En el caso particular de Ecuador, es importante
resaltar el papel de la OXY en la implementación del
Plan Colombia, porque esa petrolera junto a la Chevron
Texaco, han influido en el malabarismo geopolítico de
los distintos gobiernos ecuatorianos durante más de
veinte años, aunque es en los últimos cinco cuando la
evidencia de eso es aún mayor. Para América Latina
también es válido el antecedente mencionado porque en
el campo petrolero se pone de manifiesto la disputa
geopolítica que se está produciendo en América del Sur
entre Estados Unidos y Brasil, donde la OXY también
juega su papel..
Ecuador es uno de los escenarios destacados de esa
disputa, lo que quedó en evidencia en la fase previa a
la caída de Lucio Gutiérrez, en el desarrollo de su
salida, y en el desenlace de la misma. La Occidental y
la empresa estatal brasileña Petrobrás son dos
elementos fundamentales dentro del episodio
ecuatoriano de la disputa.
Aunque antes y siempre están las contradicciones entre
Washington y Brasilia sobre la implementación del Plan
Colombia, el control de la Amazonia, y la
consolidación de la hegemonía regional (ver artículo
de Raúl Zibechi). La caducidad o no del contrato entre
el Estado ecuatoriano y la OXY, y la prohibición a
Petrobrás de extraer crudo en el Parque Nacional
Yasuní son dos conflictos que también se enmarcan
dentro del escenario en disputa.
Estados Unidos presiona por OXY
La caducidad del contrato con la OXY, fue pedida por
el Procurador General, José María Borja, por los ex
presidentes de Petroecuador, Hugo Bonilla (antes del
final del gobierno de Gutiérrez) y Carlos Pareja
(antes de salir del gobierno de Palacio), basados en
un informe similar en el que se establece que la
petrolera norteamericana ha violado múltiples
disposiciones legales. Las principales serían: haber
traspasado derechos y obligaciones del contrato
petrolero a la empresa canadiense Encana sin que
previamente se cuente con la autorización del Ministro
de Energía y Minas; no haber realizado las inversiones
mínimas comprometidas y reincidir en infracciones al
ordenamiento legal y reglamentario. Entre otras
reincidencias, están la de haber sido multada en seis
ocasiones por no haber respetado tasas máximas de
producción autorizadas por la Dirección Nacional de
Hidrocarburos (DNH); no notificó a la DNH el inicio de
la perforación de pozos; no presentar en catorce
ocasiones el reporte final de operaciones de
perforación a la DNH; no entregar a la DNH, la
información codificada del movimiento de crudo ni sus
estados financieros e inventarios, ni la información
del plan quinquenal y no cumplir repetidamente la
regulación de entregas de petróleo crudo del Oleoducto
Transecuatoriano (SOTE).
Ante la eventualidad de la caducidad, Estados Unidos
ha venido presionando, antes al gobierno de Lucio
Gutiérrez, que no llegó a definirse a favor de la
trasnacional petrolera, y ahora al de Alfredo Palacio.
Según diversas fuentes la Embajada norteamericana le
ha hecho saber a Palacio que para firmar el TLC, antes
debe solucionar el problema de la OXY. La exigencia es
que el Estado Ecuatoriano pague a la petrolera 75
millones de dólares por devolución del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) sobre la base de un laudo
arbitral de Londres, cuya nulidad fue planteada por el
Procurador Borja; y que desista en su propósito de
declarar la nulidad del contrato.
Mencionando fuentes del “frente económico” y de la
“Procuraduría”, el diario Expreso, informó la semana
pasada que el actual gobierno estaría negociando con
la OXY algunas condiciones para no declarar la
caducidad del contrato como por ejemplo mejorar “el
porcentaje de participación que tiene el Estado”.
