Más de 130 manifestantes de diversas nacionalidades, en particular africanos y latinoamericanos, son los protagonistas de la caminata, que concluirá a fines de octubre en Madrid.
Las personas partieron de la principal urbe de la Comunidad Autónoma de Cataluña, con el objetivo de llegar a la capital del país ibérico entre los días 21 y 25 del próximo mes. Según la Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallés (FAIV), organizadora de la marcha, los manifestantes recorrerán a pie el trayecto entre Barcelona y Madrid, de unos 700 kilómetros, por etapas de 25 kilómetros diarios.
El secretario general de la FAIV, el ecuatoriano José González, de 50 años, confirmó a El Telégrafo que a medida que la marcha avance se sumarán más migrantes, quienes se alojarán en refugios e iglesias.
González, quien lleva una década en España y se encuentra en paro en estos momentos, aseguró que caminará desde el principio hasta el final, y cuando llegue a Madrid, le entregará al Presidente del Congreso español un documento oficial en el que se detalla las razones de los migrantes para rechazar la Ley.
Entre los aspectos más polémicos del proyecto presentado en junio pasado por el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, está que se amplía de 40 a 60 días el plazo de retención de los indocumentados en los denominados centros de internamiento.
La modificación limita, además, la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), quienes solo podrán venir a España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita cinco años de residencia legal.
El gobierno español salió ayer al paso para defenderse de las críticas que está recibiendo por su proyecto y reiteró que su objetivo es favorecer una inmigración vinculada con las necesidades del mercado laboral y no recortar derechos.
En un desayuno informativo en Madrid, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, señaló que la normativa remitida al Parlamento pretende crear un marco adecuado para una política migratoria sostenible.
“En este país no vamos a echar a nadie y menos si está desempleado”, señaló, y agregó que la inmigración debe ser ordenada, y vinculada a las necesidades del mercado de trabajo, y en coordinación con las políticas europeas sobre la materia. Corbacho recordó que en España viven más de 4,5 millones de inmigrantes -el 12% de la población- y que es necesario adaptar el marco normativo a la nueva realidad del país.
Para las organizaciones que respaldan la marcha, el proyecto de ley contempla a las personas emigradas solo como medios de producción y no como seres humanos con plenos derechos.
La Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (Redi), integrada por diversos colectivos sociales, denunció que la futura norma profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial y criminalizará a las personas de origen extranjero. Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia se ve seriamente amenazado, declaró Redi.
La Coordinadora de ONG de Desarrollo (Congde) advirtió que las restricciones a la reagrupación familiar planteada por el proyecto vulnera no solo el derecho a vivir en familia. Aseguró que repercute también en uno de los principales mecanismos de desarrollo de los países de origen: la cuantía de las remesas enviadas por los inmigrantes es equiparable al presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo del conjunto de la Unión Europea.
Redacción Mundo y agencias
Entrevista a Hugo Colacho, presidente de la Asociación de Inmigrantes del Vallés (FAIV)
Sentado bajo unas acacias en la ciudad de Molins de Rei (municipio de Cataluña) para tomar un descanso luego de caminar algunos kilómetros, el presidente de la Asociación de Inmigrantes del Vallés (FAIV) e impulsador de la marcha, el uruguayo Hugo Colacho, señaló ayer a El Telégrafo que el evento representa “un grito de dignidad para que retumbe en el Congreso, y la voz de los sin votos sea escuchada”.
¿Por qué rechazan la nueva Ley de Extranjería?
En primer lugar consideramos que en el siglo XXI apresar a un ser humano por una falta que es no tener los papeles en regla, me parece que es trasladarnos a épocas arcaicas. Creemos que los centros de internamiento de los migrantes deben cerrar. No se puede tener a un ser humano un solo día por una falta administrativa y así lo dice Amnistía Internacional, y otros organismos vinculados a los derechos humanos.
¿Qué considera que debe modificarse?
En la actualidad, un español que se queda sin trabajo va al paro y luego que se determina su situación, cobra el subsidio y tendrá ayuda de su familia. Los inmigrantes, que también somos afectados por la crisis económica y representamos el sector más débil de la sociedad, cuando nos quedamos sin trabajo, y pasan seis meses sin conseguir empleo, no se nos renueva el permiso de residencia, se nos declara ilegal, y se nos detiene por no tener los papeles en regla. Creemos que esto es una gran injusticia. Nosotros hemos venido a trabajar, aportamos a la Seguridad Social y solo porque nos hemos quedado sin empleo, somos expulsados de España.
La Ley también prolonga a 65 años la edad de los ascendientes para que puedan reagruparse con sus familiares en España…
Sí, estamos reclamando que tenemos derecho a vivir en familia, derecho básico de un ser humano. Somos buenos para cuidar a los ancianos y niños de los autóctonos, pero el Gobierno ahora nos impide con esta ley reagrupar a nuestros padres e hijos.
El gobierno español se manifestó hoy (ayer) y defendió la ley…
Sí, el Gobierno defiende lo indefendible. En el caso concreto de esta ley, realmente se está haciendo a espaldas de los organismos de derechos humanos, a espaldas de los inmigrantes, que además de no tener voz, nos somos escuchados. Creemos que España ha perdido la memoria, que Europa ha perdido la memoria y que cuando se legisla para los trabajadores llaman a los sindicatos y ahora que están legislando en un área muy sensible, el Gobierno no ha llamado a ni una sola asociación de migrantes para que diga qué pensamos de la ley, la cual debe ser fruto del consenso y no una decisión de pocos.
¿Qué aspiran lograr con esta marcha?
Simplemente que se abra un debate democrático sobre el fenómeno migratorio. (Diana Auz)
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