En un artículo publicado en Le Monde diplomatique, José Saramago se preguntaba acerca de los mecanismos de delegación a través de los cuales el elector renuncia a su acción política personal hasta las siguientes elecciones y proponía “cuestionar a la democracia en todos los debates2”. Resulta poco probable, tal como se creyó durante mucho tiempo, que el crecimiento promedio de la “instrucción” sea suficiente para generar una conciencia humanista: las clases agrupadas por edad cuya mayoría cuenta con estudios secundarios no parecen tomar decisiones ciudadanas fundamentalmente diferentes de las de la sociedad tradicional.
Por otra parte, el desarrollo vertiginoso y a menudo irreversible de la tecnociencia coloca a los responsables de la toma de decisiones frente a opciones cruciales que afectarán a las futuras generaciones. Los representantes electos soportan las presiones del mercado, pero en la mayor parte de los casos no disponen de la capacidad necesaria para enfrentarlas cuando se trata de decidir la difusión de nuevas tecnologías. Simples ciudadanos, especialmente en el movimiento asociativo, están a menudo mucho mejor informados que los responsables políticos. Sin embargo, el conocimiento de los ciudadanos militantes debe mantenerse en su lugar, simétrico al de los expertos oficiales, aunque estos últimos se encuentren casi siempre en situaciones de conflicto de intereses con el mundo de la industria. Conviene también desconfiar de “la ideología del conocimiento y de la capacidad que tiene como función descartar las aspiraciones de los ciudadanos valorizando a algunos (…) surgidos de los mismos sectores sociales, que se cooptan sin ser nunca responsables frente a su pueblo3”. Es hora pues de inventar nuevas prácticas, particularmente para tratar de remediar las carencias de la democracia representativa a través de formas más participativas. Se registran ya numerosos ejemplos al respecto.
Así, los habitantes de una región pueden expresar sus necesidades colectivas cada vez con mayor frecuencia, por ejemplo en ocasión de encuestas públicas, a través de los comités locales de información y/o de consulta. Para los objetivos nacionales, se recurrirá preferentemente a grupos de expertos (llamados comités “de sabios”), a paneles de personas directamente involucradas (grupos de discusión), incluso no implicadas (conferencias de ciudadanos). Para que no se las acuse de ser producto del oportunismo liso y llano, estas experiencias deben servir para la elaboración de políticas públicas a través de las opiniones que permiten recoger. Lo que aun dista de ser el caso, siendo sin duda el ejemplo más contundente el de las plantas genéticamente modificadas (PGM).
El cultivo de las PGM en pleno campo, por ende en un medio no confinado, fue condenado en Francia sucesivamente por una conferencia de ciudadanos (1998), por el “Comité de los 4 sabios” (2002), por diversas consultas al público (2003-2004) y por los resultados de numerosas encuestas de opinión. Los correos electrónicos -procedimiento democráticamente cuestionable- solicitados por los ministros de agricultura, ecología e investigación han sido hostiles en más del 90% a los ensayos de PGM en medio no confinado. Los organizadores de estas mascaradas concluyen sin embargo… ¡que estos ensayos deben continuar! La Comisión Europea no se queda atrás: el 19 de mayo de 2004, levantó la suspensión de las importaciones de PGM a pesar de los recurrentes resultados de las encuestas de opinión (más del 70% de opositores a estos cultivos en Europa) y sin tener en cuenta en absoluto las respuestas a su falaz invitación, redactada en inglés, a expresar su opinión por correo electrónico (“Submit a comment by E-mail…”).
