley de Educación General y la Ley de Educación Superior, todo es un paquete de leyes que merece ser revisado y concensuado con los sectores afectados, dijo.
Mientras que, la ministra Coordinadora de la Política, Doris Soliz, reiteró el llamado a la unidad y al respeto en: “la construcción de las leyes es un ejercicio democrático, no violento”, comentó.
Al mismo tiempo aclaró que detrás de la oposición a la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos “hay una acción desestabilizadora de los actores políticos que se oponen al cambio”.
En este contexto, Jaime Abril, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, enfatizó que la Ley de Aguas no es privatizadora, pues muchas propuestas del sector indígena fueron incluidas en el proyecto de ley.
Asegura que “esta nueva ley rompe la corrupción y el acaparamiento, y que el Estado debe hacer una redistribución del agua en todos los sectores”.
Por Silvia Vásquez
Reportera-Quito
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