Ciertamente, detrás de la nueva política de Bush hay mucho más de lo que se observa a simple vista. Todo lo que dijo fue que este año Estados Unidos buscará convocar a los gobiernos de los 15 países más contaminadores del mundo para tratar de negociar una meta de reducción de emisiones para finales de 2008. Este acuerdo, a su vez, ayudaría a avanzar en las negociaciones para sustituir el actual mecanismo de la ONU sobre calentamiento global, el Protocolo de Kioto, que expira en 2012.
Pero el propio Bush no ha propuesto una meta específica y mucho menos un calendario para alcanzarla. También ha guardado silencio sobre un tema polémico: ¿cómo deben compartir países ricos como Estados Unidos y naciones pobres como China e India la responsabilidad de reducir las emisiones? No existen pláticas sobre mecanismos de aplicación, aunque se sabe que tendría que haber un monitoreo internacional de emisiones para evaluar los resultados de cada país.
En realidad, Bush prefiere hablar de aspiraciones más que de metas concretas. Alega que fijar límites a la emisión de contaminantes sería contraproducente si ello inhibe el crecimiento, pues reduciría la capacidad de las empresas para invertir en tecnologías limpias. El mandatario estadunidense aún recela de los esquemas por medio de los cuales los gobiernos fijan un límite total de emisiones y luego venden u otorgan un número equivalente de permisos para contaminar, los cuales pueden intercambiarse en el mercado.
En cambio, el presidente pretende reducir las emisiones con medidas que se van por la tangente, como sustituir la gasolina por etanol y mejorar la eficiencia de automóviles y aparatos. Actualmente el Senado discute un proyecto de ley en esa dirección, y Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, ha asegurado que para el 4 de julio se aprobarán medidas similares.
Sin embargo, el Congreso y el presidente discrepan sobre los detalles. La Casa Blanca se queja de que los estándares sobre ahorro de combustibles previstos en la iniciativa del Senado son demasiado rígidos (otra vez esas restricciones a las empresas). También le desagrada una norma que para 2020 haría obligatorio que 15 por ciento de la electricidad de Estados Unidos provenga de fuentes limpias, como generadores eólicos y paneles solares (otra meta inflexible). También se pretende promover la producción de diesel a partir de carbón, a pesar de la contaminación que genera, a fin de reducir la dependencia estadunidense del petróleo importado (en este caso no hay problema con los objetivos estrictos). Como era de esperar, los congresistas de estados donde hay fábricas de autos y minas de carbón, y no mucho viento o sol, están de acuerdo.
Entre tanto, muchos legisladores preferirían atacar frontalmente el calentamiento global. Pelosi ha prometido hacerlo este mismo año en otro proyecto de ley, al igual que el líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid. Pero el hecho de que Reid y Pelosi hayan decidido excluir el etanol y el ahorro de combustible de una iniciativa más amplia es señal de que el cambio climático aún les resulta un tema espinoso.
Debido a la desaprobación de Reid, es probable que fracase una enmienda al proyecto del Senado para llevar un registro de los gases de efecto invernadero que emiten las empresas de Estados Unidos. Los ambientalistas se preguntan cómo van a ponerse de acuerdo los políticos estadunidenses sobre la reducción de emisiones, cuando ni siquiera están de acuerdo en medirlas.
Traducción de texto: David Zúñiga
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