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TLC y autonomías: golpes de gracia al Estado-nación



TLC: abdicación de la soberanía y la democracia


Si el Ecuador firma el TLC, renunciaría completa e
irreversiblemente a su autonomía y autodeterminación, puesto que
su capacidad para decidir sobre las cuestiones más significativas
para la vida del país habría sido transferida a la potencia
unipolar. Nos referimos no solo a imposibilidad de ejecutar un
proyecto nacional relativamente autónomo, sino también a la
potestad para optar sobre asuntos tan trascendentales para el
bienestar de la nación como la educación, la salud, la salubridad,
la seguridad social, las comunicaciones o la protección del
ambiente, que quedarían sujetas a leyes estadounidenses y al
capricho de poderosos hombres-corporación.

Condición básica para la soberanía de un Estado constituye la
posesión y administración de un territorio. A la luz de los TLCs
suscritos por la Casa Blanca con otros países, pocas dudas caben
que ese instrumento consagraría una nueva territorialidad,
controlada externamente, con lo cual las autoridades locales nada
de relieve podrían decidir respecto de la utilización del suelo y
los recursos adscritos como el petróleo, el agua, el oxígeno, el
clima, las plantas y animales… Más aún, el saber vernáculo, los
ritos religiosos y hasta la imaginación de los artistas serían
aprisionados por la amoral lógica del costo/beneficio.

Un correlato del TLC al que no se le ha prestado ninguna atención
en nuestro medio constituye el vaciamiento democrático. En virtud
de esa integración de “una sola vía”, la democracia –incluso en su
variante más formalista- devendría una pieza de museo o una
broma de mal gusto. Ya ningún sentido tendría elegir dignatarios,
nacionales o seccionales, puesto que estos carecerían de
atribuciones para, por ejemplo, disponer la construcción de obras
de infraestructura y generar empleo.


Autonomías: demolición del Estado unitario


El mayor obstáculo a la mundialización del capital deriva de la
existencia de estados nacionales, con sus inherentes sistemas de
protección. Para vulnerar tales sistemas, la oligarquía mundial, a
través del sicariato a su servicio (FMI, Banco Mundial, OMC), no
se ha dado abasto en desmontar la institucionalidad de nuestras
naciones.

Lo acontecido en el Ecuador resulta ilustrativo. Desde hace un
cuarto de siglo, el capital financiero internacional  y sus acólitos
criollos, a pretexto de modernización económica, han venido
desmantelando el ordenamiento defensivo del país, con el
socorrido argumento de favorecer el flujo de inversiones
metropolitanas. Para ello, han debilitado restricciones como las
siguientes: tarifas arancelarias y paraarancelarias, control del tipo
de cambio, regímenes diferenciales a la inversión externa,
legislación sobre expropiaciones y nacionalizaciones, empresas
públicas (actualmente se ha vuelto a presionar por la extinción de
PETROECUADOR), protección laboral. Operativos desplegados
con el invariable chantaje de la deuda externa (el “tributo imperial”
que dijera Agustín Cueva).

A partir de los 90, esta saga de acciones fundamentalistas se ha
complementado con los planes metropolitanos orientados a
socavar al Estado en su condición  de pieza estratégica en un
proyecto genuinamente nacional y democrático.

Para la Casa Blanca, la presión por el fraccionamiento de los
estados tercer  o cuartomundistas, aparte de mantener en vigor la
vieja divisa romana del divide et impera, tiene el sentido de
viabilizar el “engullimiento” por los conglomerados yanquis de los
recursos de distinto orden de las zonas periféricas. Expuesto en
otros términos, la meta de la potencia es radicalizar el “modelo de
acumulación por desposesión” (Samir Amín), ese capitalismo de
rapiña que en tiempos recientes ha desembocado en el
desmembramiento de Yugoslavia y la ocupación militar de
Afganistán e Irak. Y que, en su proyección al área andina,
pretende la fragmentación del Ecuador en “22 republiquetas”
(Rodrigo Borja) y los desgajamientos del departamento petrolero
venezolano del Zulia y de la gasífera provincia boliviana de Santa
Cruz.

Para las mafias político-empresariales nativas, el “modelo
autonómico” tiene el soporte de sus ambiciones por participar de
los dividendos y comisiones que generaría la subasta de un
atomizado Ecuador, así como la captación de los despojos del
vilipendiado “Estado centralista” a punto de convertirse en un
auténtico cascarón vacío.

Curiosa modernidad la que con el TLC y las autonomías vienen
ofreciendo al país Washington y la deslegitimada partidocracia
burguesa a nombre de un fundamentalismo decadente y
criptofascista.

Tanto el TLC (Tratado de Libre Colonización) como el
refeudalizante régimen autonómico convertirían al Ecuador en un
gigante gueto socioeconómico, carente de producción material
propia y atrapado en códigos darwinianos.


Por: René Báez, economista ecuatoriano, es catedrático universitario y
Premio Nacional de Economía.

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