El conflicto en Punta Arenas por el alza del precio del gas, en la única zona de Chile de donde se extrae petróleo y gas, deja en evidencia la ausencia de una política de desarrollo regional del gobierno central de Chile y el predominio de los intereses del mercado por sobre los intereses del país y de la región más austral de Chile.
La principal empresa de Magallanes de capital nacional y del Estado chileno es la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y una de las más importantes del país junto a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). Hablar de la ENAP es sinónimo de Magallanes como decir Codelco, norte de Chile. Estas dos empresas son un botín a conquistar por el capital privado, cuya meta es la maximización de beneficios al mínimo costo, objetivo lícito en una empresa privada pero que se contrapone muchas veces a los intereses de la Nación y de la sociedad en general.
¿Qué hay detrás del conflicto o guerra del gas en Magallanes? La respuesta parcial a este interrogante es la enajenación de la renta del gas. ¿A beneficio de quién? Para dilucidarlo hay que analizar quiénes son los principales demandantes de este recurso en la región. Por un lado se tiene a la población de Magallanes y por el otro, a la empresa extranjera Methanex.
La ENAP vende este recurso para consumo domiciliario de las familias magallánicas a un promedio diario de 700 mil metros cúbicos. Por otro lado, la firma extranjera Methanex recibe diariamente más de 1.600.000 metros cúbicos de gas por parte de la ENAP a un precio inferior que el que pagan las familias magallánicas. El hidrocarburo es transformado a metanol, y posteriormente, vendido para ser utilizado como combustible de aviones.
¿Quién controla a la ENAP y autoriza esta política de discriminación de precios? El gobierno que actúa en beneficio de Methanex y en perjuicio de la población que hace historia en el sur del sur de Chile.
El siguiente paso de esta historia y siguiendo la lógica del mercado y no la de los intereses geopolíticos del país es la enajenación de ENAP o privatización. Para esto el camino a seguir es trivial: señalar que es deficitaria e ineficiente como se hizo en la historia reciente de Chile y América latina para justificar la privatización de un activo rentable
¿Quiénes son los favorecidos de este negocio? El capital extranjero. ¿Y cuál empresa? Una empresa de origen canadiense que los magallánicos conocen. Para hacer la operación más “transparente”, lo adecuado es hacerlo a través de capital dividido en acciones que se cotizan en la bolsa y dan origen a las sociedades anónimas. El siguiente paso es entonces privatizar ENAP, para el beneficio de unos pocos donde “aparentemente” para el Poder Ejecutivo sobra la población de Magallanes.
El actual gobernante desea aumentar la apuesta y amenaza a la población del sur del sur de Chile que de no cesar la protesta ciudadana, que ayer cumplió ocho días, se les aplicará la ley de seguridad interior del Estado, que suena mejor que Estado de Sitio. Este comprenderá a la Región de Magallanes, Ultima Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica chilena. Esto refleja la nula visión geopolítica del titular del Poder Ejecutivo, que el año pasado envió fuerzas policiales para reprimir en Isla de Pascua, territorio insular chileno ubicado en la Oceanía.
La protesta de Magallanes deja en evidencia la crisis del sistema político chileno, su verticalismo y centralismo. En la actualidad no hay autoridades regionales –intendentes y gobernadores– competentes, pues estos son nombrados por el Ejecutivo, en vez de ser electos por el voto popular, como corresponde en un régimen democrático representativo. De esta forma se puede observar que los alcaldes, concejales, diputados y senadores electos por el voto popular apoyan la legítima protesta de Magallanes; no es el caso de las autoridades regionales designadas sin el voto popular. El Poder Ejecutivo, en vez de llamar al diálogo y a ampliar la participación de los ciudadanos con más democracia, responde encerrándose en sí mismo y negándose al diálogo, desconociendo las legítimas demandas de la ciudadanía de Magallanes, abriendo el camino a la militarización y criminalización de las protestas y al incremento de la represión sobre la población civil.
Que una de las consignas en Magallanes y en los diferentes lugares de Chile donde se han manifestado los magallánicos haya sido “Piñera atina o nos vamos pa’Argentina”, dice mucho. Cuando se plantea esto es que “¡Nos vamos pa’Argentina como región!”. La XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena tiene una superficie en la zona continental de 132.033,5 km² y en el Territorio Antártico de 1.250.257,6 km². La superficie de Chile Continental es de 756.096 k km². ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Por el grado de abandono y la ausencia de políticas de desarrollo en una zona rica en recursos naturales, gran atractivo turístico e importancia geopolítica.
Esto contrasta en forma notable con lo que ocurre en el país vecino donde sí existe una estrategia de desarrollo para el sur del sur de Argentina. Las ciudades de Río Grande, Ushuaia, Río Gallegos, crecen en términos de su PIB, en términos poblacionales, de infraestructura. Con ellas Magallanes establece una comunicación natural en términos geográficos y un mayor grado de integración social que con el “norte” o Chile, del que se encuentran aislado geográficamente.
En síntesis, las medidas del Poder Ejecutivo dañan la seguridad nacional al castigar duramente al sur del sur de Chile, sus habitantes, su economía y su territorialidad. Los magallánicos y chilenos elegimos la democracia como forma de vida y no la autocracia de los mercados.
