El domingo 16, durante la movilización más numerosa en la historia política del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció el inicio de las primeras acciones de resistencia civil en contra de un fraude electoral que incluyó, dijo, “la falsificación” de 60 por ciento de las actas de escrutinio y cómputo. Eso significaría que hay un millón y medio de votos no sustentados en las boletas electorales, en el marco de unos comicios donde, según el conteo preliminar del Tribunal Federal Electoral (IFE), la diferencia entre Calderón y AMLO fue de apenas 0,58 por ciento (244 mil sufragios).
En el marco de su segunda “asamblea informativa” en la Plaza de la Constitución, tras un recorrido de cinco quilómetros por Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la capital, López Obrador afirmó que “México no merece un presidente espurio, sin autoridad moral y política” y recomendó al oficialista Ernesto Calderón que piense que “una elección fraudulenta no se borra ni con todas las aguas de los océanos”. Calderón, agregó, debería aceptar la revisión de las actas y el recuento voto por voto en todas las casillas del país. “Si él sostiene que ganó, no tiene por qué negarse (…). Nadie debe temer que la elección se limpie.” Un día después, en un tácito rechazo a un nuevo conteo, Calderón respondió: “No aceptaré chantajes ni amenazas. Nadie puede pretender ganar en las calles lo que no obtuvo en las urnas”.
La movilización del 16 de julio, considerada ya un parteaguas en la vida política del país, reunió a más de un millón y medio de personas, según los organizadores, y 1.100.000, según la policía del Distrito Federal. Miles de manifestantes vestidos de amarillo, color que identifica al Partido de la Revolución Democrática (PRD), gritaron la consigna “voto por voto, casilla por casilla” y enarbolaron carteles con leyendas que decían “Todos somos renegados”, “Yo también soy un peligro para México” o “Despacio, sin prisa, Televisa te idiotiza”. Una niña de 7 años portaba una cartulina que rezaba: “Aunque soy pequeñita, me doy cuenta de su pinche trampita”. Pero uno de los que más destacaba era un cartel con la imagen del presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, rematado por dos palabras: “Delincuente electoral”.
Cuando millares de simpatizantes de López Obrador aún no iniciaban su recorrido, en el Museo de Antropología, ante un Zócalo abigarrado, pluriclasista, el escritor Carlos Monsiváis comenzaba a leer un texto elaborado con Sergio Pitol, flamante premio Cervantes de literatura. “Sin presumir el monopolio de la verdad”, llamaron a “no abandonar nuestros votos en la fosa común de la resignación o la apatía”. A la gente “indignada, alegre, informada y muy decidida” que allí estaba, le recordaron que “la violencia ha sido el instrumento de la derecha; una violencia ideológica, de mentiras y compra de voluntades, calumnias grotescas y difamaciones y fraudes hormigas (…). Los que desataron la campaña de ‘López Obrador, un peligro para México’ exhiben también su mentalidad clasista: si un candidato presidencial es ‘un peligro para México’ lo son también los que deciden votar por él en números tan elevados (…). Si el dinero a raudales decide quién gobierna, el gobierno que llega obedecerá al dinero a raudales. Si así han querido ganar, así inevitablemente querrán gobernar. Tanto gastan, tanto han de recuperar con creces. Mentir para imponerse es ignorar en definitiva la ubicación de la verdad”.
A su turno, López Obrador convocó a sus seguidores a reforzar los campamentos ciudadanos ubicados en las afueras de los 300 distritos electorales, donde se encuentran resguardados los votos en las urnas. Dijo que esa vigilancia es indispensable para evitar que se introduzcan o extraigan boletas de los paquetes electorales de manera ilegal. Propuso, además, que esos 300 campamentos se conviertan en centros de toma de decisión. Y alertó: “Tengamos presente que nuestros adversarios apuestan, entre otras cosas, al desánimo y al desgaste de nuestro movimiento”.
