La Constitución no lo prohíbe expresamente. Expertos consideran que podría poner en riesgo la confianza ciudadana en el sistema democrático, una politóloga cree que el tema debe debatirse antes de tomar una decisión. La propuesta aún no es de todo el MAS.
Llamar a un nuevo referéndum para consultar si el presidente puede volver a ser candidato es posible. En la Constitución Política del Estado no hay un solo artículo que prohíba volver a consultar a la ciudadanía sobre el tema. Sin embargo, hay una ley orgánica, la de Régimen Electoral, que plantea una salvedad en su artículo 15: “Las decisiones adoptadas mediante Referendo tienen vigencia inmediata y obligatoria, y son de carácter vinculante. Las autoridades e instancias competentes son responsables de su oportuna y eficaz aplicación”. Y es ahí donde se encienden dos debates políticos fundamentales.
El primero tiene que ver con la legalidad de la consulta. El segundo con la pertinencia de realizar un segundo referéndum en un contexto de crisis económica y cuando la ciudadanía acaba de votar en contra de la repostulación del presidente y del vicepresidente.
La vía jurídica
Para modificar la Constitución hay dos caminos señalados por la misma Carta Magna: la reforma parcial (de uno o de varios artículos) y la reforma total. Para la primera, también hay un par de vías: que la iniciativa sea legislativa, que se formule una pregunta, que va a consulta de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y que después se somete a referéndum. Esa ya pasó el 21 de febrero. Por esa ruta ya hubo un fracaso del MAS y de sus dos principales líderes.
La otra vía es la iniciativa popular. Que se colecten las firmas equivalentes al 20% del padrón electoral (1.299.587), que se plantee una pregunta que también va a consulta de constitucionalidad y que después se la someta a referéndum. Esa es la ruta que ahora intenta trazar el MAS a partir de la propuesta de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y de los interculturales. Héctor Arce, el procurador que también es uno de los abogados de mayor confianza del presidente Evo Morales, ya dijo en conferencia de prensa: “Una reforma constitucional parcial puede ser planteada las veces que sea necesaria, las veces que se quiera hacerlo, por los dos mecanismos: por las firmas, por la Asamblea (Legislativa). La Constitución no limita la cantidad de reformas que se puedan hacer en uno, dos, tres o cuatro periodos constitucionales”, aunque después aclaró que esa era su opinión y no el camino que estaba siendo trazado por el Gobierno.
El constitucionalista José Antonio Rivera dice con contundencia que no es así. Que el resultado del referéndum del 21F es vinculante y obligatorio si se respeta la Ley de Régimen Electoral, aunque el tema no esté precisado en la Carta Magna. No obstante, reconoce que si se cambia el sentido de la pregunta, la situación puede ser diferente y acomodarse a los planes ya manifestados por el oficialismo.
El abogado constitucionalista José Antonio de Chazal, tras explicar el procedimiento de reforma constitucional, concluye que la Carta Magna no prevé nada sobre si se puede hacer uno o varios referéndums sobre el mismo tema. Explica que en el Derecho Constitucional comparado, se entiende que cuando se hace una consulta directa al pueblo, la misma ya no puede hacerse nuevamente cuando se ha obtenido un resultado. “Pero la Constitución boliviana no lo prohíbe. Por eso, aunque iría contra la razón de la doctrina constitucional, alguien podría intentar esa vía”.
Otras miradas
La propuesta ya fue lanzada y el tema está instalado en la opinión pública. A pesar de ello, no todos los sectores se alinean detrás de ella. Por ejemplo, el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Feliciano Vegamonte, prefiere no opinar sobre “iniciativas de algunos sectores”. Deja claro que no es una propuesta del Conalcam, que aglutina a todos los movimientos sociales y que el tema será analizado con calma.
El análisis de la politóloga Elena Argirakis va en la misma línea. Ella cree que el debate sobre la pertinencia o no de la reelección debe instalarse y agotarse, ya que en la anterior campaña esta discusión no se cerró, porque la agenda política del país fue copada por las denuncias de tráfico de influencias y del supuesto hijo del presidente Evo Morales, las que –en su criterio- ya están agotadas y resueltas. En tal sentido, opina que primero debe debatirse el tema en la sociedad civil y no ve prudente que se tomen decisiones sin que exista la discusión precisa sobre los argumentos a favor y en contra de la repostulación.
El poder
Pasaron tres meses de la derrota en las urnas del 21-F. El presidente se ha referido varias veces al tema. Cuando dijo que ese fue el primer tiempo y que faltaba el segundo; luego fue complementando su idea al señalar que “en el segundo tiempo se sabrá quién es quién”. Para el Gobierno, los culpables del resultado adverso para el MAS están en la oposición, en los medios de comunicación que dieron a conocer el caso Zapata y en las redes sociales.
En criterio de los politólogos Carlos Toranzo y Roberto Laserna, la decisión de llevar la repostulación a una nueva consulta puede provocar una derrota mayor a Evo Morales. “Habría más gente que vote contra Evo y, a la par, creo que el fraude sería mayor, que los controles políticos serían mayores. Puede ganar pero no de manera transparente sino manipulando datos. La desesperación es tal que todos los poderes están más controlados que en el pasado”, concluye Toranzo.
El hecho de que este mismo año se hubiera realizado la consulta sobre la repostulación lleva a Laserna a opinar que la ciudadanía vería un nuevo referéndum sobre el mismo tema como una deslealtad con la democracia y un gasto en tiempo de crisis. La suma gastada en febrero fue de alrededor de 140 millones de bolivianos.
Tensión
Los politólogos ven que en las últimas semanas se ha evidenciado nerviosismo en el Gobierno y que se nota una fase de mayor represión, de poner en tela de juicio a los que piensan diferente. Toranzo ve un escenario complicado que puede derivar en violencia y en una mayor disminución de las libertades democráticas. Para Laserna, hay una mezcla de mayor autoritarismo, debilidad de las instituciones y desconocimiento de las normas, lo que puede derivar en una falta de confianza en el futuro.
El debate está en el aire y hay varios ejes, desde la pertinencia o no de la repostulación, los protagonistas y hasta cómo lograr la legalidad.
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