El 21 de diciembre último varios dirigentes del mpp, la Vertiente Artiguista, el Partido Socialista y Compromiso Frenteamplista (el grupo liderado por el actual vicepresidente de ANCAP, Raúl Sendic) compartieron un asado en un quincho vecino a la chacra del ministro José Mujica. Al encuentro también había sido invitado, aunque otras obligaciones le impidieron concurrir, el senador comunista Eduardo Lorier. El anfitrión, así como el resto de los asistentes (los legisladores Ivonne Passada, Enrique Rubio, Edgardo Ortuño, Eduardo Brenta, Gonzalo Mujica, Roberto Conde y Gustavo Bernini), no estaban allí en representación de sus sectores, pero los reunía una tríada de preo-cupaciones básicas: la ausencia de un espacio para la discusión política en los distintos ámbitos de gobierno y su impacto negativo en la relación con el FA, el giro impuesto por Economía al modelo de inserción internacional (sobre todo la intención de distanciarse del Mercosur para acercarse a Estados Unidos), y el diseño del tan anunciado proyecto de país productivo.
En realidad, y como se explica más abajo, tanto esta reunión como una similar que se iba a desarrollar el miércoles 24, no supusieron el comienzo sino la continuidad de una coordinación política, algo informal pero con rumbo cierto, cuyo germen podría situarse en la discusión sobre la reforma tributaria. En esa oportunidad, el “bloque” poderoso que hoy sale a luz se había parado muy firme contra la versión original del proyecto de reforma presentado por el Ministerio de Economía, y había conseguido introducirle modificaciones relevantes. Sería el comienzo de un esfuerzo decidido por modificar lo que este conjunto de sectores entiende como “rigideces de la línea económica”.
De todos modos, esta conjunción sectorial algo sui géneris ya ha tenido consecuencias dentro del gobierno y la fuerza política, como lo ocurrido esta semana en la dirección frenteamplista. Especialmente el hecho de que la Mesa Política del FA no tomara resolución alguna sobre el tema del TIFA o que la moción que al final no se presentó (elaborada en la noche del martes 23 por varios de los integrantes de nuevo “polo”) tuviera un contenido crítico sobre la relación entre el FA y el Ejecutivo, y cuestionara el documento del TIFA que se habría de firmar dos días después, remarcando los pronunciamientos de congresos y frenteamplistas contrarios a un TLC.
La moción que no se llegó a presentar en razón de que no contaba con los dos tercios de votos necesarios (y que hubieran acompañado todos los sectores, menos las bases, la Corriente de Izquierda y el 26 de Marzo) sostenía la “imperiosa necesidad de ajustar los ritmos de análisis de los temas entre el gobierno y la fuerza política”; exigía que las posiciones planteadas por Uruguay en el marco del TIFA deberán ser previamente avaladas por el FA; recordaba que la fuerza de gobierno ya había resuelto, “a través de sus órganos competentes, la inconveniencia de la realización de un TLC con Estados Unidos en el marco del alca, como los firmados hasta el momento” y resolvía “respaldar la firma de los seis artículos (del TIFA) donde se crea un ámbito de intercambio y no de negociación ni decisión”, sin mencionar el anexo que contiene los puntos que se negocian en un TLC (varios integrantes de la Mesa dijeron a BRECHA que esta omisión implicaba no acompañarlo). Y finalmente reclamaba el funcionamiento y participación de la Comisión Interministerial de Asesoramiento de Comercio Exterior (Ciacex) en el proceso de negociación.
La conclusión hubiera sido de un apoyo crítico a la firma del TIFA, con una serie de salvaguardas para evitar dos posibles circunstancias: la exclusión del FA de las negociaciones y la concreción de la intención de Economía de marchar hacia un TLC.
Las dos iniciativas que estuvieron en la discusión de la Mesa (la de las bases, votada negativamente, que planteaba que no se firmara el TIFA hasta que el FA procesara el debate, y la ya mencionada) reflejan una nueva realidad en la fuerza política, si se considera como natural que el partido de gobierno se pronunciara rotunda y explícitamente a favor de la firma del acuerdo, tal como lo exige una decisión de esa trascendencia.
Esta resistencia a un alineamiento pleno con la acción del gobierno anuncia la irrupción de un nuevo escenario, donde las posturas críticas no son exclusivas de los sectores llamados “radicales”, y el disciplinamiento en la línea del Ejecutivo parece cada vez más lejano. El vector de esa nueva actitud sería ese agrupamiento o polo entre emepepistas, socialistas, vertientistas y comunistas, que comenzó a gestarse cuando la discusión de la reforma tributaria. Ese fue el primer trancazo de la mayoría de la fuerza política a un arrollador ministro de Economía (el proyecto estuvo demorado seis meses en el Parlamento por la negociación entre los legisladores oficialistas y el equipo económico), y los grupos mencionados aseguran haber mejorado la equidad de la reforma a partir de las modificaciones que le impusieron a la ley.