Brasil presiona por Petrobrás
En el caso de Petrobrás diversas organizaciones
ambientalistas ecuatorianas e internacionales han
denunciado el peligro ecológico y para las comunidades
huaoranis que representan las actividades petroleras
en el Parque Nacional Yasuní, considerado como área
protegida, y por lo tanto se ha exigido que la
petrolera brasileña se retire de la zona y se le
prohíba la actividad en el bloque 31.
El 7 julio del 2005 la Ministra del Ambiente, Ana
Albán, envió un oficio a Petrobrás indicándole que el
Ministerio no autorizaba el inicio de actividades
constructivas para un puente sobre el río Tiputini, un
paso temporal por éste y el ingreso al Parque Nacional
Yasuní, aduciendo las denuncias nacionales e
internacionales sobre posibles irregularidades en el
proceso de la emisión de la licencia ambiental.
El 26 de julio, el Presidente de Brasil Luiz Inacio
Lula da Silva, envió una
carta al Presidente del Ecuador, mostrando su
preocupación por la prohibición. En la misma, Lula
dice: “Deseo manifestar a vuestra excelencia mi
preocupación por la reciente decisión del Gobierno
(ecuatoriano) de suspender las actividades de
Petrobrás en el bloque 31, hecho que pone en riesgo el
propio futuro del proyecto”. Acto seguido, se dispone
un viaje urgente a Quito del Canciller brasileño Celso
Amorín. Versiones de prensa que citaron fuentes de la
Embajada de Brasil en Ecuador señalaron que Amorín,
venía para firmar “varios convenios”, aunque no
pudieron precisar claramente las razones de un viaje
fuera de agenda, ya que estuvo en el país dos semanas
antes durante la reunión de cancilleres de América del
Sur.
Fuentes diplomáticas informaron a Tintají que existe
un profundo malestar en el gobierno brasileño porque
“se ponen trabas a la actividad de Petrobrás”. La
fuente explicó que si bien el gobierno de Brasil no lo
hará público, parte del malestar se debe a que
“mientras Petrobrás intenta cumplir todas las
disposiciones legales y se le prohíbe trabajar”, otras
petroleras “violan las leyes y los contratos y no se
les pone ninguna prohibición”, en clara alusión al
caso de la Occidental.
En todo caso, el embajador de Brasil en Ecuador,
Sergio Florencio, descartó según un despacho de
agencia que la presencia de Amorín intente ejercer
presión sobre las autoridades ecuatorianas para la
ratificación del permiso
ambiental para Petrobrás.
Según diversas informaciones la compañía petrolera
estatal brasileña ha invertido 400 millones de dólares
en Ecuador, y planea incrementar su presencia en el
país.
Los “misterios” de una visita
Todavía algunos analistas se están preguntando a quién
fue dirigido el mensaje del canciller ecuatoriano,
Antonio Parra Gil, y con qué objetivo, al afirmar
enfáticamente “No somos aliados de Lula”, pocas horas
antes de la llegada al país del canciller brasileño,
Celso Amorin. A pesar de calificar a la visita como
“importantísima”, quedó clara la intención de guardar
distancia con el gobierno de Brasil, o por lo menos
demostrarlo.
Durante las conversaciones mantenidas este martes en
Quito, Amorín estuvo de acuerdo en que su país coopere
con Ecuador en el área de la salud y en el campo
electoral. También se trató sobre el interés de TAME
de establecer rutas desde Ecuador a Manaos, y la venta
de aviones de la empresa estatal brasileña EMBRAER a
la empresa aérea ecuatoriana.
Pero el más importante, de los temas tratados, es el
financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo del
Brasil (BNDES), para cuatro grandes proyectos. Dos de
los cuales forman parte del estratégico Eje Multimodal
Manta-Manaos como la construcción del Aeropuerto
Internacional del Tena (con un financiamiento de
alrededor de 70 millones de dólares por parte del
BNDES), y de la carretera Quito-Guayaquil, a cargo de
la empresa brasileña Odebrecht, a un costo aproximado
de 350 millones.
