Mientras que los jefes de Estado de Europa y América Latina
se reunieron en Lima, “protegidos” por rejas y miles y miles de policías, para
la Quinta Cumbre Oficial entre ambas regiones, la Universidad Nacional de
Ingeniería fue el escenario de la Cumbre de los Pueblos: Enlazando
Alternativas. Activistas de ambas regiones se juntaron para discutir
alternativas al neoliberalismo, para la creación de un mundo más justo, democrático
y solidario. El activista-investigador portugués Boaventura de Sousa Santos fue
uno de los participantes más conocidos y queridos. Boaventura –professor de
Sociología del Derecho en Yale y Coimbra- es actualmente uno de los principales
intelectuales en el área de ciencias sociales, con reconocimiento
internacional. El periodista Raphael Hoetmer lo entrevistó durante su estadía en Lima.
¿Cómo caracterizas el escenario actual en América Latina?
Los cambios en el mundo son rápidos, y muestran muchas
contradicciones, debido a la asociación de eventos políticos que nos han
impactado mucho en los años recientes. Ejemplos de ellos, son los cambios en
Ecuador y Bolivia, y recientemente en Paraguay. En estos países han ganado un
economista progresista, un campesino indígena y un sacerdote de la teología de
liberación, materializando la resistencia contra las políticas neoliberales de
las últimas décadas.
Por otro lado, América Latina es una pieza clave en las
estrategias económicas actuales de las empresas transnacionales y los gobiernos
del Norte global. Hay que entender que el sistema capitalista siempre necesita
nuevos espacios para generar ganancia económica. De esta manera, la expansión
del mercado ha llegado a convertir el agua, los servicios de salud, y la
educación en mercancía. Algo que anteriormente era impensable. En este momento,
la mercantilización de los recursos naturales es la estrategia fundamental para
la acumulación de capital al mediano plazo, poniendo la biodiversidad enorme de
América Latina en el centro de la atención.
Este proceso, de re-enfocar América Latina, ha sido acelerado por el fracaso de la
guerra en Irak. Los Estados Unidos encontraron que durante su relativa ausencia
en su backyard, se habían gestionado cambios en América Latina, que presentaron
dos problemas a su agenda. En primer lugar, los procesos sociales habían
avanzado fuera de su control, y mas allá de sus planes, resultando en gobiernos
progresistas, y en movimientos sociales fuertes. En segundo lugar, estos
movimientos habían llegado al poder a través de la democracia, en una época en
la cual los EE UU están usando el discurso de la lucha por la democracia para
justificar sus intervenciones alrededor del planeta.
En este escenario se desarrolla una nueva estrategia de contra-insurgencia, que consiste de una mezcla entre las estrategias de la
Alianza por el Progreso con una política conciente de división de los
movimientos, y específicamente del movimiento indígena. Por otro lado, se
intensificó en los últimos años, de manera brutal, la criminalización de la
protesta y la profundización de la militarización.
En el escenario que usted ha descrito, se puedan dar cuenta
de algunos cambios en el paradigma neoliberal. ¿Cree usted que podemos hablar
de una modificación de este a un paradigma de seguridad, en el cual toda la
actividad humana se subordina al objetivo mayor de la seguridad?
Sí, me parece que esto es la perversión final del proceso de
re-estructuración neoliberal. Efectivamente, el neoliberalismo intenta
sustituir todos los conceptos existentes, como los de desarrollo y de la
democracia, por los conceptos de control y de seguridad, tras su incapacidad de
generar un apoyo popular sólido.
Esto es consecuencia de la profundización de la exclusión
social, de la miseria y de la desigualdad creciente bajo el capitalismo
neoliberal, que implica la emergencia de un fenómeno que quiero llamar el
fascismo social. Este no es un régimen político, pero una forma de
sociabilidad, de desigualdades tan fuertes, que unos tienen capacidad de veto
sobre la vida de otros. Corremos el riesgo de vivir en sociedades que son políticamente
democráticas pero socialmente fascistas.
