
Entre fines de julio y principios de agosto Eduardo Cunha despachó emisarios para sondear la Fiscalía General de la Unión. Quería saber si había buena disposición para establecer un acuerdo de “delación premiada”, que le aseguraría penas blandas, en caso de una condena que parecía y parece inevitable, a cambio de informaciones.
Cunha lo desmintió con vehemencia durante todo el proceso que culminó con su expulsión de la Cámara de Diputados, la suspensión definitiva de su mandato (y los correspondientes fueros privilegiados) y su inhabilitación política por ocho años.
Ahora, los procesos a que respondía en el Supremo Tribunal Federal pasan a primera instancia. Uno de ellos ya fue enviado al provinciano juez de primera instancia Sergio Moro, firme admirador no confesado de los tribunales de la Santa Inquisición: más que buscar justicia a la hora de juzgar, tiene la obsesión de condenar.
Fulminado por sus pares, abandonado por sus huestes, Cunha vuelve al llano intentando aparentar la calma de un lago nórdico en invierno. Sabe que perdió casi todo su poder en la Cámara de Diputados. Sabe que es un cadáver político. Sabe que se transformó en símbolo máximo de podredumbre en un sistema político podrido. Sabe que es la imagen lapidada de un corrupto vulgar, de un bandolero desarmado.
Pero también sabe que lo que sabe puede ser letal para un número incalculable de políticos de todos los calibres, a empezar por su veterano aliado y cómplice Michel Temer. Eximio maestro del chantaje, Cunha deja claro que se sintió abandonado por traidores voraces.
Quedan, en ese enredo, al menos dos preguntas básicas. La primera: ¿qué hará ahora, cuando tanto él como su esposa, Claudia Cruz, están bajo la amenaza concreta de prisión?
No hay mucho espacio para negociación con los fiscales ávidos de aplausos de una opinión pública entorpecida por los mismos medios hegemónicos de comunicación que hasta hace pocos meses ignoraban olímpicamente los desmandes colosales del bandolero-mor de la República. Y menos para intentar alguna complacencia de la Corte Suprema.
Precavido, desde hace al menos dos meses trata de seducir a los fiscales y a la Policía Federal con la perspectiva de delatar. El eventual beneplácito de la Justicia dependerá de lo que Cunha esté dispuesto a ofrecer.
Una primera muestra surgió ayer, cuando en una entrevista del diario conservador O Estado de S. Paulo (uno de los adalides del golpe institucional que destituyó a la presidenta electa Dilma Rousseff y colocó en su lugar a un Michel Temer que sigue buscando desesperadamente una legitimidad cada vez más inviable) Cunha lanzó algunos contundentes disparos de alerta. El blanco ha sido uno de los hombres fuertes de Temer, Wellington Moreira Franco, encargado del muy jugoso tema de las privatizaciones. La reacción de Moreira Franco fue intentar desclasificar a su acusador. Bueno, Cunha es, efectivamente, un desclasificado ético y moral. Pero en ese terreno, Moreira Franco es un imponente competidor: su integridad tiene la consistencia de un consomé aguado. Cunha salpicó, de paso, a otro monumento de polución ética y moral, el mismo Michel Temer. ¿Amenaza velada? No: mejor considerarlo una especie de advertencia.
La otra pregunta básica: ¿cómo ha sido posible que semejante creatura, cuya trayectoria fue sólidamente pavimentada de robos, coimas, chantajes, haya reunido tanto poder, a punto de haber sido el gatillo disparador de un golpe institucional victorioso?
La respuesta es dura, pero no hay salida: eso ocurrió gracias al ambiente degradado de la política brasileña, al silencio cómplice de los medios de comunicación, a la bovina pasividad de las cortes superiores de Justicia, a la inercia de un sistema judicial tan perezoso como contaminado. A la despolitización de un electorado que se deja conducir como rebaño de terneros distraídos. Y, duro pero innegable, a la admisión, por parte del PT, de aliarse a un partido como el PMDB, plagado de traidores como Cunha, Temer y todo el resto de la pandilla.
Por décadas Cunha supo buscar financiación para campañas electorales ajenas, armando una red de deudores que luego transformaba en cómplices de sus negocios sin escrúpulo.
