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Guerra entre Evo y la oposición

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Aunque no se esperan grandes consecuencias, es un indicio de que la política estrella del gobierno indígena no transitará por un camino de rosas: hace algunos días el ministro censurado, Andrés Soliz Rada, reconoció las dificultades para “refundar” YPFB, firmar nuevos contratos con las petroleras y percibir los ingresos de la nueva política impositiva. Como botón de muestra, ayer el amazónico y despoblado departamento de Pando se paralizó en protesta por la falta de diésel en la región. Y Alvaro García Linera intentaba, en Brasilia, limar las relaciones con el gobierno de Lula y con Petrobras. “Las (estancadas) negociaciones serán retomadas inmediatamente”, declaró el vicepresidente. Pero, al mismo tiempo, Soliz Rada, un antiguo compañero de ruta del “colorado” Jorge Abelardo Ramos, acusaba a la firma brasileña de “recaudar fondos para voltear la nacionalización”. Y el titular de YPFB salió del Palacio Quemado de un buen humor que fuentes oficiales identificaron como una confirmación en el cargo.


En un clima polarizado, Poder Democrático Social (Podemos) comenzó a ocupar los medios de comunicación con la denuncia de que el mandatario estaría preparando un autogolpe tendiente a poner en pie un “régimen revolucionario con poderes extraordinarios para el presidente”. El primer paso, según el partido del ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, sería declarar originaria a la Asamblea Constituyente, lo que la colocaría por encima del orden institucional vigente. Unidad Nacional, del empresario Samuel Doria Medina, que dio su voto a la censura, esta vez no acompañó a la derecha dura: “El partido Podemos lleva adelanta una contrarrevolución a la revolución de Morales, nosotros desarrollamos una oposición constructiva y fiscalizadora, no estamos contra la nacionalización”, dijo a los medios el joven diputado y jefe de la bancada parlamentaria de UN, Peter Maldonado.


La convención se encuentra em-pantanada en dos visiones opuestas: el MAS quiere que la Constituyente sea “originaria y plenipotenciaria”, mientras que la oposición defiende una convenión “derivada”.


 


Por Pablo Stefanoni



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