La oposición condiciona su participación a las “garantías” que le dé el gobierno
Representantes del gobierno y la oposición se reunieron en la capital dominicana en la fase inicial de un nuevo y eventual proceso de diálogo en la nación petrolera, que atraviesa una grave crisis.
La oposición venezolana aseguró ayer que no iniciará un diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro hasta que este no le dé garantías de que se cumplirá la agenda planteada en las conversaciones en República Dominicana, y señaló que el proceso aún es exploratorio porque no hay confianza hacia el oficialismo. Esta semana, representantes del Gobierno de Venezuela y su oposición política se reunieron en la capital dominicana en la fase inicial de un nuevo y eventual proceso de diálogo en la nación petrolera, que atraviesa una grave crisis económica, política y social. El diputado venezolano y negociador opositor para estas conversaciones Luis Florido dijo ayer a los medios que, hasta ahora, los encuentros que hubo en Santo Domingo, bajo la invitación principal del presidente dominicano, Danilo Medina, han sido exploratorios. “Nosotros hemos aprendido la lección con el Gobierno”, señaló al tiempo que insistió en que no habrá negociación hasta que se acuerden las condiciones propuestas. Según Florido, la oposición presentó una agenda y no se saldrá de ella ya que, afirmó, representa las aspiraciones de los venezolanos y no responderán a la agenda de “otros”. Entre las condiciones planteadas en la mesa al Gobierno detalló la realización de elecciones presidenciales transparentes con un Poder Electoral nuevo, además de garantes y observadores internacionales de estos comicios. Asimismo, se incluyen garantías para quien resulte escogido en esta elección y para quienes sean electos como gobernadores en las próximas elecciones regionales que se celebrarán el 15 de octubre.
También la liberación de “presos políticos” y la situación de los exiliados, un aspecto que para la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) es “fundamental”, ya que no se puede llegar a un proceso de negociación con “presos políticos e inhabilitados”. Otro de los temas es la restitución de funciones de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) –declarada en desacato por parte del Tribunal Supremo de Justicia–, y la atención a la “emergencia humanitaria que viven los venezolanos”.
El negociador del Gobierno venezolano Jorge Rodríguez señaló ayer que otro de los puntos discutidos en las negociaciones es el reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), conformada exclusivamente por oficialistas y cuya conformación se vio envuelta en denuncias de ilegalidad y fraude. Sobre este tema, Florido hizo énfasis en que esta junta es “fraudulenta” y que “no la reconoce ningún país del mundo”, lo que a todas luces conformaría el primer punto sin consenso en el proceso.
La oposición asegura que no hay un diálogo y que esta no cederá a uno hasta que el Gobierno no dé las condiciones ya que, a su juicio, el oficialismo utiliza la situación como elemento propagandístico a su favor. “El Gobierno siempre trata de utilizar todo como propaganda para usar, incluso con argumentos que pueden servir para la lucha por el cambio político del país, en contra nuestra”, dijo.
Este nuevo impulso para que haya un diálogo en la nación caribeña ha sido promovido por el presidente Medina, por el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, y cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas. Para acompañar la iniciativa, tanto el Gobierno como la oposición contarán con tres países “amigos” cada uno, para lo que los opositores escogieron a Chile, México y Paraguay. Por su parte, el Gobierno eligió a Bolivia y Nicaragua, con un tercer país que todavía no ha definido. La próxima reunión está pautada para el 27 de septiembre. “Es el inicio de la negociación? Depende de las garantías”, dijo Florido.
Entretanto, en Caracas inició ayer un evento llamado “Todos somos Venezuela” auspiciado por el gobierno de Maduro y en el que se prevé la participación de personalidades de diversa índole como internacionalistas, sociólogos, escritores y periodistas de más de 60 países. Esta actividad tiene como objetivo planificar una agenda de políticas en defensa de los derechos ciudadanos y durará cuatro días, señaló la agencia estatal de noticias de Venezuela AVN.
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