La acción de amparo, cuya resolución quedó en manos del
juzgado noveno civil de Pichincha, los demandante señalan que
ésta ha sido formulada “contra el Presidente de la República por su
omisión ilegítima de consultar previamente al pueblo ecuatoriano
sobre el TLC , que entre bastidores, el gobierno del Ecuador
negocia y pretende celebrar con Estados Unidos de América”,
lesionando o amenazando “lesionar nuestros derechos humanos a
la igualdad, de petición, políticos, ambientales y colectivo”.
Este recurso legal se interpone luego de que la CONAIE movilizó a
más de 10.000 indígenas que llegaron a Quito y protagonizaron
manifestaciones y acciones pacíficas para oponerse a la firma del
TLC con Estados Unidos, pero además para demandar la
expulsión de la empresa petrolera norteamericana OXY por haber
incumplido un contrato con el Estado al vender el 40% de su
participación a la transnacional canadiense ENCANA y exigir la
convocatoria a una Asamblea Constituyente con plenos poderes
para reformar el Estado. Los dirigentes indígenas expusieron
estas demandas al presidente Palacio en la noche del jueves 17
de noviembre y el Presidente ofreció una respuesta para hoy
viernes 18. Varias comunidades indígenas comenzaron a regresar
a sus provincias, pero un buen número de ellas se mantiene alerta
en Quito a la espera de lo que diga el Presidente Palacio.
“Tenemos los fundamentos que nos otorga la Constitución Política
del Estado, en su capítulo quinto, por eso acudimos ante un juez
de lo civil para decir que los derechos colectivos no se pueden
violentar, se tiene que previamente consultar al pueblo ecuatoriano
para tomar la decisión de firmar o no firmar el TLC”, dijo Luis
Macas, presidente de la CONAIE.
Una eventual suscripción y ratificación del TLC con Estados
Unidos implicaría, según los demandantes, violentar varios
acuerdos y convenios internacionales suscritos por el Ecuador.
Así por ejemplo, el TLC “significa una perforación múltiple del
Acuerdo de Cartagena” instrumento de integración de los países
andinos y que se encuentra en plena vigencia: el TLC “atenta
contra los objetivos de montar un arancel externo común, la
armonización de políticas económicas y sociales y la
aproximación de las legislaciones nacionales en las materias
pertinentes, consignados en el artículo 3 del Acuerdo de
Cartagena”.
De la misma forma, violentaría el Convenio 169 de la OIT suscrito
por el Ecuador que señala que “los gobiernos deberán consultar a
los pueblos interesados (indígenas), mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
El TLC, además, tendría un fuerte impacto en el medio ambiente,
en claro desacato de lo que dispone el artículo 88 de la
Constitución. Con el TLC se incrementará la contaminación
ambiental al permitir una mayor importación de vehículos nuevos y
usados; se alentará la minería a cielo abierto causando
contaminación de los ríos y el aire; se alentarán los monocultivos
de exportación y el uso de agroquímicos que atentan contra la
naturaleza; se fomentarán mega proyectos hidroeléctricos y de
uso múltiple, con todas las secuelas que éstos traen en lo
ecológico y lo social.
“Un amparo constitucional es mucho más importante en el aspecto
preventivo que remediativo, para impedir la firma del TLC, porque si
éste se suscribe se deriva la violación de una serie de derechos
fundamentales y daños gravísimos, irreversibles y enormes para el
Ecuador”, dijo el Dr. Raúl Moscoso, quien es el abogado que
patrocina la causa.
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