La multitudinaria concentración se dio a contrapelo de la nueva campaña de los círculos empresariales y los grandes medios de difusión masiva, en particular los electrónicos, que sostienen que la protesta callejera es ilegal, polariza a la sociedad y conduce a la violencia. Todo indica que la confrontación recién comienza, o que ha entrado en una nueva fase. Pero parece evidente que se está en presencia de un amplio movimiento social de largo alcance, que trascenderá el resultado legal de los comicios.
La estabilidad política descansa ahora en las decisiones que tomará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La crisis política podrá resolverse o profundizarse a partir de lo que decidan siete magistrados, a quienes la Constitución les otorga facultades amplísimas. Incluso, la de decidir abstenerse de declarar válida la elección, debido al estrecho margen entre el primer y el segundo lugar; el equívoco comportamiento del Consejo General del IFE y el enorme cúmulo de irregularidades que han ido surgiendo; la gran cantidad de juicios de inconformidad ya presentados y, sobre todo, la violación de los principios de certeza, equidad e imparcialidad tanto en la campaña como en la jornada comicial.
La decisión del tribunal es especialmente difícil, porque no sólo habrá de tomar en cuenta las violaciones a la ley que rodean todo el proceso electoral sino también la evaluación de las consecuencias de sus actos en una sociedad agraviada, dividida y polarizada. La presión sobre ellos es enorme. Pero no es sólo la de los perredistas y sus aliados en la calle. La presión principal viene de los poderes fácticos y los protagonistas políticos de la derecha en el poder, quienes cuentan, además, con la presión mediática ejercida por destacados comentaristas y editorialistas del consorcio Televisa, que ya ha decidido que ganó Felipe Calderón y buscan imponerlo a toda costa.
OPCIONES. Se han manejado tres posibilidades: confirmar el resultado preliminar anunciado por el IFE el 6 de julio, que arroja una precaria ventaja para Calderón; aceptar como válidas las impugnaciones del PRD que involucran unas 50 mil casillas y ordenar un nuevo conteo de votos, lo que podría modificar el resultado, y anular los comicios, lo que derivaría en la designación de un presidente interino por el Congreso, y abriría un espacio de 18 meses para la convocatoria a nuevas elecciones. El tribunal se creó para resolver los conflictos en el espacio de las instituciones. Si no, el conflicto se irá a las calles y el país podría entrar en una nueva etapa de turbulencias políticas, un escenario que a su vez podría derivar en la violencia.
En principio, el equipo que rodea a Calderón ha diseñado una nueva estrategia con base en tres objetivos clave: intentar desactivar la base social de apoyo a AMLO, articular una alianza con sectores del Partido Revolucionario Institucional y cohesionar en torno a su candidato a los indecisos o aquellos que dudan del resultado de la elección. Dicha estrategia tiene como eje los medios de comunicación, desde los cuales ya han comenzado a incrementarse mensajes propagandísticos dirigidos, por un lado, a ganar o neutralizar al sector intelectual liberal y a los dirigentes de la izquierda social y, por otro, a difundir el anuncio de políticas sociales –incluso aquellas que fueron parte de la campaña de sus adversarios– para combatir la pobreza. La preocupación principal del equipo panista es el carácter conservador y católico ultramontano que rodea a Acción Nacional y a Calderón, por lo que la nueva campaña busca convertirlo en un “demócrata de centro”, de esencia “liberal”, convencido del Estado laico y la educación laica.
Sin embargo, Calderón no la tiene fácil. López Obrador convocó a una tercera asamblea informativa para el domingo 30. En ese lapso sin duda comenzarán a incidir las acciones de resistencia civil pacífica que estudia un comité de la coalición Por el Bien de Todos, que podría incluir un llamado a no consumir productos de empresas que financiaron la guerra sucia mediática contra AMLO, entre las que podrían figurar Coca-Cola, Jumex, Bimbo, Sabritas. Además, brigadas de contrapropaganda podrían difundir en celulares, Internet, automóviles y contestadoras de teléfono el siguiente mensaje: “El fraude sí es un peligro para México”.
Carlos Fazio desde México
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