El mejor ejemplo de esta lógica es el doloroso incremento
del hambre en el mundo, que muestra la contradicción entre la vida (la producción
de alimentos accesibles para la población mundial), y la ganancia (la producción
de los rentables bio-combustibles). La emergencia del fascismo social muestra
que la modernidad como proyecto está roto, porque no ha cumplido sus promesas
de libertad, igualdad y solidaridad, y ya sabemos que no va a cumplirlas tampoco.
En este escenario, se presenta entonces la contradicción
entre el paradigma de la seguridad, y de la lucha contra el terrorismo a un
lado, y al otro los Estados que reivindican su soberanía, los movimientos
sociales, y específicamente las luchas de los pueblos indígenas. Es en los
territorios indígenas donde se encuentra el ochenta por ciento de la
biodiversidad latinoamericana. Las organizaciones como la Coordinadora Andina
de Organizaciones Indígenas (CAOI), la Confederación Nacional de Comunidades
Afectadas por la Minería del Perú (Conacami), y la Coordinadora Nacional de
Ayllus y Marqas (Conamaq), son en este sentido un peligro para el status quo.
No sorprende, por ende, que la criminalización de la
disidencia que existe en toda América Latina, es aún más fuerte en contra de
los indígenas, como vemos en el Perú y en Chile. Queda claro que existe la
intención de transformar a los indígenas en los terroristas del siglo XXI, como
muestran los documentos de la CIA. En Global Trends 2020, se puede ver que sus
grandes preocupaciones son la radicalización del movimiento indígena y el
control de los recursos naturales. De hecho, Alan García (el presidente del Perú,
red.) toma esto como inspiración cuando habla de las redes de terroristas que
iban a atacar la Cumbre entre Europa y América Latina.
El uso de las leyes antiterroristas en contra de los
dirigentes indígenas se basa en una descaracterización total del concepto del
terrorismo, ya que esto significa el ataque y el daño a civiles inocentes. En
el caso de las luchas de los indígenas, máximamente se trata de ataques a la
propiedad privada para defender otra propiedad: la propiedad comunitaria y
ancestral. Esto no cabe en ningún concepto de terrorismo. Por lo tanto, el uso
de estas leyes debería ser suprimido lo antes posible.
En este sentido, el llamado consenso post-Washington,
es post porque los neoliberales ya no confían solamente en la economía, y por
lo tanto, aplican la guerra y la lucha contra el terrorismo, para mantener el
sistema de desigualdad a nivel global. Ejemplos claros de esto, podamos ver en
Santa Cruz de la Sierra, donde paramilitares colombianos entrenan a los grupos
privados de seguridad de la oligarquía cruceña, que está decidida a defender el
status quo.
¿Cuáles son las posibilidades y desafíos para la
izquierda latinoamericana en este contexto?, y ¿cuál es el papel de Brasil y
Venezuela, que parecen impulsar proyectos propios que buscan una hegemonía
regional?
Es evidente que en el continente han emergido gobiernos con una
lógica distinta al Estado capitalista neoliberal. En sus gestiones económicas
podemos señalar dos vertientes diferentes. A un lado, los gobiernos de Lula da
Silva, Cristina Fernández y Michelle Bachelet, mantienen la macro-economía
neoliberal, pero profundizan la protección social en los márgenes de la
sociedad. Otros gobiernos, como los de Evo Morales, Rafael Correa y Hugo Chávez
intentan cambiar el sistema económico.
Desde una lógica de mayor soberanía, aplican diferentes
estrategias, como la nacionalización, la recontractualización de la explotación
de los recursos naturales, o la entrega de esta explotación a empresas privadas
pequeñas nacionales.
En los casos de Brasil y Venezuela, existe el deseo de hacer
cosas nuevas, pero sus gobiernos siguen trabajando con conceptos viejos del
desarrollismo y del Estado. En Brasil, el gobierno deja, por ejemplo, todo el
trabajo del desarrollo económico a las empresas nacionales y multinacionales.
Esto incluye las inversiones inmensas en el agro combustible. Simultáneamente,
Lula invierte en la redistribución social, a través de políticas sociales. En
Venezuela se hace lo mismo, pero sobre la base del petróleo.
