Elecciones 2026

El presente texto discute diversas facetas de la izquierda electoral en el ejercicio del poder a cuatro años de las elecciones de 2022 que deben someterse a la crítica y a una reflexión de largo plazo. Asimismo, analiza los costos que puede enfrentar el proceso de consolidación de la izquierda como mayorías electorales de no integrar dichos aprendizajes en el proceso organizativo.

El año 2026 representa para el Pacto Histórico un ciclo de evaluación definitiva. El electorado colombiano determinará el respaldo construido por la izquierda en su primera experiencia como fuerza de gobierno y con representación mayoritaria en ambas cámaras del Legislativo. Tras cuatro años, los resultados –tanto del Ejecutivo como del Legislativo– son complejos de medir; sin embargo, la experiencia adquirida obliga a preguntarnos qué lecciones quedan para la izquierda y cómo puede incorporarlas en futuros ejercicios de gobierno. Para ello, se revisarán cuatro ejes fundamentales de todo partido político: el reclutamiento de élites, la conexión con las bases, la articulación del Estado y la competitividad electoral.

Reclutamiento de élites

Toda organización política realiza un proceso de selección de cuadros para ocupar cargos directivos, aspirar a cargos de elección popular y gestionar el aparato estatal. Para la izquierda, el acceso al poder en 2022 abrió una puerta inesperada, pero también trajo desafíos imprevistos. Primero, la magnitud del Estado –incluyendo curules e instituciones públicas– desbordó a una izquierda disminuida tras años de violencia, restricciones en cargos locales y el envejecimiento de liderazgos personalistas.

La complejidad estatal superó la disponibilidad de cuadros técnicos y políticos propios. Por ello, muchos espacios fueron ocupados por figuras provenientes de estructuras tradicionales con experticia técnica, o por perfiles que, sin provenir de procesos sociales, gozaban de visibilidad en medios y redes sociales. En otros casos, se recurrió al tradicional amiguismo o a las redes personales de los liderazgos vigentes.

Esta falta de tradición y articulación política hace que hoy sea difícil valorar el espectro ideológico de los principales cuadros del progresismo. A pesar de haber tenido acceso a recursos para la formación de cuadros, la construcción de listas evidencia una confianza extrema en figuras personalistas y una dependencia de la visibilidad mediática para asegurar victorias a corto plazo. Difícilmente se observa un panorama que supere el envejecimiento de sus figuras. Quizás el único sobreviviente con la entereza ideológica para aglutinar el proceso sea Iván Cepeda; sin embargo, tras él, es difícil hallar figuras que proyecten esa misma solidez para otros cargos de relevancia.

La conexión con las bases

La multiplicidad de organizaciones que integran el Pacto Histórico albergan movimientos sociales, procesos de base, colectivos identitarios y expresiones del sindicalismo y la juventud (especialmente tras el estallido social). No obstante, la complejidad estatal, sumada a las incapacidades administrativas y la falta de metas específicas para enrutar una transformación sostenible, ha dificultado el sostenimiento de estas bases.

La literatura de partidos indica que la participación se moviliza a través de intereses colectivos (ideológicos) y selectivos (beneficios específicos). Cuando un partido depende de la movilización social, ambos deben combinarse: para quien reclama tierra o justicia, la transformación social es, en la práctica, la transformación de su propia vida. Sin embargo, la izquierda –en un país de leyes diseñadas para interrumpir procesos sociales– no ha logrado reconstruir un Estado eficiente para el cambio.

A cuatro años, es difícil determinar la agenda principal del “Gobierno del Cambio”. La “Paz Total” no logró consolidarse como tal, ni tampoco la transformación de la tenencia de la tierra. Si bien hubo avances, persisten dudas sobre la sostenibilidad de las entregas sin titulación y la viabilidad de la producción rural a largo plazo. Carecemos aún de una política agroindustrial que soporte una reforma rural integral. Asimismo, los procesos juveniles se vieron afectados al vincular su participación casi exclusivamente a lo electoral, dejando espacios como los Consejos de Juventud en manos de partidos tradicionales, mientras persisten la violencia y el reclutamiento forzado en la ruralidad.

La articulación del Estado

Acceder al Estado implicó para la izquierda tomar conciencia de la compleja red de instituciones, normas, capilaridades y procesos que lo componen. Aunque para la Ocde el Estado colombiano es un dispositivo pequeño, para la realidad política nacional representa un entramado complejo que requiere una revisión profunda de su articulación y, sobre todo, de su transparencia.

Por una parte, debido tanto a su dificultad para reclutar élites propias como a la obligatoria negociación con sectores tradicionales, la izquierda mantuvo las estructuras de captura de rentas en manos de sus dueños habituales. Ejemplo de ello fueron los ministerios de Transporte y Deporte –asignados tradicionalmente a los conservadores–, incluyendo sus superintendencias adscritas. Lo mismo ocurrió con espacios entregados a los liberales o al Partido de la U. Esta conservación del poder en manos de actores que no compartían los propósitos de la izquierda permitió que, desde adentro, se bloquearan activa o veladamente las posibilidades de transformación.

