Las propuestas de Correa difieren de las prácticas seguidas
anteriormente en Ecuador, en donde los sucesivos ministros de
Economía fueron acuciosos cumplidores de las recomendaciones
de los organismos multilaterales de crédito. El ministro Rafael
Correa, cuyas propuestas han desatado una oposición cerrada
desde todos aquellos sectores cercanos al capital financiero
nacional e internacional, destacó la “necesidad de una visión
estratégica” para enfrentar el problema del sobreendeudamiento,
pues se requieren “soluciones globales y no simples parches”. A
partir de esta inicial afirmación cuestionó, con claridad, la anterior
“cultura del endeudamiento público”, para fijar el principio básico de
su propuesta: “Financiamiento propio tanto como sea posible,
financiamiento ajeno tanto como sea indispensable”. Y todo en el
marco de una gestión caracterizada por “la transparencia, la
participación de la sociedad civil y del Congreso Nacional, así
como por la rendición de cuentas”.
Los objetivos de esta nueva política son: “Reducir drásticamente la
sangría de recursos, al menos hasta que se establezca un
esquema ajustado al Estado de Derecho, que no afecte el
desarrollo nacional”. Hay que crecer sostenidamente para poder
pagar, garantizando, simultáneamente, la inclusión social, acotó.
“Asegurar el financiamiento mínimo indispensable en el corto,
mediano y largo plazos, en condiciones adecuadas para el país”,
sería otro de los objetivos a perseguir. Despertando un creciente
interés de los especialistas y todas las personas que participaban
en el “Encuentro: Ecuador II – Deuda externa, sus alcances y
perspectivas”, organizado en la ciudad de Quito el miércoles 15 de
junio, por el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), el
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS –
Fundación Friedrich Ebert) y “Pan para Todos” (Brott für Alle) de
Suiza, Jubileo 2000 – Red Guayaquil, con el auspicio de UNICEF,
el joven ministro dijo que “no se trata sólo de enfrentar el tema del
sobreendeudamiento. Se precisa una estrategia inteligente y
soberana de inserción en la economía mundial”.
Correa, recogiendo los planteamientos de varias organizaciones de
la sociedad civil, indicó que la deuda no puede ser freno para el
desarrollo humano, ni amenaza para el equilibrio ambiental; la
deuda no puede ser herramienta de presión política. “Las
soluciones serán aceptables a partir del respeto a la dignidad
humana por justicia, no por generosidad”. Sin repudiar los
compromisos adquiridos, dijo que “se aceptarán normas
enmarcadas en procesos justos y transparentes ajustados a la
práctica del Estado de Derecho y de Derechos”, en franca alusión
a la necesidad de inspirar el manejo de la deuda y la política
económica por el respeto y vigencia de los todos los Derechos
Humanos, incluyendo sobre todo aquellos referidos al campo
económico, social y ambiental.
Para cristalizar esta nueva política de endeudamiento, que forma
parte de la nueva política económica, el gobierno de Palacio
consiguió desmontar el Fondo de Estabilización, Inversión y
Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP) en el Congreso
Nacional, el día jueves 16 de junio. Este Fondo, establecido en el
2002, en cuya concepción, definición y manejo primó la
corrupción, fue el factor determinante para que las cotizaciones de
la deuda externa crecieran desmesuradamente durante el gobierno
del coronel Gutiérrez, quien en la actualidad trata de recuperar la
Presidencia gracias al apoyo directo que recibe de poderosos
grupos de tenedores de bonos la deuda externa ecuatoriana,
angustiados por los cambios que alienta el nuevo gobierno.
Con el FEIREP se pretendía canalizar parte sustantiva del ahorro
acumulado gracias a los crecientes ingresos petroleros (70%) a la
recompra de deuda pública. Sin embargo, teniendo el dinero y el
marco legal, no se recompró la deuda externa. A pesar de eso el
FEIREP fue útil… Su sola existencia sirvió para “maximizar el
valor presente de la deuda”, pues para eso fue creado, según lo
reconoció en febrero del 2004, Mauricio Pareja, subgerente general
del Banco Central. Empeño coincidente con la renegociación de
los Bonos Global del 2000, de “maximizar pagos por adelantado y
flujo a los inversionistas durante la vida de los bonos”. Si la
recompra no cuajó por más empeño del gobierno del coronel, la
ganancia vino con la revalorización de los bonos. Antes de que
aparezca el FEIREP se pagaba un 50% o menos por los Bonos
Global a 12 años, emitidos por 1.250 millones de dólares, y menos
del 40% por los Bonos Global a 30 años, por 2.700 millones. Con
el sólo nombramiento como ministro de Economía de Mauricio
Pozo por parte del coronel Gutiérrez, contando con el beneplácito
de Washington y de Wall Street, los papeles comenzaron a subir.
Al inicio de su gestión, en enero del 2003, los Bonos a 12 años ya
se cotizaban a 67% y los Bonos a 30 años, en 48%. Ese año,
con el auge de la política “ortodoxa, conservadora y prudente”,
estos papeles alcanzaron valores inimaginables: los primeros
llegaron a 101%, y los segundos, al 85%, subiendo. Calculando la
compra de esos papeles a un 50% y a un 40% de su valor
nominal, respectivamente, las ganancias, sólo por el alza de ese
año, pudieron ser espectaculares, unos 1.200 a 1.400 millones de
dólares.
Entre las medidas rápidamente esbozadas por el ministro Correa
se encuentra la auditoria de la deuda externa; el establecimiento
de la capacidad real de pago del país, pues ningún arreglo puede
afectar la inversión social: “la mejor forma de garantizar el pago de
la deuda es haciendo crecer la economía”; la inclusión de
cláusulas de contingencia; y, sobre todo, el desarrollo de una
política controlada y responsable de endeudamiento externo:
“créditos para proyectos que generen sus propias divisas”, no para
inversiones sociales, por ejemplo, muy rentables en el ámbito
social y macroeconómico, pero que no producen ingresos
monetarios directos; el Estado, dijo, financiará con sus propios
recursos las inversiones sociales,.
Igualmente, haciéndose eco del pedido de varias organizaciones,
con las cuales colaboró en reiteradas ocasiones, Correa repitió
que, “quien negocia deuda, directa o indirectamente, no puede ser
contratado por los organismos multilaterales, si no 10 años
después de terminadas sus funciones”, en abierta alusión al hecho
de que casi todos los ex-ministros de Economía y Finanzas, los
ex-gerentes del Banco Central, así como otros altos funcionarios
del frente económico de los anteriores gobiernos ecuatorianos se
encuentran trabajando en elevados cargos de los organismos
multilaterales de crédito.
Por último, Correa ofreció participar en los diversos foros que
ofrece el contexto internacional, “para apoyar activamente las
propuestas globales destinadas a construir una nueva arquitectura
financiera internacional, que incluye la constitución del Tribunal
Internacional de la Deuda Soberana”, en el cual se abre la puerta a
la posibilidad de un arbitraje, tesis planteada y defendida, desde
hace varios años, por los economistas Oscar Ugarteche del Perú y
Alberto Acosta del Ecuador, así como por otras personalidades y
organizaciones de los países endeudados y de los acreedores.
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