Las medidas del mandatario fueron adoptadas en respuesta a un paro de 24 horas emprendido por seis de los nueve departamentos del país, impulsado por las fuerzas políticas y cívicas de la oposición de derecha y los sectores de las oligarquías locales que se oponen a las políticas nacionalistas y antineoliberales del gobierno central desde su asunción en enero de 2006.
Pero por la noche, esas fuerzas anunciaron que tras un cónclave resolvieron “pasar al estado de resistencia civil movilizada ante el quiebre de la democracia”, e iniciar una huelga de hambre general e indefinida en todo el país a partir del próximo lunes 3 de diciembre.
Asimismo, solicitar a los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, Cochabamba, junto con el presidente del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, que inicien desde el 3 de diciembre “misiones de denuncia ante organismos internacionales para hablarles sobre la situación de ruptura democrática que se está produciendo en el país” y profundizar el proceso de legitimación popular del Estatuto Autonómico.
Ante una multitud reunida en la plaza Murillo, de La Paz, el presidente promulgó la ley para el pago de la pensión vitalicia de vejez con un recorte de 30 por ciento a los ingresos de las regiones por el impuesto al gas, mientras se cumplía el paro convocado por los comités cívicos y prefectos (gobernadores) de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Pando Chuquisaca y Beni.
Estos sectores lograron paralizar sus regiones en rechazo a dicho recorte en favor de los ancianos, la aprobación “en grande” el pasado fin de semana del proyecto de Constitución por parte de la Asamblea Constituyente, y por la “represión” en Sucre, donde grupos universitarios se enfrentaron a la policía tratando de impedir que sesionaran los constituyentes, cuya revuelta terminó entonces con tres muertos y más de 100 heridos.
Morales calificó este paro de “forzado”, y dijo que en el fondo es para defender el modelo neoliberal contra el nuevo modelo económico que busca disminuir las desigualdades. No obstante, convocó a los prefectos al diálogo, al cual ya se les invitó, pero “cinco prefectos no han venido y ahora hacen paro”. Además, llamó a la comunidad internacional “a dar seguimiento” a lo que ocurre en Bolivia “para que vean de dónde viene la violencia, de dónde viene el racismo”.
Luego de los disturbios en Sucre, el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) lanzó una sorpresiva jugada política aprovechando la ausencia de la oposición de derecha en el Congreso, al hacer una modificación de la ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente que permite al foro sesionar en cualquier parte del país. Para lograr el quórum legal, se convocó a cuatro senadores suplentes: uno del derechista Poder Democrático y Social (Podemos), uno de Unidad Nacional (UN) y dos del Movimiento al Socialismo (MAS).
En el Senado, controlado por el derechista partido Podemos, los legisladores calificaron de “ilegal” la sesión de sus compañeros y se quejaron de que cientos de campesinos e indígenas –que realizaban una vigilia en torno al edificio del Congreso, en defensa del bono a más de 676 mil adultos y de la Constitución aprobada en lo general– no les permitieron el acceso a las instalaciones. El líder de la bancada del MAS en la Cámara alta, Santos Ramírez, negó esa versión.
El ex presidente Jorge Quiroga, líder nacional de Podemos, dijo que en este caso el tema no era la Renta Dignidad –bono a los ancianos– sino que “aquí ya no hay Estado plurinacional, no es el tema social, es seguir el ejemplo de (Hugo) Chávez para perpetuarse en el poder” con la nueva Constitución. Indicó que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el atropello a sus parlamentarios.
El presidente del comité cívico cruceño, Branco Marinkovic, acompañado del prefecto Rubén Costas, exigió al “señor Evo Morales” a nombre de “millones de bolivianos que no quieren que se viole la democracia, que no quieren su relección indefinida ni la de cualquier otro gobernante de turno, que no quieren que se fragmente a Bolivia, que no quieren el racismo venga de donde venga y que quieren un presidente elegido por todos”.
“Todo en este gobierno es ilegal”, afirmó, y agregó que el presidente “debe pedir perdón a Sucre por el dolor y la muerte de familias bolivianas y chuquisaqueñas”, y en un “sincero acto de arrepentimiento debe recapacitar y volver sobre sus pasos. Sólo en caso de que retroceda en todas las ilegalidades que ha cometido su gobierno habrá la posibilidad de salvar nuestro país y el orden institucional”.
Pero el presidente Morales denunció que algunas familias de viceministros y ministros, han recibido amenazas de opositores al bono a la vejez y al cambio, e incluso una prima suya fue golpeada ayer en Cobija, Pando. Advirtió que la lucha va a seguir sin miedo y llamó al Senado a aprobar otras leyes que mantiene trabadas.
Por: Ximena Bedregal
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