La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó hoy el proyecto de ley que elimina las jubilaciones privadas para pasar al estatal Sistema Integrado Previsional Argentino, con lo que protege los recursos de los trabajadores de la crisis financiera internacional y pone fin a las polémicas Aseguradores de Fondo de Jubilaciones y Pensiones impuestas en el país, sin ninguna opción, durante los años 90.
La mandataria defendió el papel del Estado y respondió a las críticas de la oposición advirtiendo que esta es “una decisión estratégica” y que si algunos hablan de que este es un tema de “tener caja” para el Estado, deberían establecer “a qué cajas están defendiendo” con su apoyo a las aseguradoras.
También anunció un “cambio de época” en su discurso en la sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en un acto que causó gran expectativa y que apoyaron todas las centrales de trabajadores aquí y también sectores de la oposición.
Fernández de Kirchner recalcó que es una decisión en un camino totalmente opuesto a lo actuado por las imposiciones neoliberales de los años 90 en el país, que permitió a las empresas manejar un fondo que actualmente suma 30 mil millones de dólares.
“Es un cambio estructural, estratégico y de defensa de nuestros jubilados”, dijo al destacar que cuando las medidas en defensa de los estados las toman los grandes países, algunos sectores las ven como “simpáticas”, pero cuando la hace un país como Argentina, se habla de “estatismo” despectivamente.
“En un contexto donde los principales Estados están adoptando una política de protección hacia bancos, nosotros lo hacemos hacia nuestros jubilados y trabajadores. Aquel relato que se nos impuso se ha derrumbado estrepitosamente”, dijo también.
Asimismo recordó todas las restatizaciones de los últimos tiempos y la incorporación de más de un millón 500 mil argentinos al régimen de jubilación que habían quedado fuera de toda protección y cobertura.
Alerta sobre presiones en el Congreso
Previó que habrá fuertes presiones sobre el Congreso, donde se debatirá el proyecto, porque se juegan grandes sumas de dinero y algunos partidos de oposición rebaten cada uno de los proyectos gubernamentales.
Antes de la presidenta habló el director de la Anses, Amado Boudou, quien se refirió a las graves fallas de las aseguradoras y recordó que “170 mil jubilados por el régimen de capitalización reciben garantía de la jubilación mínima” por el organismo estatal.
“La única motivación es rescatar de la incertidumbre a nuestros futuros jubilados”, dijo. Bien se puede decir que el saqueo fue “la instauración misma de ese régimen de capitalización”, agregó.
Además de pasar los fondos al Estado, la iniciativa legal de Fernández de Kirchner busca unificar a todos los que aportan y se benefician en el sistema de reparto.
El titular de Anses afirmó que “el Estado nacional invierte cuatro mil millones de pesos adicionales cada año para sostener las jubilaciones del régimen de capitalización. Esta es la ficción o la ilusión de los argentinos o argentinas que están involucrados en ese sistema y que, a veces, ni siquiera saben cómo ingresaron”. Calificó esto como “el triste golpe que anula cualquier ficción”.
Por su parte, el fiscal federal Guillermo Marijuán presentó una denuncia contra directivos de las aseguradoras, por presuntas maniobras especulativas practicadas ayer en el mercado cambiario, luego de que se hizo pública la decisión oficial.
Algunas aseguradoras buscaron “desestabilizar” el mercado vendiendo bonos públicos y comprando dólares en la plaza cambiaria, originando una baja en el valor de los certificados de gobierno y el aumento en la cotización de la divisa.
El juez federal Claudio Bonadío ordenó hoy que durante siete días las aseguradoras no puedan modificar su cartera de clientes, en el contexto de la presentación que hizo el fiscal Marijuán, como una medida para evitar que puedan sufrir modificaciones los archivos de las aseguradoras ante los anuncios.
“Nadie más que el Estado puede garantizar la jubilación de todos los trabajadores”, dijo Hugo Moyano, secretario general de la CGT, quien calificó como una estafa lo hecho por las aseguradoras al pueblo argentino.
Extraditan a paraguayos
La noticia que golpeó esta noche a todos los organismos humanitarios fue la decisión de la Corte Suprema de permitir la extradición de los seis campesinos paraguayos requeridos por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente de ese país, Raúl Cubas Grau.
Se trata de Arístides Luciano Vera Silguero, Roque Rodríguez Torales, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Jiménez, Agustín Acosta González y Gustavo Lezcano Espínola, que estaban en una larga huelga de hambre. Todos ellos recibieron el apoyo de personalidades, partidos, centrales sindicales y otros, que amenazan ahora con presentar denuncias ante organismos internacionales.
Stella Calloni (Corresponsal)
Crisis financiera mundial
Un juez argentino ordena registrar las sedes de los fondos de pensiones
El juez federal que inhabilitó a las empresas Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) durante siete días para realizar cualquier tipo de operaciones, Claudio Bonadio, ordenó ayer el registro de las sedes de diez de las principales AFJP, entre ellas Consolidar, del grupo español BBVA.