De otra parte, los nuevos cuadros –salvo contadas excepciones– repitieron dinámicas de fractura por falta de pericia para construir legitimidades (formales e informales) hacia la ciudadanía y hacia sus propios funcionarios. Prevalecieron las veleidades individuales y la búsqueda de resultados efectivistas que terminaron por ahogar las posibilidades de cambio, sin una ponderación crítica de los resultados adversos.

Asimismo, faltó voluntad para impulsar transformaciones de largo plazo en la función pública. No se activaron mecanismos para vincular a nuevos sectores sociales a la carrera administrativa; por ello, de no haber continuidad en el gobierno, los esfuerzos de los actuales contratistas desaparecerán frente a una burocracia socializada en formas de entender la sociedad muy distinta a las aspiraciones de la izquierda. Esto evidencia una incapacidad de cumplirle a las mayorías urbanas, especialmente en Bogotá, condenadas a la inestabilidad de la contratación estatal sin posibilidad de construir proyectos de vida sólidos.

A esto se suma una evidente disputa con actores estatales y una falta de diálogo con el Banco de la República, las altas cortes y los entes de control. Esta tensión es producto tanto de la pugna de poder entre las viejas y nuevas élites, como de la carencia de procesos de articulación claros que permitan que nuevos actores ocupen estos cargos, evitando que sigan confinados como refugios de las élites conservadoras.

Finalmente, no se puede omitir la falta de transparencia. Por el afán de gobernar, se aceptó operar bajo las reglas tradicionales de manejo de recursos, lo que derivó en escándalos como el de la Ungrd y la investigación al exministro de Hacienda. Más allá de la calificación jurídica de estos hechos, representan la repetición de dinámicas tradicionales de “gobernabilidad”. Para la izquierda, este error es letal: lo que la derecha simplemente oculta, para el progresismo es imposible de justificar éticamente ante su electorado.

La competitividad electoral

En el campo de lo electoral, la construcción del Pacto Histórico ha sido, sin duda, víctima de un bloqueo por parte de las autoridades electorales. A través de decisiones fundamentadas en lo formal, pero abusando de los límites de la interpretación con tal de fracturar el proceso político de la izquierda, han imposibilitado la construcción efectiva de un partido único.

Sin embargo, a esto hay que sumar un desinterés profundo del proceso colectivo por entender las reglas del sistema. Se abandonó durante cuatro años la posibilidad de una reforma política profunda que incluyera la transformación del Consejo Nacional Electoral (CNE). El único proyecto presentado bajo este gobierno fue liderado por el ahora candidato Roy Barreras, quien concentró los esfuerzos en permitir que los congresistas fueran ministros. Este claro conflicto de interés terminó por hundir una reforma que, más allá de las listas cerradas, no avanzaba en temas prioritarios como la construcción de una justicia electoral efectiva que evite la interpretación sesgada de espacios administrativos con intereses políticos, como lo es el CNE.

Se perdió también un tiempo valioso para construir el partido único, tarea que debió iniciar en el momento de mayor legitimidad en las urnas para asegurar la competitividad en el nivel subnacional y evitar el saboteo de última hora de las autoridades electorales. Depender de medidas judiciales para presentar listas organizadas no es solo resultado de la “trampa” de sectores expertos en las reglas, sino también de la falta de agilidad interna para construir una organización democrática unificada. Ha faltado capacidad para generar reglas que garanticen la formalización de procesos de frente amplio, capaces de abrir la competencia a actores de transformación política profunda, más allá de la izquierda tradicional.

Estas debilidades se expresan en la falta de disciplina y en fracturas internas, como las ocurridas en la lista a la Cámara por Bogotá o la respuesta a las tensiones tras el fallo sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente Amplio. Estos episodios muestran una incapacidad para construir un mecanismo partidario democrático y centralizado que responda a las necesidades estratégicas de la competitividad electoral.

Todos los problemas denunciados han sido difíciles de abordar, pero es imperativo entender que se es gobierno y, a la vez, proyecto colectivo. La crítica ya no se hace en el vacío; debe ejercerse desde el exterior y el interior del proyecto político, obligando a que el Estado responda a las demandas del proceso común. Por miedo, complacencia o incapacidad, ha faltado este ejercicio, permitiendo que la dirección del proyecto dependa de las habilidades personalistas del Presidente y de la estructura general. Es necesario rescatar la capacidad constante de crítica que construye a la izquierda, incluso –y sobre todo– dentro de un gobierno popular.

Llegará el momento de hacer un corte de cuentas. Ojalá no sea tras una derrota, pues entonces la crítica se personalizará para exculpar a los responsables. Estamos a tiempo de reflexionar para evitar reproducir estos errores, pero la autocrítica debe hacerse de cara a la ciudadanía. El voto no debe pedirse solo bajo el miedo al retorno de la derecha, sino como una posibilidad efectiva de emancipación. Para ello, es imperativo entender cómo superar las dinámicas del gobierno tradicional que tanto se criticaron.