Por José Salvador Cárcamo
* Desde Santiago, Chile
* Economista y MDN (Master en Defensa Nacional), nacido en Punta
Se agudiza el conflicto del gas en Chile
Antes de que el rescate de los 33 de Atacama fuese un tema mundial, el ministro de Minería, Laurence Golborne, no figuraba en ninguna de las encuestas políticas que en Chile son una constante mes a mes. Sin embargo, tras el exitoso proceso que logró sacar con vida a los mineros, el ex gerente general de Cencosud –matriz de Easy y Jumbo, entre otras– los eclipsó a todos en popularidad, muy por encima incluso de su jefe, el presidente Sebastián Piñera, que ha ido cayendo fuertemente en los sondeos. Con ese capital político, que lo tiene como carta casi segura para las presidenciales del 2014, Piñera lo nombró biministro, agregando a sus labores la cartera de Energía, ministerio que quedó acéfalo el pasado viernes, cuando a Ricardo Reineri se le solicitó dejar su cargo, luego de numerosos desaciertos en la denominada crisis del gas en la parte chilena de Tierra del Fuego.
Golborne aclaró de entrada que la solución debe “ser realista”, pues el alza del hidrocarburo de 16,8 por ciento decretada por el gobierno no puede retroceder a “reajuste cero”, dada la inflación de 2010.
Este escenario, marcado por el paro en las ciudades australes más importantes, bloqueos de caminos y aeropuertos, el reclamo de los turistas varados y un clima a ratos muy hostil, lo recibió ayer en Punta Arenas, la capital regional. Una vez que el helicóptero de la Fuerza Aérea Chilena tocó suelo fueguino, Golborne partió a reunirse con la mesa de diálogo, liderada por el obispo local, Bernardo Bastres, y secundada por gente del gobierno, legisladores, comunidad y alcaldes, con la misión de poner sobre el tapete la última propuesta del gobierno: subir el precio del gas en 3 por ciento por 10 meses, hasta que se apruebe una ley general de corto y largo plazo.
Sin embargo, la decisión de La Moneda, la noche anterior, de invocar la ley de seguridad del Estado contra los integrantes de la Asamblea Ciudadana –que coordina las manifestaciones– y contra los parlamentarios de la zona, fue otra de las tareas que Golborne tuvo que explicar, pues no cayó nada de bien y más bien exacerbó otra vez los ánimos.
“Es un absurdo, es como intentar apagar el fuego con bencina en vez de apaciguar los ánimos. Es evidente que nos ha puesto en un escenario tremendamente difícil. El gobierno ha cometido un error rotundo. Aquí hasta el momento ha habido una protesta pacífica en líneas generales, con alguna excepción para confirmar la regla”, indicó el alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica.
Los reclamos a esta medida cruzaron transversalmente el espectro político chileno, pues no sólo la oposición sino que varios representantes del oficialismo la rechazaron. “Estas son las paradojas de una acción absolutamente carente de todo criterio de gestión política, lo que más necesita Magallanes en estos momentos es el diálogo”, sintetizó el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade.
El anuncio del gobierno de que presentará querellas a los responsables de desmanes y del bloqueo de las rutas en el marco de la ley de seguridad interior del Estado –tal como ha sucedido, por ejemplo, con algunos dirigentes mapuches, en el conflicto de esa etnia con la autoridad– fue otra piedra de tope.
Dicha ley obliga a los tribunales a aplicar las sanciones más duras contempladas para cada delito. De acuerdo con el balance entregado por Carabineros, la noche del domingo se registraron 12 detenidos por desórdenes y dos por maltrato a la policía.
A eso de las 20.30 de la noche (misma hora que Argentina), el diputado Miodrag Marinovic dio una luz de esperanza al publicar en su cuenta de Twitter que “habría acuerdo”. Los trascendidos decían que el gobierno accedía a no subir las cuentas del gas para los consumos de hasta dos mil metros cúbicos, situación que se mantendría por 10 meses, mientras se trabaja en un proyecto de ley sobre la fijación tarifaria.
Un ahora después, se supo que los alcaldes se bajaron de la mesa de diálogo, molestos porque su petición de otorgar subsidios a las familias de menos recursos no fue bien recibida por la Asamblea, que apuesta a no aumentar el valor del hidrocarburo.
Pablo Hernández, vocero de la Asamblea, dijo que a pesar de lo avanzado en las negociaciones con las autoridades, se debió tomar la drástica medida en vista de que los alcaldes de Punta Arenas, Vladimiro Mimica, y de Puerto Natales, Fernando Paredes, estudiaban “propuestas paralelas a la nuestra. Lamentablemente por esa situación el diálogo se entorpeció”, dijo Hernández a la salida de la cita que lideraba el biministro Golborne, que anotó su primer revés en el sur.
Al cierre de esta edición, y sin tener certeza de a qué hora se retomarían las conversaciones, el paro continuaba con los ya conocidos trastornos para la movilización de residentes y turistas.
De hecho, el gobierno de Cristina Fernández pidió a la Cancillería chilena que “se arbitren los medios para el restablecimiento del acceso y la salida a la isla de Tierra del Fuego”. Debe tenerse en cuenta la importancia fundamental que tiene desbloquear el único paso de comunicación terrestre de la isla con el continente para la circulación de personas, camiones y mercancías”, destacó la Cancillería argentina.
El domingo, el gobierno argentino logró evacuar de la ciudad de Punta Arenas a 250 argentinos por vía terrestre y a otros 113 con dos aviones de la Fuerza Aérea, que permanecían varados por la protesta.
Por Christian Palma
Desde Santiago
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