Antes de la visita del canciller brasileño, Celso
Amorín, el gobierno ecuatoriano se apresuró a informar
mediante boletín de prensa que sí se construirá el
Aeropuerto Internacional de Tena, y que en los
próximos días se suscribiría el “contrato del crédito
para la construcción”. El boletín de prensa
argumentaba que la decisión “fue tomada una vez que un
examen realizado por la Contraloría General del Estado
recomendó continuar el proceso a fin de no perder
estos recursos”.
El Eje Multimodal Manta-Manaos, diseñado por Brasil y
Ecuador, es uno de los elementos fundamentales de la
apuesta geopolítica brasileña para la Amazonia y la
región.
Según la información, el Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (Bndes) de Brasil, por intermedio
del embajador de ese país, envió meses atrás las
condiciones y los términos para la entrega de los 70
millones de dólares que financiarán la obra. La
terminal aérea contempla la posibilidad de operación
de aviones tipo Boeing 727-200 y Boeing 747-400.
Además, la pista también serviría para la operación de
aviones de las Fuerzas Aéreas ecuatoriana y brasileña.
Sin embargo, para Brasil, la construcción del
aeropuerto de Tena no se desligaría de la “solución
del conflicto que enfrenta Petrobrás”.
Los otros dos proyectos a financiar por el Banco, son
la Central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, con una
inversión de 170 millones de dólares, y la Central
Hidroeléctrica San Francisco, que tiene un costo total
de 302 millones, de los cuales el BNDES financia 243.
En Quito Amorín aprovechó para reunirse con los
miembros del Comité de Calificación de la nueva Corte
Suprema de Justicia, y se comprometió que en el plazo
de un mes, llegará al país un alto magistrado del
Brasil para apoyar el proceso de
reinstitucionalización del país. Su visita se realiza
tres meses después de que integrara una comisión de la
Comunidad Sudamericana de Naciones que llegó al país
para informarse sobre las circunstancias del
derrocamiento de Lucio Gutiérrez, y casi un año
después de la visita oficial a Ecuador del presidente
de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.
La visita se produce además, semanas antes de la
Asamblea de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde
se abordará la posibilidad de incluir un nuevo país en
el Consejo de Seguridad del organismo. Brasil ha
aspirado durante muchos años a ese lugar, y Ecuador le
había confirmado su respaldo, durante el gobierno de
Lucio Gutiérrez.
Mencionando fuentes de la Cancillería ecuatoriana,
algunos medios señalan que “Brasil no quiere que el
cambio de régimen afecte sus intereses geopolíticos en
el Ecuador… Por el contrario, quiere ampliar su área
de influencia en la costa del Pacífico”.
El futuro de las relaciones ecuatorianas
Por ahora, el gobierno ecuatoriano parece inclinarse
por no declarar la caducidad del contrato con la OXY,
pero impone prohibiciones a Petrobrás. Mientras en los
últimos meses de su gobierno, Gutiérrez parecía
inclinarse en la disputa geopolítica hacia Brasil (ver
Tintají Número 68), el gobierno de Palacio parece
inclinado hacia Estados Unidos, demostrando que a
veces lo que se ve en la superficie no refleja
exactamente lo que está ocurriendo en las
profundidades. Las declaraciones de Gutiérrez
recomendando a Lula que “se cuidara de algún Judas”,
más que a un llamado de atención sobre traiciones
internas parece un mensaje sobre posibles traiciones
externas dentro de esa disputa y particularmente en
Ecuador, opinión que también habría incidido “en algo”
para el viaje de Amorín.
Del tipo de “solución” que tengan los conflictos de
Occidental y Petrobrás también depende en parte el
rumbo de la disputa geopolítica de Estados Unidos y
Brasil en Ecuador y las relaciones ecuatorianas con
esos dos países en el futuro inmediato.
Por Kintto Lucas
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