En primer lugar, porque el fallo constituye otro paso fundamental en una larga y compleja lucha de carácter político pero también
técnico-jurídico, que los organismos de derechos humanos llevan con una tenacidad y eficiencia poco común en América Latina. Un mérito aparte digno de mención merece el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), especialmente por haber demostrado la importancia de la eficiencia y la rigurosidad en un campo como el de los derechos humanos, donde muchos aún piensan que el problema central es sólo de consignas y de buena voluntad.
Bueno es reconocer, que a pesar de los innumerables problemas y
retrocesos ningún país de América Latina víctima de una dictadura ha llegado más lejos que la Argentina en la búsqueda de atribución de responsabilidades y castigos a represores y genocidas. Más de cien de ellos esperan juicio privados de libertad.
La sociedad argentina, voluble y díscola hasta la ingobernabilidad ha sido en este tema de una admirable consecuencia, probablemente proporcional a la dimensión del genocidio sufrido.
En segundo lugar, porque es probable que este fallo sea recordado en el futuro como un punto de inflexión respecto de tendencias que hace algún tiempo se perfilan en el campo de los derechos humanos. Algunas reacciones del mundo político frente al fallo resultan útiles a los fines del análisis.
Mientras una derecha insensible al sufrimiento y a la historia, además de torpe políticamente, expresó su rechazo al fallo alegando la falta de seguridad jurídica que implica la derogación de dichas leyes, el magma ideológico gobernante reaccionó con una pluralidad de voces y perspectivas tan complicadas cuanto importantes de comprender. Por un lado, desde el círculo íntimo del Presidente se intentó velozmente, tanto apropiarse poéticamente del fallo, cuanto echar paños fríos sobre la propuesta de inmediata derogación de los indultos que sobre la misma materia otorgó Menem en 1990.
La razón electoral tiene razones, que la razón no entiende.
Pero en el fondo, lo realmente significativo es que esta política oficial de derechos humanos, cada día más explícitamente vinculada a una estrategia de poder, esconde riesgos que pocos se animan a mencionar en voz alta. Es bastante probable que el creciente proceso de acercamiento de varios organismos de derechos humanos con el gobierno, produzca nuevas constelaciones en este área cuyos futuros contornos resultan hoy imposibles de predecir.
Sin embargo, no es este último el riesgo mayor.
Las periódicas masacres carcelarias, el uso groseramente clasista de la privación de libertad con fines procesales y el carácter inédito en la región de las (once hasta el día de hoy) reclusiones perpetuas a menores de edad, para sólo mencionar algunos de los problemas más gritantes, no parecen producir ninguna preocupación seria en ninguno de los niveles de la administración.
¿Estarán algunos pensando en convertir a los derechos humanos sólo en una rama de la necrología?
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