Experiencias llevadas a cabo especialmente en Europa desde hace una veintena de años permitieron que legos elaboraran propuestas para manejar situaciones de incertidumbre, con mayor frecuencia relacionadas con nuevas tecnologías (PGM, alternativas energéticas, procreación asistida, antenas-repetidoras…). Para semejantes deliberaciones, donde la emisión de una opinión sensata implica una formación previa suficiente, la democracia llamada “participativa” no puede involucrar al conjunto de ciudadanos. En una de las formas de “democracia dialogada4” más prometedoras -la conferencia de ciudadanos5-, el grupo, aunque conformado por un número reducido de personas (una quincena), puede ser bastante representativo de la diversidad de la población: franjas por categorías (edad, sexo, profesión, orientación política, región) se aplican a un muestreo más amplio de unas decenas de personas voluntarias consultadas al azar. El objetivo de este procedimiento es obtener una opinión que supuestamente es la del conjunto de la población si se pudiera suministrarle previamente los medios para una opinión sensata, lo que nunca será materialmente posible.
No se trata sólo de elaborar un documento técnico, sino de colocar al panel de ciudadanos en condiciones de comprender, intercambiar y actuar con responsabilidad. La emulación creada es notoria, tal como lo percibieron observadores a propósito de la conferencia de prensa de cierre de la conferencia sobre el uso de organismos genéticamente modificados (OGM), en la que el panel expuso sus conclusiones: “La tranquila pertinencia con la que cada uno logra abordar las cuestiones crea una atmósfera de modesto orgullo y honestidad compartida que muchos participantes, incluidos los periodistas, viven con verdadera emoción6”. A este panel de ciudadanos debe encomendársele una misión con un objetivo preciso; debe recibir toda la información útil para su apreciación, sin que se oculten las incertidumbres ni las tesis contradictorias. Su trabajo, con la ayuda de un psicólogo social, debe desarrollarse al abrigo de posibles manipulaciones (de ahí el anonimato de los participantes hasta el término de su misión), y el panel será luego disuelto con el fin de evitar la constitución de un cuerpo de “expertos legos”.
La naturaleza de la información suministrada a los ciudadanos que se involucran en esta experiencia constituye uno de los puntos importantes. Para garantizar su objetividad, la mejor fórmula parecería ser constituir un comité de dirección que incluya, además de los gestores del proceso que conocen bien su funcionamiento, expertos con opiniones diversas, incluso contradictorias. Este comité elabora entonces en forma consensuada el programa de formación (temas tratados, documentos propuestos, identidad de los formadores). El movimiento asociativo encuentra de esta manera su lugar tanto en el seno del comité de dirección como entre los formadores, aportando así un nuevo conocimiento a menudo opuesto al de la mayoría de los expertos institucionales.
Experiencias semejantes demostraron, por un lado, que todo ciudadano que acepta participar resulta competente, ya que es capaz de aprender, comprender, analizar y formular una apreciación fundamentada; por el otro, que sólo una minoría entre las personas solicitadas (aproximadamente una de cada tres) acepta sus obligaciones, siendo la más apremiante dedicar varios fines de semana a informarse, discutir, interrogar, dar su opinión en forma anónima y no retribuida.
Nuestra hipótesis es que estas dos comprobaciones permiten vislumbrar un auténtico funcionamiento democrático. ¿Por qué no convenir que la democracia es el sistema en el que la política concuerda con las decisiones mayoritarias de los ciudadanos que aceptan aprender y comprender, estando el proceso abierto a todos? Es necesario acabar de una vez con esta concepción mágica de la democracia que lleva a creer que cualquiera puede tener una opinión pertinente sobre un tema complejo sin haberse provisto previamente de los medios para fundarla. Cuando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establece que “la ley es la expresión de la voluntad general”, postula que esta expresión resulta de una construcción voluntaria a partir de un trabajo político realizado por los ciudadanos.