En ambos casos, se ve una mayor sensibilidad a la cuestión
social, como también, de maneras diferentes, un cuestionamiento a las empresas
transnacionales y sus actividades. La respuesta de las empresas a ello, es la
invención de la responsabilidad social. Construyen escuelas y hospitales para
sus relaciones públicas, para hacer aparecer que ellas también están
preocupados por la desigualdad, en sociedades cada vez más desiguales. El
Tribunal Permanente de los Pueblos, que se desarrolló durante esta Cumbre de
los Pueblos en Lima, evidencia claramente que detrás de esta cara humana
persisten las violaciones estructurales de los derechos humanos por parte de
los transnacionales.
Analizando al caso de Brasil, uno piensa en la tesis
de Ruy Mauro Marini, quien sostuvo que las condiciones de desarrollo de Brasil
lo llevarán inevitablemente a una posición sub-imperial en el continente. Y, es
cierto, que Brasil -como Sudáfrica en Africa- explota fuertemente a sus países
vecinos, a través de sus empresas estatales, que a menudo no difieren de las
empresas transnacionales del Norte global. No obstante, ya que estas empresas
son nacionales, hay más sensibilidad a la lógica política, que permite la
distorsión de la lógica del mercado por la negociación política. Así sucedió,
con Petrobras en Bolivia, y ahora, posiblemente, con la hidroeléctrica en
Paraguay.
Es un proceso confuso y contradictorio, pero sostengo que
podemos ver la emergencia de una solidaridad regional, con mayor apertura y
tolerancia a las diferencias políticas.
El caso de Bolivia lució por mucho tiempo como el
proceso más transformador de la región, pero ahora ha entrado en crisis. ¿Cómo
analiza usted el escenario boliviano y el proceso de regionalización
subnacional que se está reivindicando en el país?
La regionalización subnacional ha sido promovida por el
Banco Mundial, en la forma de descentralización, que apuntó a desmontar el
Estado central, a través de la transferencia de responsabilidades del Estado
central a los niveles locales. En Bolivia había una posición de descentralización
dirigida por las autonomías indígenas, desde una visión política y cultural sólida,
que permitió que los indígenas ganaran algo con las políticas de
descentralización, impulsadas por el Banco Mundial.
Pero la bandera de la descentralización ha sido asumida
ahora por las oligarquías, en respuesta a su perdida de control del Estado
central. Ellos siempre habían sido centralistas, pero ahora tenían que tomar la
bandera de la autonomía para defender sus privilegios económicos. Obviamente,
esto generó un problema político para el movimiento indígena en Bolivia, que
siempre habían promovido la autonomía de los oprimidos, y no de los opresores.
En mi opinión, la declarada autonomía de Santa Cruz es ilegal, ya que no pueden
hacer esto bajo la vieja constitución; si es una nueva, está por ser aprobada.
En realidad, la decisión de las autonomías tocaría al Congreso, después de que
se implemente la nueva constitución.
Yo he defendido en Bolivia, la distinción entre autonomías
ancestrales y las de la descentralización. Propongo entender a las autonomías
indígenas como extraterritoriales en relación a las autonomías departamentales.
Es decir, se deberían basar en el control total de su territorio, fuera de la
gobernabilidad descentralizada, ya que son anteriores al proceso de
descentralización. Pero habría que fortalecer la institucionalidad indígena,
que aún es muy frágil, frente el poder de las oligarquías bolivianas.
En todo caso, el debate actual es sumamente peligroso, ya
que existen deseos recíprocos de enfrentamiento armado. Las oligarquías no
quieren dejar sus privilegios, y los indígenas no van a dejar pacíficamente que
se divida al país. Es muy interesante, ya que serían ellos los que defenderían
al país.
En el nuevo escenario continental, Perú y Colombia
representan posiciones diferentes a los nuevos gobiernos progresistas. ¿Cuál es
su rol en los procesos actuales en América Latina?
Está claro que estos dos países representan al status quo
neoliberal y a los Estados Unidos en la región. Me da la impresión que además
actúan desde una complementariedad. Colombia, representa la lógica militar, que
busca la creación de conflictos y tensiones que crean condiciones para la
creciente militarización e intervención en la región. En el Perú se esta
impulsando una lógica similar, con la fuerte criminalización de las
organizaciones sociales. Este siempre es el primer paso que prepara la militarización
posterior. De hecho, existen indicaciones muy claras, que la base de Manta en
Ecuador se mudará a la Amazonía peruana.
