El líder independentista catalán afronta la posibilidad de ser trasladado a España para responder a cargos de rebelión agravada y analiza presentar un pedido de asilo. Su abogado dijo que su extradición “no es inevitable”.
Tras ser arrestado y encarcelado ayer en Alemania, el prófugo ex presidente catalán Carles Puigdemont afronta la posibilidad de ser trasladado a España para responder a cargos de rebelión agravada y analiza presentar un pedido de asilo con pocas probabilidades de prosperar.
La policía caminera del Land (estado federado) de Schleswig-Holstein detuvo a Puigdemont a las 11.19 (6.19 hora argentina), después de que cruzara en coche la frontera germano-danesa en camino desde Finlandia a Bruselas, donde reside, informó un portavoz de la policía estadual en Kiel.
El político catalán quedó detenido unas horas en la comisaría de la localidad alemana de Jagel, de donde luego fue trasladado a la cárcel del estado de Schleswig-Holstein en Neumünster, al sur de la capital estadual, el puerto báltico de Kiel.
Al mismo tiempo, un vocero del Ministerio de Justicia alemán informó que el fiscal general de Schleswig-Holstein estudiará la orden de arresto pedida el viernes pasado por el juez Llarena, que también toca a otros 12 dirigentes, seis fuera de España. Entre los requeridos por cargos de rebelión y malversación en relación con el proceso de secesión se encuentra la ex ministra de educación catalana, Clara Ponsatí, residente en Escocia, a cuyo abogado la policía escocesa ya entregó una orden de entregarse. El procedimiento de análisis y eventual ejecución de la orden de arresto europea a Puigdemont quedó a cargo de la Fiscalía local y la decisión definitiva puede demorarse entre quince y hasta 45 días.
Puigdemont está analizando la posibilidad de presentar una solicitud de asilo en ese país, informó el diario germano Kiel Nachrichten, basado en fuentes judiciales cercanas y la solicitud deberá ser analizada por la Oficina Federal de Migración (BAMF). Sin embargo, las posibilidades de que sea aprobada son escasas, indicó a ese diario un vocero del Ministerio de Interior regional de Schleswig-Holstein.
El Código Penal alemán no tiene tipificado el cargo de rebelión como tal, pero el de alta traición, en el artículo 81, es similar y prevé penas de cárcel “de no menos de diez años” o “hasta cadena perpetua”.
Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Puigdemont, señaló que el político “se dirigía a Bélgica para ponerse como siempre a disposición de la Justicia”.
Cuevillas aseguró que el expresidente catalán era “perfectamente consciente” de los riesgos que asumía al viajar por Europa para “internacionalizar el conflicto” de Cataluña, aunque advirtió de que su extradición de Alemania no es “inevitable”.
Una de las claves para la defensa de Puigdemont será demostrar ante la justicia alemana que el expresidente catalán no tendría en España las garantías de un juicio justo.
Después de la reactivación de la orden de arresto, las autoridades españolas comenzaron a trabajar con la Fiscalía alemana y con Eurojust, órgano de la Unión Europea (UE) responsable de la cooperación judicial entre los países miembros, para ofrecer la documentación necesaria para hacer efectiva la orden europea de captura.
Aunque sus servicios de inteligencia supieron en todo momento la localización de Puigdemont, España prefirió pedir el arresto en Alemania porque en ese país plantea al ex mandatario un problema mayor que si hubiese ocurrido en Bélgica.
En lo referido a la orden de arresto a Ponsatí, la ministra escocesa, Nicola Sturgeon, expresó su oposición a la decisión judicial española pero aclaró que no puede hacer nada desde su cargo y solicitó por Twitter a sus seguidores que “se entienda la importancia de proteger el proceso y la independencia de nuestro sistema legal”.
Tras conocerse la detención de Puigdemont en Alemania, las fuerzas políticas españolas Partido Popular (PP, gobernante), PSOE (socialistas) y Ciudadanos (liberales) valoraron la actuación de la Justicia. Extremó el planteo Albert Rivera, líder del partido antiindependentista Ciudadanos, quien celebró el fin de “la huida del golpista”. Desde Buenos Aires, ciudad a la que arribó para participar de la conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró que la crisis catalana “no se solucionará con detenciones, cárceles y judicializando la política”.
Los independentistas, por su parte, repudiaron la acción judicial, con miles de personas en las calles de Barcelona y el resto de Cataluña.
El Partido Demócrata Europeo Catalán pidió a las filas soberanistas “mantener la calma y la confianza”, en un momento en el que este partido estará “siempre al lado” de Puigdemont.