Estas propuestas corren el riesgo de ser acusadas de elitistas: al estar constituido el pueblo por el conjunto de ciudadanos, no podría excluirse a una parte… Es evidente, pero ¿acaso la creciente abstención durante las consultas electorales no demuestra la exclusión, supuestamente voluntaria, del 30%, 50%, e incluso más, de las personas llamadas a votar? Lo importante es no designar ni establecer de una vez por todas una fracción de la población al margen de la sociedad, y otra fracción a cargo de la sociedad. De la misma manera que todos los ciudadanos son llamados a las urnas, todos pueden ser designados, en forma aleatoria, para debatir y dar su opinión en una conferencia de ciudadanos. Si, debido a las importantes exigencias de este procedimiento, la proporción de dimisionarios es comparable a los porcentajes récord de abstencionistas durante las elecciones, podría ocurrir sin embargo que algunos de estos abstencionistas estén más motivados para participar de una experiencia semejante que para concurrir a la mesa electoral.
La democracia deliberativa no consiste en organizar un enfrentamiento entre el Parlamento de representantes electos y otro Parlamento integrado por ciudadanos elegidos al azar. En primer lugar, porque el foro ciudadano desaparece una vez que emitió su opinión sobre el problema que había generado su creación, y que otros ciudadanos, también legos, expresaron su sentimiento sobre otros problemas (o lo expresaron nuevamente sobre el mismo, si es necesario). En segundo lugar, nadie contempla que la ley sea escrita por estas personas anónimas y carentes de mandato electivo. No se trata aquí de magnificar la función parlamentaria, suponiendo que conduce necesariamente al bien común, sino de plantear que todo compromiso político exige una firma, en este caso la de la representación nacional. Disposiciones legislativas sobre las conferencias de ciudadanos (que requieren la definición precisa de su protocolo y el control de su funcionamiento) deberían incluir la obligación para los representantes electos de recibir sus conclusiones y hacer públicas las consecuencias que derivarían de ellas.
Al igual que las prácticas de delegación, las de participación pueden extenderse más allá de una región o un país, y abarcar todo el planeta. Esto significa decir que la apreciación de las amenazas globales (cambios climáticos, riesgos medioambientales, ética del ser humano) no es competencia exclusiva de los expertos, y que organizaciones internacionales podrían dirigir procedimientos de democracia deliberativa mundializada.
Estos pasos, aun experimentales, son revolucionarios porque trazan los contornos de otra democracia que reconocería la legitimidad de la opinión sensata de un panel responsable y la equidad de los procedimientos dialogados. Porque “una medida equitativa es una medida tomada conforme a procedimientos que generan en todos los protagonistas la convicción de que es equitativa7”. Estos procedimientos son evidentemente necesarios para dirigir los complejos objetivos de las nuevas tecnologías8, pero contribuirían también en gran medida a la resolución de conflictos éticos o políticos9.
Notas al pie:
1 Encuesta IFOP-Journal du dimanche, 25-07-04.
2 José Saramago, “¿Qué es exactamente la democracia?”, Le Monde diplomatique, edición Colombia, agosto de 2004.
3 André Bellon y Anne-Cécile Robert, Le Peuple inattendu, Syllepse, París, 2003.
4 Michel Callon, Pierre Lascoumes y Yannick Barthe, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Seuil, París, 2001.
5 Estos procedimientos denominados en Dinamarca “conferencias de consenso”, fueron impulsados allí en los años 1980 y se encuentran relativamente institucionalizados. Véase el sitio estadounidense del Loka Institute (www.loka.org) y el de la Fondation sciences citoyennes: www.sciencescitoyennes.org.
6 Daniel Boy, Dominique Donnet-Kamel y Philippe Roqueplo, “Un exemple de démocratie délibérative: la conférence de citoyens sur l’usage des OGM en agriculture et dans l’alimentation”, Revue française de science politique, 50 (4-5), 779-809, 2000.
7 Agir dans un monde incertain, op. cit.
8 Suzanne de Cheveigné, Daniel Boy y Jean-Christophe Galloux, Les Biotechnologies en débat. Pour une démocratie scientifique, Balland, París, 2002.
9 Jacques Testart, “Conférences de citoyens: les vertus du débat public”, Transversales Science Culture, 2do trimestre 2002.
J.T.
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