El juez actúa a instancias del fiscal Miguel Angel Osorio para investigar si las empresas denunciadas han efectuado maniobras fraudulentas para liquidar sus activos en cuanto supieron que el Gobierno planeaba nacionalizar los fondos de pensión privados y trasladar los fondos de las actuales empresas al sistema estatal. Entre las empresas afectadas por la medida del juez figuran también Orígenes, controlada por el grupo holandés ING; Met, propiedad de la compañía estadounidense Met Life y Máxima, filial del banco británico HSBC.
Este mismo juez había notificado en la tarde de este martes a las diez AFJP que operan en Argentina que no podrán operar en el mercado en el plazo de siete días para no modificar la composición de su cartera de inversiones, con fondos por 98.000 millones de pesos (unos 30.600 millones de dólares), colocados principalmente en títulos públicos y en acciones. El delito que se les imputa a las AFJPs es castigado con penas que van de dos a seis años de prisión.
Las empresas afectadas aseguraron ayer que darán batalla en los tribunales de Justicia. El portavoz de la Unión de AFJP, Sebastián Palla, advirtió que con la nacionalización de estas empresas “desaparece el mayor inversor institucional de Argentina, lo que tendrá un impacto devastador”.
Revuelta política
Fernández aspira a conseguir que el Congreso y el Senado aprueben su proyecto antes de fin de año. En teoría, parte de la oposición debería estar de acuerdo, ya que en su momento rechazó la creación de las AFJP. Sin embargo, el problema que se plantea ahora no es tanto la existencia de ese sector privado como la desconfianza sobre el destino del dinero que entrará en la caja del Estado: 97.000 millones de pesos (unos 23.000 millones de euros). Si la presidenta creyó que ese dinero “fresco” tranquilizaría a los mercados internacionales y les daría la seguridad de que Argentina está en condiciones de pagar, el resultado parece haber sido momentáneamente el contrario.
La reacción política no fue mucho mejor. El portavoz del Grupo Radical en el Congreso, Oscar Aguad, aseguró que el proyecto de ley actual es “un auténtico disparate” y prometió que su grupo no dará su apoyo salvo que exista una revisión a fondo.
La Coalición Cívica, de Elisa Carrió, acentuó sus críticas y advirtió sobre “el saqueo” de los ahorros de los trabajadores. Según su opinión, Fernández necesita disponer rápidamente de dinero líquido para afrontar las próximas elecciones legislativas. Por su parte, el vicepresidente Julio Cobos dio su apoyo al proyecto, “siempre que se independice a Anses”, un organismo que suele “prestar” sus fondos al gobierno, según las necesidades. Cobos es probablemente en estos momentos el político más popular de Argentina porque se negó a apoyar a Fernández en la frustrada batalla que la presidenta dio en julio para conseguir fondos aumentando los impuestos a la exportación de soja.
La decisión de “renacionalizar” las AFPJ se tomó, según asegura el diario La Nación, en una reunión en la residencia oficial de Los Olivos, en la que participó el ex presidente Nestor Kirchner (que no ocupa ningún cargo, pero al que se atribuye una enorme influencia en las acciones de su esposa, la presidenta) y el jefe del Gabinete, Sergio Massa. No hubo reunión del Ejecutivo, nada excepcional, dado que en Argentina no existe la institución del Consejo de Ministros reglado.
Desplome de la confianza
La decisión de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha causado turbulencias en los mercados. El índice español, el Ibex 35, ha sufrido la segunda peor caída del año, superior al 8%, por la incertidumbre creada por esa decisión, debido al peso que las inversiones en Argentina tienen muchas empresas españolas.
Peor han ido las cosas en el parqué argentino. El índice Merval ha caído un 10,11% perdiendo la barrera de los 10.000 puntos en otra jornada negra en la que llegó a perder un 17,72%, una bajada que se suma al desplome del 11% registrado la jornada anterior, antes de que se hiciera oficialmente el anuncio, concretado horas más tarde por la presidenta Fernández, quien este miércoles envió el proyecto para su discusión en el Congreso, donde se espera un arduo debate. Las bajadas alcanzaron a 45 empresas y también a los títulos públicos que registraron caídas de un 10% de media. Los mayores descensos se registraban en las acciones de Telecom, con casi 35%, Banco Macro, con un 28%, y Edenor, con una pérdida de 24,7%. Las administradoras de fondos de pensiones y jubilaciones son las principales inversoras en la bolsa, ya que se carteras está formadas por títulos públicos, acciones y plazos fijos. La entidad que las agrupa anunció que estudia acciones para resistir la medida.
Mientras, el riesgo-país (el diferencial entre los bonos argentinos y los de EE UU) también castiga la nacionalización de las pensiones argentinas, con una subida del 20%. El índice que elabora la entidad bancaria JP Morgan en base a la diferencia de la tasa entre bonos argentinos con su similar de Estados Unidos, subía en el inicio del mercado 102 puntos básicos con respecto al cierre del martes, hasta las 1.720 unidades.
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