El poderío de Estados Unidos impide que la comunidad mundial pueda hacer algo para detener los atroces abusos que las fuerzas de ocupación han cometido y siguen cometiendo en Irak. La única posibilidad de dar fin a prácticas como la tortura no está en los votos en Naciones Unidas, sino en los votos en la elección presidencial estadunidense de noviembre.
SI LA ADMINISTRACION BUSH intentó justificar las graves violaciones a los derechos humanos exhibidas en los medios fue por interés en las repercusiones que estos hechos podrían tener en la opinión pública estadunidense, y no para evitar sanciones por quebrar la legislación internacional, pues no existe ningún país que pueda enfrentar el poderío de Estados Unidos, dice Gustavo Iruegas, uno de los diplomáticos mexicanos con mayor experiencia en negociación de conflictos armados.“Una de las implicaciones más fuertes en torno al impacto que tiene (la violación de las leyes internacionales) es en la opinión pública estadunidense y mundial –dice el embajador y ex subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe–; la única fuerza que puede imponer algo sobre el gobierno de EU es la opinión pública estadunidense”.
En términos de derecho internacional, “EU es una potencia sin competidor. Cuando viola el derecho internacional es impune, no hay manera de imponer las sanciones que se le impondrían a otro gobierno porque ese país tiene el poder de veto en el Consejo de Seguridad”.
Dos memorándums desclasificados hace unos días “muestran que la administración buscaba argumentos jurídicos para cubrirse en caso de cometer tortura”, dice Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch, en entrevista telefónica.Un memorándum, fechado el 1 de agosto de 2002, fue escrito por la Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia y dirigido a Alberto R. Gonzales, consejero del presidente Bush. El documento, según The Washington Post, fue redactado porque la CIA necesitaba consejo legal, ya que buscaba tener la autoridad para realizar interrogatorios más agresivos que los permitidos antes del 11 de septiembre de 2001. En este memorándum, la Oficina de Consejo Legal llega a la conclusión de que la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos y Degradantes “sólo prohíbe actos extremos” de tortura y cita posibles defensas para el uso de ésta.
Otro memorándum, fechado el 6 de marzo de 2003, elaborado por un grupo de trabajo del Departamento de Defensa, creó nuevas directrices para los interrogatorios a los detenidos en Guantánamo, e incluye medidas que pueden ser aplicadas en cualquier otro lugar.George W. Bush aseguró la semana pasada que todas las actuaciones habían sido bajo la ley, sin especificar a qué ley se refería.De acuerdo con los memorándums, según explicó Jim Lobe en el número anterior de Masiosare, Bush no está sujeto a la ley internacional si está actuando como comandante en jefe.“Cuando se ven los resultados, lo que se autorizó, se ve que fue una etapa muy importante en el camino hacia Abu Ghraib, pero no sólo hacia Abu Ghraib, porque lo excepcional de Abu fue que fueron filmados, pero hay muchos más, en otras cárceles en Irak, en Afganistán, que no conmovieron porque no fueron fotografiados”, dice Brody.
Estados Unidos está sujeto a dos grupos de leyes internacionales, explica el abogado, los Convenios de Ginebra de 1949, relativos al trato de los prisioneros de guerra y a la protección de los civiles en conflictos armados, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, de 1984, que prohíbe la tortura y fue ratificada por EU en 1994.“Para poder imputar alguna responsabilidad penal habría que demostrar que (el acusado) no hizo todo lo posible por impedir (prácticas de abuso) por parte de sus subordinados”, explica Brody. Y “cada vez hay más evidencia de que lo que se hizo fue una política deliberada”, dice. “Sabemos que el general Ricardo Sánchez autorizó que se usaran perros, lo cual puede considerarse un crimen de guerra y podría implicar responsabilidad penal. Tampoco podemos descartar que Donald Rumsfeld (secretario de Defensa) por lo menos estuviera al tanto de las prácticas”.
El Departamento de Justicia podría proceder penalmente. “Lo importante sería que los autores (intelectuales), y no sólo los ejecutores, sean llevados a justicia”, explica.
