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Latinoamérica, ¿el nuevo campo de los mercenarios de Estados Unidos?

Scahill presentó ayer en España esta historia
no autorizada sobre el imparable ascenso de Blackwater desde los atentados del
11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos y sobre su conversión en uno de los
poderes fácticos más influyentes del complejo militar-industrial estadounidense.


En declaraciones a EFE, este periodista de 32 años que escribe en el
semanario The Nation, comenta que Blackwater consiguió beneficios récord en los
últimos dos trimestres, pero que su objetivo es diversificar el negocio para
adaptarse a nuevas realidades y que eso pasa por América latina.

“Blackwater podría terminar en América latina”, dice Scahill, quien
destaca que el Pentágono instó a la compañía que preside Erik Prince, un ex
militar rico y muy conservador, a optar por un plan contra la droga, para México
y Colombia, con un presupuesto de 15 mil millones de dólares.

Es a
través de estas “empresas privadas” como Washington quiere garantizar su
presencia en la región “sin dejar una huella militar”, explica el periodista,
quien sostiene que los miles de millones de dólares que Estados Unidos ha
invertido en los últimos 15 años en la lucha antidroga en la región han sido
para “la lucha contrainsurgente”.

Según el autor de Blackwater. El auge
del ejército mercenario más poderoso del mundo, un ejemplo es Colombia, que
recibe de Estados Unidos 630 millones de dólares anuales, de los cuales Bogotá
destina buena parte a pagar los servicios de empresas de las mismas
características que Blackwater, como DynCorp.

“El futuro pasa por el
entrenamiento y la preparación de militares latinoamericanos, con el objetivo de
tener pequeños equipos paramilitares trabajando para estas compañías en América
latina. Veremos un incremento de la presencia de estas empresas que deciden
radicarse en la región”, pronostica Scahill.

La lógica es la del negocio
y la del mercado libre, la misma que llevó a Blackwater y otras empresas que
contratan mercenarios a fijarse en la “mano de obra barata” que ofrecían países
como Chile, Honduras, El Salvador, Perú y Bolivia.

Frente a los 10 mil
dólares al mes que puede cobrar un mercenario estadounidense o de otro país del
Primer Mundo por prestar sus servicios en Irak, los latinoamericanos aceptan el
mismo riesgo, ofreciendo la misma preparación, por sueldos de mil dólares.

Se trata de militares que se formaron en las décadas de los ´80 y los
´90, en el marco de las “guerras sucias” instigadas por Washington, y que ya han
tenido experiencia en técnicas de contrainsurgencia, tiro de precisión, guerra
de comandos, espionaje e interrogatorio.

Cerca de mil chilenos fueron
enviados a Irak por gestión de José Miguel Pizarro Ovalle, a quien el autor
describe como “un admirador de Pinochet, que trabajó como traductor para el
ejército estadounidense antes de convertirse en enlace entre más de 12 gobiernos
latinoamericanos y fabricantes de armas de Estados
Unidos”.

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