De nuevo en el país, sin ninguna vergüenza, uno de sus gobernantes da la orden de cerrar otra institución pública de salud.
Esta vez se trata del Instituto Materno Infantil (IMI) de la ciudad de Bogotá, a la que se le ha dado sentencia de muerte a partir de la interpretación que el Gobernador de Cundinamarca ha hecho de la sentencia proferida por el Consejo de Estado en marzo de este año. En ella se declaró a los Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil como instituciones de carácter público y no privado, como se consideraron desde 1979 y fijó, al mismo tiempo, la responsabilidad de dichas instituciones en el
Departamento de Cundinamarca
El Gobernador quiere hacerle un esguince al fallo al plantear que, “para retrotraer la situación es necesario que la Fundación San Juan de Dios sea liquidada previamente, y que posteriormente le sean retornados a la Beneficencia los bienes que entregó en 1979”. Es obvio que difícilmente se puede hacer esto, pero así lo plantea el Gobernador para descargase de las responsabilidades que le ha dictado el Consejo de Estado al departamento de Cundinamarca.
Esta decisión evidencia que no existe voluntad política ni del gobierno departamental, ni tampoco del gobierno nacional, para darle una salida adecuada a la actual situación del IMI, a pesar de existir voluntad y propuestas viables de diversos actores, entre los que se destacan los trabajadores y sus organizaciones, la actual dirección del IMI y la Secretaria de Salud de Bogotá.
Debe quedar claro que cerrar el IMI es un hecho de profunda gravedad en el actual contexto social y sanitario de la ciudad y el país, donde siguen existiendo cifras aterradoras de enfermedad y muerte materna e infantil por falta de atención médica. A su vez, es una medida claramente violatoria de los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Estado colombiano que estipulan claramente la obligación de los Estados a brindar total protección de salud al binomio madre-hijo/a.
Los colombianos, en particular los habitantes de la región del altiplano deben tener claro, que si se acoge la decisión del Gobernador la ciudad y el país verán cerrar una Unidad de Atención de Alto Riesgo Obstétrico; cerrar la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal más grande del país y la única Unidad de Cuidado Intermedio Materno que existe actualmente en Bogotá; cerrar el instituto que creó el Programa Madre Canguro, que ha salvado la vida de miles de bebes prematuros alrededor de todo el mundo y por el cual el IMI recibió premio de la Organización Mundial de la Salud; cerrar un centro de prácticas de alto nivel de la Universidad Nacional, en el cual se han formando profesionales de la salud tanto en pregrado como postgrado.
La pregunta que surge es ¿y la ciudadanía frente a este hecho qué?; ¿cuál es el papel que le compete a los habitantes de Bogotá y del país que se han beneficiado o que podrían necesitar de los servicios del IMI?, ¿porqué tanta indiferencia frente a medidas públicas tan graves?
Definitivamente el sistema nos ha instalado como consumidores individuales de servicios de salud y no como ciudadanos que actuamos en conjunto para presionar decisiones publica a favor del bien común.
En esta medida hay que decir, aunque cueste vergüenza, que el cierre de instituciones públicas de salud obedece en gran medida a la falta de una ciudadanía activa que defienda a capa y espada sus instituciones, su patrimonio público; y por supuesto a unos gobernantes que favorecen con sus decisiones a los sectores privados.
Recuadro
Propuesta para defender el IMI
* Fortalecer el IMI y reabrir el HSJD como parte de los hospitales del proyecto Ciudad Salud, incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial del distrito capital. Serían hospitales universitarios especializados y subespecializados en servicios de tercer y cuarto nivel; servicios para ser ofertados distrital, nacional e internacionalmente.
* Que el IMI se convierta en una ESE adscrita a la Secretaria Distrital de Salud, que podría prestar una serie de servicios especializados de 3 y 4 nivel que la ciudad requiere y que ninguna otra institución brinda.
* Establecer un acuerdo entre trabajadores y pensionados (a través de sus organizaciones gremiales) con el gobierno nacional, que posibilite concertar aspectos referentes a las deudas laborales y al pasivo pensional, de tal manera que se desentrabe uno de los mayores escollos que aboca el Ministerio de Hacienda para argumentar que no es posible avanzar en un arreglo.
* La destinación por parte de la Nación de los recursos contemplados en la Ley 529 de 1999, que dispone una cuantía (hasta 25 mil millones de 1999) para la Universidad Nacional, el Instituto Cancerológico, el Instituto Dermatológico y el CEADS para operaciones de compra de terrenos y otros para la Fundación San Juan de Dios; y lo que representa la conservación de estas dos instituciones como monumentos nacionales (Ley 735 de 2002).
Realizar un acto político simbólico: hacer una cadena humana que rodee el IMI como expresión de protección de la ciudadanía de esta institución pública, y en este acto entregar a la ciudad una propuesta que haga viable al IMI.
Si usted quiere sumarse a esta labor en defensa del IMI, comuníquese con el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social. Teléfonos: 2886094 – 3400784 / [email protected]
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