De las diversas formas de posesión de la tierra que existen en Bolivia, la que los indígenas y campesinos mejor conocen es el “surcofundio”: parcelación extrema de tierras cultivables por superpoblación o pobreza. Esto es más visible y dramático en el altiplano boliviano, donde las tradiciones comunitarias no fueron suficientes para detener este proceso. En el oriente del país la cosa no es mejor: si bien la tierra es mucho más fértil, y hay enormes extensiones para cultivo o ganadería, las leyes agrarias del neoliberalismo las han entregado a empresarios y ganaderos. Por ello, fueron estos últimos los que más virulentamente rechazaron el Plan de Tierras del gobierno de Evo Morales presentado la semana pasada.
Los seis decretos y el proyecto para modificar una ley que conforman dicho plan, delineado el pasado 16 de mayo por el vicepresidente Álvaro García Linera en la ciudad de Cochabamba, servirán para crear “un modelo de desarrollo que promueva la igualdad, la justicia y el apoyo tecnológico de manera paralela”. De todos modos, antes de su promulgación y aplicación, el gobierno boliviano decidió someter el conjunto de normativas al estudio y debate de mesas de diálogo el próximo lunes 30 en la ciudad de Santa Cruz (sin la presencia de los empresarios y ganaderos orientales, claro).
Una de las medidas destacadas en el tema de la tierra es sin duda la entrega a corto plazo de entre 2 y 4,5 millones de hectáreas a indígenas y campesinos. En realidad, se trata de la agilización de entregas y titulaciones ya en proceso hace tiempo, pero que la burocracia agraria ha dilatado. Para lograrlo en los próximos seis meses, elaborando procedimientos abreviados y eliminando trámites, el gobierno de Bolivia ha recibido 20 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo.
Curiosamente, la cuña para impulsar hacia adelante este proyecto ambicioso es, como sus principales detractores, originaria de Santa Cruz. Se trata del ministro de Desarrollo Rural, Agricultura y Medio Ambiente, Hugo Salvatierra. Y el apellido, por cierto, es una casualidad.
HISTORIAS Y SANGRE. En Bolivia, literalmente se sigue matando por la tierra. El 9 de noviembre de 2001, en el predio llamado Pananti, en el departamento de Tarija al sur del país, tuvo lugar una masacre de miembros del Movimiento de campesinos Sin Tierra de Bolivia (MST, creado en 2000), que realizaban su primera toma de tierras. Siete campesinos fueron asesinados a balazos o, en por lo menos dos casos, apaleados.
De todos modos, amparados por ambigüedades legales, empresarios y ganaderos siguieron adquiriendo terrenos. Hace casi dos años, por ejemplo, se descubrió que un grupo de empresarios y políticos de Santa Cruz había comprado en forma amañada varias decenas de miles de hectáreas. Por esos días, en agosto de 2004, el MST ocupó pacíficamente una hacienda cruceña llamada Los Yuquises. Ahí, los campesinos encontraron un importante arsenal, con armas de gran calibre y última tecnología. El asentamiento mencionado ha sido agredido constantemente por la policía, pero también por bandas paramilitares al parecer financiadas por los hacendados.
Así las cosas, convencido de que los latifundios son “sistemas gangsteriles de extorsión, chantaje comercial, mercantil y político”, el vicepresidente boliviano prometió el 16 de mayo pasado un futuro mejor para todos en Bolivia, sobre todo para quienes, trabajando la tierra en forma comunitaria, han sido víctimas de la especulación de tierras. “No por nada ese 40 por ciento de la economía comunitaria y campesina, que representa poco más de 650 mil familias, son el 100 por ciento de las familias de este país que viven en la extrema pobreza, con ingresos de menos de 600 dólares al año”, remató García Linera.
LOS QUE SE NIEGAN. De todos modos, la Confederación Agropecuaria del Oriente (CAO) rechazó la aplicación del Plan de Tierras de Evo Morales. Su vicepresidente, Enrique Paz –dueño junto con su hermano Rafael de Los Yuquises–, dijo que se trata de “una intencionalidad abusiva y no vamos a perder firmeza en la defensa de la propiedad privada”. La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fesagacruz) y los empresarios privados también se han opuesto, argumentando entre otras cosas que el gobierno alienta la ocupación ilegal de tierras.
