Con Repsol-YPF, de capitales argentinos y españoles, el gobierno
llegó a un acuerdo. Con el resto de las empresas tuvo que avanzar
mediante decretos. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el edificio
de Transredes –participada por la británica Ashmore y la
anglo-holandesa Shell– tiene vigilancia policial para que nadie saque
documentos. En la ciudad cruceña de Camiri ocurre lo mismo ante la sede
de la empresa Chaco, administrada por el grupo British Petroleum. Tomás
García Blanco, representante de Repsol-YPF, firmó en el Palacio Quemado
la venta de acciones al Estado por 6 millones de dólares. Luego expresó
“la satisfacción por haber cumplido con el deseo del pueblo boliviano
de recuperar la mayoría accionaria en las compañías capitalizadas”. Y
se comprometió a “seguir trabajando de manera coordinada con YPFB
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia) para mostrar un ejemplo
modelo entre una empresa estatal y una privada”.
Por su parte, Morales sostuvo que “el país necesita de verdad
inversiones. El gobierno boliviano garantizará a las empresas que
respetan las normas bolivianas que inviertan como socios y de esta
manera seguir explorando y explotando los hidrocarburos”.
Mediante el Decreto Supremo 29.544, el gobierno también nacionalizó
la empresa de telecomunicaciones Entel. Morales garantizó la
estabilidad laboral para los trabajadores por medio de otro decreto. E
indicó: “Si hemos tardado más de dos años (en la estatización de Entel)
no ha sido por flojera, no ha sido por negligencia. Intentamos
dialogar, negociar con Euro Telecom, los ministros hicieron esfuerzos,
pero lamentablemente no hubo voluntad”.
ETI, que estaba en litigio con Bolivia ante el centro de arbitrajes
internacionales Ciadi del Banco Mundial, “tiene una deuda de 200
millones de bolivianos (25,6 millones de dólares)”, según la oficina de
Impuestos. El reclamo en este tribunal había motivado que en los
primeros días de mayo el gobierno boliviano anunciara su retiro del
Ciadi.
Desde el gobierno indicaron que la nacionalización de Entel se debe
“al incumplimiento de contratos, malos manejos administrativos y falta
de transparencia”. En la plaza Murillo, Morales argumentó que “los
servicios básicos son un derecho humano”.
Evo también se refirió al informe publicado el miércoles por el
Departamento de Estado de EE.UU., en el que declara: “La inestabilidad
política, un marco legal débil y fluctuante, el creciente cultivo de
hoja de coca y la apertura de relaciones diplomáticas con Irán muestran
a Bolivia con un nuevo potencial como posible lugar de actividades
terroristas”.
Dijo el boliviano: “Con mucho respeto le pido al gobierno de EE.UU.
que retire sus tropas de Irak, así podemos creerle que lucha contra el
terrorismo”. Y aclaró que “para un sistema salvaje e inhumano como el
capitalismo, las luchas sociales por la igualdad son ‘terrorismo’. El
capitalismo debe entender que si no hay igualdad nunca habrá paz. No
importa que me sigan acusando porque este camino de cambio no tiene
retorno. Algunos sectores opositores hablan de ‘tumbar al indio’ (por
él). Podrán tumbar al indio, pero jamás al pueblo boliviano”.
Desde Santa Cruz
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