Como ya dije, estos procesos de criminalización y
militarización buscan asegurar el libre acceso y la mercantilización de los
recursos naturales. Obviamente, en este modelo económico, el Perú juega un
papel central, debido a sus enormes reservas de hidrocarburos, minerales y
metales preciosos. Y las élites políticas y económicas del Perú están muy
dispuestas a asumir este papel de exportador de recursos naturales en la división
mundial del trabajo, ya que ellos ganan con esto. No obstante, la mayoría de
los peruanos no ha ganado nada en los últimos años de crecimiento económico
espectacular, y lógicamente buscarán alternativas al gobierno actual.
En todo este escenario, ¿cuál es el papel de Europa?
Al nivel de los contactos entre las organizaciones sociales
de ambas regiones hay cosas muy positivas. Un proceso como Enlazando
Alternativas muestra la profunda solidaridad que exista entre los pueblos de
ambos continentes y la voluntad de las organizaciones europeas de aprender de
las luchas latinoamericanas.
Pero al nivel de los gobiernos, veo algo muy
diferente. Crecientemente, Europa busca seguir las políticas de los Estados
Unidos, enfocadas en el acceso a los recursos naturales, para mantener su
posición competitiva en el mundo. Esto me repugna aún más, ya que Europa tiene
una deuda cultural, social y ecológica histórica muy grande con América Latina,
por el saqueo de los recursos naturales del colonialismo y el genocidio a los
indígenas. Por lo tanto, me parece inaceptable implementar en la actualidad políticas
neocoloniales, que dan continuidad al mismo saqueo. No obstante, todo indica
que en la actualidad las empresas transnacionales europeas definen la agenda de
la UE, imposibilitando una posición europea que fortalecería la democracia, los
derechos humanos y la redistribución social en el continente.
En este mundo tan confuso, en el cual parecen chocar diferentes proyectos territoriales, ¿cómo ve usted el futuro?
Esta clarísimo que estamos entrando en una fase histórica de
polarización. A un lado, las políticas de mercantilización buscarán el libre
acceso a los recursos naturales, y la continuidad de los privilegios económicos
de las élites. Al otro, existe un imaginario radicalizado en las fuerzas
progresistas del continente, que han desarrollado concepciones distintas de la
democracia, del desarrollo, de los derechos y de la sustentabilidad, que son
compartidas por cada vez más personas y organizaciones. Me da la impresión de
que las fuerzas dominantes ya no pueden cooptar este imaginario radical, con
sus propuestas de protección social. Y por esto la represión. Entonces vemos la
confrontación entre la represión y la imaginación utópica. Es difícil de decir,
a dónde vamos. Como sociólogos prevemos bien el pasado, no tanto el futuro.
Para mí el horizonte sigue siendo la democracia y el
socialismo, pero un socialismo nuevo. Yo he dicho, en diferentes ocasiones que
el nuevo nombre del socialismo, es democracia sin fin. Mi apuesta es una para
la democracia radical, ya que ella representa una alternativa a dos ideas
fundamentales. No creo que se pueda cambiar el mundo sin tomar el poder, pero
tampoco creo que podemos cambiar algo con el poder existente. Entonces, afirmo
que debemos cambiar las lógicas del poder, y para ello las luchas democráticas
son cruciales.
Estas luchas son radicales, porque están fuera de las lógicas
tradicionales de la democracia. Sostengo que debemos profundizar la democracia
en todas las dimensiones de la vida. Desde la cama hasta el Estado, como dicen
las feministas. Pero también con las generaciones futuras y con la naturaleza,
lo cual nos urge a parar la destrucción del planeta que actualmente se está
desarrollando.
Nuestro objetivo es salir de una democracia tutelada,
restringida, de baja intensidad, para llegar a una democracia de alta
intensidad que realmente haga que el mundo cada vez sea menos confortable para
el neoliberalismo. Pero la realidad no cambia espontáneamente. En política para
hacer algo hay que tener siempre dos condiciones: hay que tener razón a tiempo,
en el momento oportuno; y hay que tener fuerza para poder imponer la razón.
Publicada 02/06/2008


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