En coincidencia con el Día de la Tierra, las cumbres sobre el cambio climático, que se desarrollaron de forma paralela en Bolivia y Uruguay, clausuraron ayer con una exigencia a los países industrializados para que adopten un mayor compromiso en la lucha contra el calentamiento global y reduzcan sus gases de efecto invernadero para 2020.
La Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada en la localidad de Tiquipaya (centro de Bolivia), aprobó la propuesta de crear un Tribunal de Justicia Climática y recomendó que, en tanto no exista esa instancia, los movimientos sociales demanden a países ricos ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
En la cita también se exigió que las naciones ricas reduzcan de aquí al año 2020 la emisión de sus gases de efecto invernadero en un 50 por ciento respecto a los niveles de 1990, pero no se fijó metas a largo plazo.
Con esa reducción, estimó el embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón, el calentamiento del planeta podría limitarse a 1,5 grados y no a los 2 fijados en la cumbre de Copenhague, el año pasado.
Entre las conclusiones de esta cita boliviana -que no tiene carácter vinculante- también se hizo un llamado a las naciones ricas y transnacionales para que aporten al menos 300.000 millones de dólares anuales para mitigar los efectos del cambio climático.
Unos 7.000 representantes de gobiernos y organizaciones sociales del continente clausuraron el foro iniciado el martes y entregaron sus conclusiones a los presidentes Evo Morales, de Bolivia, y Hugo Chávez, de Venezuela, presente en la cita.
El presidente Morales destacó que la diferencia entre la reunión boliviana y la realizada en Copenhague ha sido que en Tiquipaya se discutieron las causas del cambio climático y no solo los efectos.
Chávez, por su parte, anticipó que en la conferencia sobre el cambio climático convocada por las Naciones Unidas para fines de año, en Cancún (México) habrá conflictos si es que ese organismo mantiene silencio sobre lo que calificó de “chantaje” de Estados Unidos a otros países para apoyar el documento aprobado por algunos países en Copenhague en 2009.
En este sentido convocó a los gobiernos de los otros países de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) a financiar el viaje de organizaciones sociales, campesinas y activistas a Cancún para respaldar las posiciones de los pueblos sudamericanos.
Paralelamente, los gobiernos regionales de todo el mundo reunidos en su tercer encuentro sobre cambio climático, en Montevideo, Uruguay, reclamaron ayer un mayor papel en la toma de decisiones a escala internacional para abordar el problema de los cambios medioambientales.
Esa fue la única conclusión a la que llegó la III Cumbre Mundial de Regiones sobre el Cambio Climático, promovida por Naciones Unidas, que se celebró en la capital uruguaya durante tres días y que congregó a representantes de cerca de 600 entidades regionales.
EFE / AFP
Bolivia, Uruguay
Ecuador propone colecta para Estados Unidos
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, propuso ayer realizar una colecta monetaria mundial a favor de Estados Unidos para que firme el protocolo de Kioto.
En la clausura de la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra, en Bolivia, Patiño explicó que su país dará el primer aporte de US$ 2,5 millones. Se trata de la misma cifra que el Gobierno estadounidense negó al ecuatoriano por negarse a sumarse al documento propuesto por el presidente Barack Obama en la Cumbre de Copenhague, en Dinamarca.
Patiño comentó que su país no permitirá ningún “chantaje” que intente vulnerar la dignidad de su país y reclamó que se restituya la “institucionalidad” de las Naciones Unidas para asegurar un tratamiento “democrático y transparente” de las deliberaciones y la toma de decisiones sobre el cambio climático.
Ecuador también propuso en la cumbre boliviana la creación de un impuesto a las exportaciones de petróleo para generar recursos que estén destinados a la preservación del medio ambiente.
Además, llamó a las economías desarrolladas a aportar al proyecto Yasuní-ITT, que propone dejar sin explotar el 20 por ciento del petróleo existente en una reserva de la Amazonía ecuatoriana y así reducir las emisiones de gases contaminantes. PL / EFE
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