Con un Congreso en que existen nada menos que 28 partidos políticos, impera en Brasil un engendro llamado “presidencialismo de coalición”. O sea, ningún presidente logra gobernar sin aliarse para intentar una mayoría parlamentaria. Ese escenario propicio a todo tipo de chantaje y de negociaciones espurias sirve de pasto generoso para el apetito desorbitado de bandoleros como Eduardo Cunha. Y sirvió para que Dilma, el PT y Lula fuesen traicionados de manera vil.
Cunha fue, quizá, el más hábil e inteligente de toda una enorme pandilla que ahora se reúne alrededor de Michel Temer. Cuando sus servicios dejaron de ser necesarios, fue defenestrado por sus pares con la frialdad de los chacales.
Sabe que perdió casi todo su poder, pero que mantiene algo de su otrora olímpica influencia, en especial sobre partidos pequeños e inexpresivos que, reunidos, suman una bancada de casi 20 por ciento de la Cámara de Diputados.
Vengativo e implacable, advirtió que no caería solo: caería disparando. Bueno, ya cayó. Ahora vendrán los disparos.
EL MAGISTRADO DEBE DECIDIR SI PROCESA AL EX PRESIDENTE O RECHAZA LOS CARGOS POR CORRUPCION
El juez Moro y la denuncia contra Lula
El fiscal federal y pastor evangélico Deltan Dallagnol llamó a Lula “comandante máximo” de la red de corrupción, pero no lo denunció por asociación ilícita sino por supuesta corrupción y lavado de dinero en la compra de un departamento.
El juez federal brasileño Sergio Moro, quien conduce la investigación sobre la red de corrupción en torno de Petrobras, debe decidir a la brevedad si acepta o rechaza la denuncia de la fiscalía por corrupción y lavado de dinero contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su esposa Marisa Leticia y otras seis personas.
Así lo informó una fuente del Juzgado Federal número 13 de Curitiba, capital del estado de Paraná, que indicó que el magistrado, de todos modos, no tiene plazos para expedirse sobre el reclamo de los fiscales federales de la Operación Lava Jato.
Moro puede aceptar la denuncia y convertir a Lula en procesado o rechazar la acusación, que fue muy cuestionada en ámbitos jurídicos e incluso entre los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), según reportó ayer el diario Folha de S. Paulo.
El fiscal federal y pastor evangélico Deltan Dallagnol llamó a Lula “comandante máximo” de la red de corrupción el miércoles pasado, pero no lo denunció por asociación ilícita sino por supuesta corrupción y lavado de dinero en torno de un apartamento en el balneario de Guarujá.
“Moro es juez y parte. Si llega a rechazar la denuncia, esto no quita el clima de persecución del cual es víctima Lula”, dijo el abogado del ex presidente (2003-2010), Cristiano Martins.
Otra acusación está basada en un acuerdo entre Lula y la empresa OAS, involucrada en sobornos en Petrobras, para guardar el archivo presidencial, seis containers con todos los obsequios recibidos en el período en que ejerció la máxima magistratura, que el ex mandatario estuvo obligado a llevarse y proteger una vez que dejó el cargo, en 2010.
Los fiscales indican que esta transacción tiene vinculaciones con la red de corrupción en la petrolera y en la financiación de campañas políticas.
El fin de semana en Estados Unidos, donde participó de un seminario, Moro fue consultado por el portal de la revista Veja si podría pedir la detención de Lula pese a que los fiscales no lo habían solicitado. “Sin comentarios”, respondió el magistrado.
En tanto, la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff, destituida en juicio político el pasado 31 de agosto, comenzó a participar de las campañas electorales de aliados de cara a las elecciones municipales del 2 de octubre próximo.
En ese marco, Rousseff es esperada mañana para participar en un acto en Cinelandia, en el centro de Río de Janeiro, para apoyar la candidatura a alcalde de la ciudad maravillosa de Jandira Feghali, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), aliado del Partido de los Trabajadores.
Rousseff apareció en la televisión haciendo campaña a favor de Feghali, una de sus principales defensoras en la Cámara de Diputados, y también en Porto Alegre, donde reside.
En la capital de Río Grande do Sul, Rousseff en la propaganda electoral pide el voto para Raúl Pont, aspirante a jefe municipal de Porto Alegre por el PT.



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