Más tarde, los mismos actores comenzaron a cuestionar la actitud fuertemente confrontacional de Danilo Astori con el Mercosur, así como las posturas del equipo económico en el sentido de reducir o evitar la participación del Estado, mediante políticas selectivas, en el diseño del Uruguay productivo.
TRANCAZO DE MIÉRCOLES. Las razones para que la Mesa Política no adoptara, en su sesión del miércoles 24, ninguna resolución formal sobre el documento del TIFA y su posterior firma, obedecen menos a cuestiones políticas que estatutarias. ¿Por qué? Porque para adoptar cualquier resolución, la Mesa requiere el voto conforme de dos tercios de sus integrantes, requisito que no logró ninguna de las dos mociones presentadas. La de las bases, que planteaba no rubricar el TIFA hasta que se procesara la discusión en la fuerza política, sólo obtuvo diez votos a favor (los seis delegados de las bases de Montevideo, tres del Interior y el representante del agrupamiento Corriente de Izquierda-26 de Marzo), 13 en contra (los de la inmensa mayoría de los sectores) y cinco abstenciones (los dos delegados comunistas y los restantes tres miembros de las bases del Interior).
La moción que se había acordado la noche anterior en la sede del mpp no fue presentada porque de antemano se sabía que no reuniría el quórum necesario. Es correcto afirmar, entonces, que la Mesa no adoptó decisión alguna y, por lo mismo, una interpretación posible, como destacaron algunas crónicas, es que se le dejaron las “manos libres” al Ejecutivo. Pero si se analiza con detenimiento –como se hace más adelante– la moción articulada en la sede del mpp, sobre todo la cantidad y peso de los mocionantes, entonces habría que concluir que efectivamente hubo un claro mensaje político, y no precisamente en el sentido de las “manos libres”.
Por otro lado, la abstención de la 1001, cuando parte importante de la delegación de las bases es comunista, mereció comentarios críticos. Sin embargo, fuentes del FA explicaron la actitud de los representantes de la 1001 en la necesidad de no asumir una postura que rompa, por radical, el incipiente bloque que comenzó a formarse.
La nota distinta corrió por cuenta del dirigente de la Corriente de Izquierda Helios Sarthou, quien afirmó que no sólo en el anexo sino en los considerandos del TIFA Uruguay admitía elementos negativos. Señaló, por ejemplo, que reconocer la necesidad de la protección de la propiedad intelectual es aceptar de antemano, previo a cualquier negociación, la política estadounidense al respecto.
Sarthou también cuestionó que se acordara con Estados Unidos, cuando en América Latina los tiempos vienen de cambios y en la dirección de acentuar la integración latinoamericana. Su sector fue, además, convocante de una concentración contra el TIFA y el TLC, que reunió a varios centenares de personas el miércoles 24 por la noche en la Plaza de Cagancha.
NINGUNEOS. Con todo, el debate de la Mesa Política dejó en evidencia la creciente distancia entre el Poder Ejecutivo y la fuerza política, cuando ésta debería ser, en palabras del presidente Tabaré Vázquez, la que velara por el cumplimiento del programa, además de mantener la capacidad de propuesta.
El FA estuvo ausente de decisiones no cotidianas sino de largo aliento como, entre otras, el presupuesto quinquenal y la reforma tributaria (aunque el debate sobre la misma se dio a nivel parlamentario). Y si bien el ministro Astori sostuvo que en el episodio del TIFA “hubo que articular la necesidad de información (no hay que olvidar que el texto se terminó de elaborar hace pocos días) con las razones de urgencia del gobierno”, la mayoría del FA le recordó que el tema se trabaja desde octubre de 2006.
Una versión que circuló en la sede del FA indicaba que el texto aprobado por Estados Unidos fue remitido a Montevideo el 15 de enero, por lo cual no hubo oportunidad de tramitarlo con más celeridad a la Mesa.
Sea como fuere, lo cierto es que la fuerza política no fue la única en padecer desinformación: varios ministros admitieron desconocer el texto del TIFA y enterarse del mismo por la prensa. Una de las claves de ello (además de la no convocatoria del Consejo de Ministros en lo que va de enero) reside en el proceso de elaboración que tuvo el documento.
Aunque Astori sostuvo que la redacción provino de la cancillería, fuentes de dicha secretaría de Estado dijeron a BRECHA que eso es inexacto. Agregaron, incluso, que la no concurrencia de Reinaldo Gargano a la reu-nión de la Mesa (el canciller había sido convocado junto a Astori)* se debió a que no tenía “ni arte ni parte” en el documento del TIFA. En realidad, en el texto hubo participación de algunos funcionarios de la cancillería afines a la concepción de Economía, y que responden no tanto a su superior jerárquico como a la Presidencia. Cuando el material llegó a sus manos, según supo BRECHA, Gargano dijo que nunca había solicitado que se trabajara en un texto y dio por finalizada la tarea. Sin embargo, una llamada del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, reclamando el material para presentarlo en Washington, habría transformado el documento en oficial.