“Una de las lecciones del presidente Puigdemont ha sido siempre la serenidad con que ha asumido los momentos graves que le ha tocado liderar. Firmes, mantengamos la calma y la confianza. Como siempre, estaremos a su lado”, dijo la coordinadora general de Pdecat, Marta Pascal, vía Twitter. “España no garantiza un juicio justo, solo venganza y represión”, escribió en Twitter Elsa Artadi, portavoz de la plataforma Junts per Catalunya (JxCat) de Puigdemont. Mireia Boya, ex diputada del partido soberanista y antisistema Candidatura de Unidad Popular (CUP), planteó en la misma red social: “Ahora se verá si la Unión Europea avala la vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado español”.
El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, pidió “construir un frente común para defender los derechos y las libertades individuales y colectivas”. Puigdemont vive en Bruselas desde hace casi cinco meses.
Disturbios por la captura de Puigdemont; 53 heridos
Por Armando G. Tejada
El ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont durmió ayer en una cárcel del norte de Alemania, en Neumünster, a unos kilómetros de Hamburgo. Su detención se dio cinco meses después de haber huido de Girona, tras declarar de manera unilateral la independencia de la región y ante el temor de la respuesta represiva del Estado español.
La aprehensión por orden del juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo (TS), provocó una ola de indignación en Cataluña. En la capital, Barcelona, tras la movilización de decenas de miles de personas hubo enfrentamientos con la policía con saldo de 53 heridos y al menos seis detenidos.
En menos de 72 horas el juez Llarena ha desmantelado el movimiento separatista catalán, que ha provocado la indignación de la ciudadanía.
La clave de la detención de Puigdemont está en el auto emitido por el juez español el pasado viernes, en el que además de ordenar el ingreso en prisión de cinco líderes independentistas, entre ellos Jordi Turull, también reactivó las órdenes de búsqueda y captura internacional en territorio europeo contra el ex mandatario catalán, cuatro ex consejeros que se refugiaron con él en Bélgica y contra la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira.
El viernes 23, Puigdemont se encontraba en Helsinki, de donde salió de manera furtiva con la finalidad de volver lo antes posible a territorio belga, donde sus abogados habían preparado la línea de defensa.
El regreso en coche
Consciente de que el marco legal que más le favorecía para no ser extraditado era el belga, Puigdemont, con la asesoría de un grupo de abogados, decidió emprender el camino de regreso a Waterloo en coche, para lo que tenía que recorrer hasta 2 mil 400 kilómetros y tenía que cruzar primero Finlandia, después Suecia, Dinamarca y parte de Alemania hasta llegar a la frontera con Bélgica. Y ese viaje además lo hizo en el mismo vehículo en el que se suele mover en Bélgica, para lo que ordenó a sus colaboradores que lo fueron a buscar hasta Finlandia.
Sin embargo, el ex mandatario catalán estuvo controlado en todo momento por agentes del Centro Nacional de Inteligencia (el centro de espionaje español), a través de uno de sus teléfonos celulares y por el citado vehículo.
La operación policial para su detención fue coordinada por agentes españoles y alemanes, que habían acordado la detención en cuanto estuviera en territorio alemán, donde las relacionas bilaterales entre ambos gobiernos es favorable a la causa española y donde el propio Código Penal contempla un delito similar al que se le acusa en España, que en la jurisprudencia alemana llaman alta traición.
Desde su refugio en Bélgica, Puigdemont participó como candidato en las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, donde su fuerza política, Junts per Catalunya (JxCat), fue el segundo partido más votado y el bloque independentista retuvo la mayoría parlamentaria. Sin embargo, no han podido formar gobierno ya que el Tribunal Constitucional no permitió que fuera investido a distancia.
Ahora Puigdemont está a la espera de que un juez decida su entrega España, donde sería procesado con otros 25 líderes independentistas.
Está previsto que comparezca este lunes ante un juez alemán que tendrá de 10 a 60 días para decidir si procede o no su entrega al Estado español.
Ante la conmoción que provocó la detención de Puigdemont en Cataluña, el presidente del Parlamento, Roger Torrent –la única autoridad que representa al movimiento separatista– hizo un llamado a la calma y reiteró su oferta de un frente democrático común para hacer frente a la represión.
La detención de Puigdemont también provocó protestas multitudinarias en Cataluña. Unas 55 mil personas se congregaron a la puertas del consulado alemán, en la Torre Mapfre, para exigir a la canciller federal, Angela Merkel, la liberación de Puigdemont. Un millar más frente a la delegación del gobierno español en Barcelona y otro tanto ante la sede la Unión Europea para exigir alto a la represión.
En las marchas también participaron los comités de defensa de la República, que protagonizaron enfrentamientos con los agentes antidisturbios e incendiaron contenedores de basura. El saldo provisional es de al menos 53 heridos y seis detenidos.
Leave a Reply