A decir de Reed Brody, otros países podrían “exigir a Estados Unidos que repudie esta política y que demuestre en los hechos que no se tolera esta conducta”. Simplemente debería exigirse a EU lo mismo que EU exige a otros países.Pero la actitud de los gobiernos conduce a cuestionar, incluso, la utilidad de instrumentos internacionales como la Convención contra la Tortura.“Si es frente a EU, no sirve de mucho”, dice el embajador Iruegas. “A la mejor la puedes utilizar si se trata de otros países. Si se trata de un país latinoamericano que desarrolla una dictadura que aplica la tortura, podrías apelar a la convención y quizá podría ser utilizada, pero no contra EU”, sobre todo “en el caso de Irak porque EU se protegió a través de la convención que creó la Corte Penal Internacional”. EU no es un miembro del Estatuto de la Corte Penal Internacional. En la Resolución 1487, aprobada por el Consejo de Seguridad, se establece que “si surge un caso en relación con acciones u omisiones relacionadas con operaciones establecidas o autorizadas por las Naciones Unidas y que entrañe la participación de funcionarios, ex funcionarios, personal o antiguo personal de cualquier Estado que no sea parte del Estatuto de Roma y aporte contingentes, no inicie ni prosiga, durante un periodo de 12 meses a partir del 1 de julio de 2003, investigaciones o enjuiciamiento de ningún caso de esa índole salvo que el Consejo de Seguridad adopte una decisión en contrario”.
“Se puede exhortar a EU (a que siga determinada conducta), pero entre eso y una acción de autoridad que lo obligue y que cuando no cumpla lo sancione de alguna manera, hay un abismo”, dice el diplomático Iruegas.¿Qué podría entonces hacer el gobierno mexicano para exigir el cumplimiento de la Convención contra la Tortura?No mucho, según el embajador. “Puede participar en gestiones con otros países, pero EU goza de impunidad, no tiene que pagar un mayor precio. Es como un muchacho que hace toda clase de tropelías en la calle y lo único a lo que le tiene miedo es a que lo regañe su mamá”.
“No hay ningún país en el mundo que tenga la capacidad, la fuerza militar para imponer sobre EU alguna decisión del Consejo de Seguridad” o que quiera enfrentarse políticamente con la potencia, dice el embajador. El que más se ha opuesto ha sido el gobierno de Francia, “y no va muy lejos”.Así las cosas, “en términos de derecho internacional estamos en un estado de regresión, estamos peor que antes, por eso resulta ridículo escuchar que quieren reformar las Naciones Unidas”, agrega.
Ante esta “impunidad absoluta, que no hay poder que se le pueda parar enfrente”, hay, sin embargo, “una fuerza, si bien muy maleable, que es la opinión pública estadunidense, a la que le está llegando cada vez más información de que le mintieron, y esto podría repercutir en las próximas elecciones (presidenciales en noviembre)”, dice Iruegas.
Quizá en un futuro un juez abra un proceso judicial contra un oficial, “pero esto sería posterior, no serviría para detener las violaciones, sino para tratar de hacer justicia después, si acaso”, explica el embajador.Además, “hay fuerzas internas que no están de acuerdo con la violación de leyes internacionales, que dicen que el gobierno tiene que dar una explicación. Principalmente tiene que dar una respuesta a los medios de comunicación. Incluso dentro del equipo inmediato del Presidente hay voces discordantes respecto de hacer la guerra o no o en tales o cuales condiciones”, agrega.
Si bien los gobiernos de otros países y las instancias internacionales no están haciendo nada por frenar las prácticas de abusos por parte de EU, cada vez crece más la oposición, dentro y fuera de la potencia, a la ocupación en Irak y a la tortura. Una encuesta de Gallup, realizada a principios de junio, revela que 57% de los estadunidenses desaprueban la manera en que el presidente Bush está manejando la situación en Irak y 60% cree que las cosas van mal para EU en ese país; además, 52% dice que no valió la pena ir a guerra contra Irak.