La otra característica de la elaboración del acuerdo fue la marginación de la Ciacex y de los técnicos que trabajaron cuando se elaboraron los documentos preparatorios del acuerdo comercial con Estados Unidos, a mediados del año pasado.
Fuentes frenteamplistas afirmaron que el episodio del TIFA parece haber consolidado una lógica preocupante del gobierno: la de resolver los temas en el círculo áulico del presidente y del ministro de Economía, sin dar participación a otros actores.
* Gargano tampoco concurrió a la conferencia de prensa en que se anunció la firma del TIFA, ayer jueves, que estuvo a cargo de Gonzalo Fernández y Danilo Astori.
Acuerdos comparados
Estados Unidos tenía firmados, hasta ayer jueves, 29 TIFA,* cuatro de ellos con bloques regionales de África y Asia, y 25 bilaterales con distintos países. La lista de las naciones que firmaron este tipo de acuerdo está compuesta por Afganistán, Argelia, Australia, Bahrein, Brunei, Camboya, Ghana, Indonesia, Kuwait, Líbano, Malasia, Mauritania, Mozambique, Nueva Zelanda, Nigeria, Paquistán, Filipinas, Qatar, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Tailandia, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Desde la pasada jornada a ese listado debe agregarse Uruguay, por lo cual la cifra llega a los 30 TIFA.
En sólo siete de los TIFA acordados hay un anexo donde se detallan los temas de la agenda a negociar. Ese agregado existe en los textos de Australia, Brunei, Camboya, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda y Tailandia. Uruguay es el octavo con anexo.
En general los listados de temas son menos extensos que el anexo firmado por Uruguay y no incluyen, en ningún caso, la cuestión de las compras del Estado. Tampoco contienen, a excepción del acordado por Malasia, lo relativo al comercio de servicios. Todos tienen un párrafo sobre la propiedad intelectual.
De los 29 TIFA suscriptos por Estados Unidos con anterioridad al concretado con Uruguay, cinco terminaron en un TLC: Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Malasia, Tailandia y Bahrein. Esto sucede porque los TIFA no son más que el establecimiento de un marco para negociar, institucionalizado en un consejo; si no existe la voluntad política de ambas partes de llegar a un TLC, el formato TIFA puede terminar en acuerdos parciales o en la mera enunciación de buenas intenciones de mejorar el intercambio comercial. En general, los TIFA han precedido a los tratados de protección de inversiones (Uruguay ya lo tiene).
Lo significativo del caso uruguayo es que el anexo tiene los contenidos de un tratado de libre comercio, lo que demostraría una intencionalidad del gobierno –o de parte de él– de avanzar en la dirección de un TLC.
* La información está disponible en la página web de la Representación Comercial de Estados Unidos.
Uno más
A las 13 horas de ayer jueves, los gobiernos de Uruguay y Estados Unidos rubricaron el acuerdo marco (TIFA por su sigla en inglés) entre ambos países. El TIFA fue firmado por el secretario de la Presidencia de Uruguay, Gonzalo Fernández, y el representante comercial alterno de Estados Unidos, John Veroneau.
Del acto participaron, además, el ministro de Economía, Danilo Astori, el titular de Industria, Jorge Lepra, y el subsecretario del mef, Mario Bergara, y el director de Macroeconomía del mismo ministerio, Fernando Lorenzo, más el embajador uruguayo en Washington, Carlos Gianelli, y el embajador estadou-nidense en Montevideo, Frank Baxter.
En la conferencia de prensa posterior, Astori resaltó los beneficios que derivarán del acuerdo, y ante la pregunta de un periodista, sostuvo que el TIFA no descarta ni anuncia un TLC.
Por su parte, Veroneau dijo estar orgulloso de fortalecer los vínculos económicos con Sudamérica y destacó los TLC firmados por su país con Chile, América Central y República Dominicana, así como los que están en proceso de aprobación en el Congreso estadounidense con Perú, Colombia y Panamá. De todas maneras, señaló que debía dejarse secar la tinta del acuerdo recién firmado antes de hablar de un TLC.
Previo a la conferencia de prensa, y mientras se desarrollaba el acto de firma en el piso 7 del Edificio Libertad, en las afueras una decena de integrantes del grupo Fogoneros quemó una bandera de Estados Unidos. Funcionarios de la Presidencia eligieron también ese momento para mostrar su descontento en el hall del edificio. Allí alrededor de 70 personas golpearon palmas y desplegaron carteles en reclamo de haberes impagos y de la exclusión de los trabajadores de la definición de la restructura del servicio.
Por Gonzalo Silva
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