El problema, por decirlo así, es que los empresarios han sido advertidos: toda porción de tierra que no cumpla su “función económica social” (es decir, sea improductiva) será devuelta al poder del Estado para su redistribución. Todo de acuerdo a la misma ley que los ha beneficiado, y que fuera implementada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 1996, a la par que los grandes procesos de privatización y entrega de los recursos naturales.
Y fue en consecuencia que el martes 23, también en la autonomista ciudad de Santa Cruz, el gobernador del departamento del mismo nombre, Rubén Costas, presentó un plan regional de tierras: ofreciendo hacer ellos mismos el trabajo de saneamiento y distribución, los cruceños plantean entregar tierra a los pueblos originarios del oriente y varias cosas más. Sin embargo, cuando Costas convocó a los diversos sectores sociales para debatir su propuesta y la de Evo Morales, campesinos y colonizadores lo desairaron, esperando el inicio del encuentro nacional previsto para el lunes próximo.
La tarde del martes la CAO decidió convocar para el mismo lunes 30 a un congreso de productores para definir una nueva forma de defensa de lo que llamaron el “modelo productivo cruceño”. Una a una, las organizaciones patronales, ganaderas y empresariales del oriente boliviano (los departamentos de Beni, Santa Cruz y Tarija) adhirieron al plan de Costas y rompieron todo diálogo con el gobierno. José Céspedes, líder de los ganaderos, afirmó que “el gobierno tiene un doble discurso. El diálogo se suspende hasta que el presidente, Evo Morales, ordene el desalojo de los ocupantes ilegales en los predios de Guarayos y San Ramón”, ocupados recientemente, propiedad de dos prominentes empresarios del ramo.
STIGLITZ A FAVOR DE EVO. Y mientras con la mano izquierda el gobierno de Bolivia trata de mover fichas en el tema de la tierra, llegó al país un premio Nobel de economía y dijo que lo hecho con la mano derecha era una buena medida. Joseph Stiglitz, renegado ex vicepresidente del Banco Mundial, arribó a La Paz con una invitación oficial el miércoles 17 para recibir dos doctorados honoris causa y, luego de reunirse con Evo y García Linera, dar una conferencia de prensa. Lo más importante de todo fue que Stiglitz dio un espaldarazo a la nacionalización de los hidrocarburos lanzada por decreto el pasado 1 de mayo.
Famoso por sus conceptos de información “correcta” para el desarrollo de economías de mercado, Stiglitz no habló directamente del tema del gas y del petróleo. Haciendo un símil con el robo de una pintura, el economista estadounidense dijo que la nacionalización es “una devolución” necesaria. Y más aun, insistió mucho en que los bolivianos deben recibir “un precio justo por sus recursos naturales”, algo que podría ser significativo de cara a las negociaciones con Brasil y Argentina sobre el precio del gas. Finalmente, este crítico de la globalización y los tlc gringos, así como defensor de una “reconstitución del Estado”, afirmó que las medidas tomadas por Evo Morales son “consecuencia del fracaso del modelo neoliberal impuesto en el Consenso de Washington”.
Con las manos por ahora ocupadas, y planificando ya las propuestas de su gobierno y de su partido para la próxima Asamblea Constituyente, Evo Morales y su equipo han dejado salir un nuevo tema que agita el escenario político: están pensando en proponer la reelección del presidente y del vicepresidente “por una sola vez”. El diputado César Navarro, presidente de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) hizo el anuncio el martes 23 por la tarde, abriendo una serie de discusiones, inclusive entre los candidatos a la Constituyente de su partido.
Ante las diversas y polémicas reacciones que tuvo el tema, el presidente de Bolivia optó tangencialmente por proponer un cambio en la toma de decisiones políticas del Estado: “El sistema de mayorías y minorías es un sistema importado, en las comunidades lo que funciona es el consenso y este sistema es el que debe conseguirse en este país”, y no se habló más del tema por ahora.
Luis A Gómez desde La Paz
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