El camino a Abu Ghraib
La erradicación de la práctica de la tortura fue uno de los principales retos que se puso Naciones Unidas a pocos años de ser creada. Para asegurar una protección adecuada para todas las personas contra la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, las Naciones Unidas adoptaron estándares universales que fueron plasmados en instrumentos como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada el 10 de diciembre de 1984 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.La Convención establece que “ninguna circunstancia excepcional, ya fuese la guerra o la amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier emergencia pública, puede ser invocada para justificar la tortura”.
Para vigilar que se pusiera en práctica la convención, las Naciones Unidas crearon la Comisión contra la Tortura (compuesta por “10 expertos con alta calidad moral y de reconocido trabajo en el campo de los derechos humanos”) con competencia para investigar posibles casos de práctica de tortura.Cada año, esta comisión redacta un reporte. Todos los países que ratificaron la convención deben entregar informes cada cuatro años. Kenia, por ejemplo, corre el riesgo de ser suspendido de la convención porque no ha entregado ni un informe en los últimos siete años desde que ratificó la Convención.
El primer informe presentado por Estados Unidos en 1999 se puede consultar en http://www.state.gov/www/global/human_rights/torture_toc99.html.
“La convención –dice Reed Brody, de Human Rights Watch– se ha utilizado poco para casos penales”. El más sonado fue el del dictador chileno Augusto Pinochet.Cada foto, un cartel de reclutamiento de Al-Qaeda Human Rights Watch acaba de publicar el informe “El camino a Abu Ghraib”, redactado por Reed Brody, donde narra cómo las políticas de la administración de Bush promovieron la creación del clima para Abu Ghraib, fundamentalmente en tres formas:
• “Tras los ataques del 11 de septiembre, la administración de Bush parecía empeñada en que ganar la guerra contra el terror requería que EU burlara las leyes internacionales”.
• Estados Unidos comenzó a emplear métodos coercitivos, diseñados para “suavizar” a los detenidos durante los interrogatorios.
• “Hasta que la publicación de las fotografías de Abu Ghraib forzó que entraran en acción, los funcionarios de la administración Bush a lo sumo asumían una actitud de ‘see no evil, hear no evil’ (ni veo ni oigo) hacia los informes de maltrato a detenidos.
“Aparentemente –sigue el informe–, la administración de Bush creía que las nuevas guerras que libraba no podían ser ganadas si estaban constreñidas por las ‘viejas’ reglas. La inquietante información que sale a la luz apunta a que hay una política oficial de tortura y de trato cruel, inhumano o degradante”.
“Human Rights Watch hace un llamado a la administración de Bush a demostrar de manera concluyente que su repudio público de la tortura y otros maltratos a los detenidos en custodia estadunidense era una política del gobierno de Estados Unidos, y a que haga públicos todos los documentos gubernamentales relevantes. La administración también debería de detallar los pasos que está tomando para asegurarse de que estas prácticas abusivas no continúen, y a procesar a todos los responsables de ordenar o condonar este abuso.
“Irónicamente, ahora la administración se está dando cuenta de que puede estar perdiendo la guerra por obtener los corazones y las mentes en todo el mundo, precisamente porque se deshizo de estas reglas. En vez de avanzar en su guerra contra el terror, el generalizado abuso a prisioneros ha dañado los esfuerzos por construir el apoyo global para combatir el terrorismo. De hecho, cada nueva fotografía de un soldado estadunidense humillando a un iraquí bien podría ser un cartel de reclutamiento para Al-Qaeda. Las políticas que se adoptaron para hacer que Estados Unidos estuviera más seguro frente al terrorismo, en realidad lo ha hecho más vulnerable”.
El informe completo se puede consultar en: http://hrw.org/reports/2004/usa0604/.
También se puede consultar una cronología sobre las prácticas de abusos a detenidos de 2002 a la fecha:
http://www.hrw.org/english/docs/2004/05/07/usint8556.htm.
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