Bolivia: nueva fase desestabilizadora

Horrorizados por la voluntad inquebrantable del gobierno de Evo Morales de nacionalizar los hidrocarburos y conducir la Asamblea Constituyente hacia una auténtica refundación del Estado, los cívicos procuran inducir o sacar el mayor partido de las desavenencias de otros sectores, incluso populares, con el gobierno.

Es el caso del trágico choque entre los cooperativistas y los mineros sindicalizados de la pletórica región estañífera de Huanuni, cuyo origen se remonta a la privatización de la minería por los gobiernos neoliberales. Estos crearon una capa privilegiada de cooperativistas, convirtiendo a obreros asalariados en propietarios, los que a su vez  explotan a otros trabajadores.  Como la lucha de los obreros impidió la privatización total de las minas, se crearon las bases de una escisión de los trabajadores que ahora hizo crisis con un alto rédito en sangre.

El torpe y acaso interesado manejo del conflicto por parte del destituido ministro de minería, anteriormente líder de los cooperativistas, propició el sangriento desenlace y el retiro de su apoyo al gobierno por parte de este sector, que había sido aliado hasta ahora del Movimiento al Socialismo (MAS), de Morales.

El gobierno ha iniciado negociaciones entre las partes en pugna sobre la base de reconstituir la Corporación Minera Boliviana (Comibol) y de hacer valer el papel rector del Estado sobre los recursos minerales, lo que le exigirá una ardua labor de persuasión para armonizar los intereses de los dos grupos con los de la nación.  No será fácil llegar a acuerdos.  Con los cooperativistas por sus intereses económicos privados y con los sindicalizados por la postura infantilista de izquierda de su dirección.

En paralelo con el desarrollo de este contencioso se produjo en La Paz, el 9 de octubre, un paro del gremio empresarial de los transportistas, con bloqueos de calles y rutas que paralizaron la capital. Las acciones del gremio, conocido por su tradición conservadora y su apoyo a las dictaduras de Bánzer y García Mesa, rebasan con creces las de una protesta por disposiciones municipales sobre el tránsito. Se intensifican los rumores sobre conspiraciones y golpe de Estado.

No ha de extrañar que el imperialismo y la oligarquía se empeñen a fondo para derrocar al gobierno de Evo Morales.  Lo que está en juego en Bolivia a partir de que Evo llegara a la presidencia es el paso de la antigua república oligárquica, racista y excluyente a una en verdad  democrática, soberana, que dé voz y poder de decisión a las mayorías indígenas y mestizas marginadas históricamente por una elite.

De allí derivan el constante sabotaje de los partidos de la oligarquía, en especial el Podemos, al avance del trabajo de la Asamblea Constituyente, que el MAS promueve como originaria y plenipo-tenciaria, no subordinada a las tres ramas del gobierno y los intentos desestabiliza-dores. La oligarquía cuenta con el favor de la maquinaria mediática local e internacional, un obstáculo al que se enfrentan no ya todos los gobiernos, sino incluso los candidatos, que en alguna medida se oponen a las políticas neoliberales en América Latina.

El gobierno de Morales debe enfrentar la escalada desestabilizadora con un déficit de cuadros leales y capaces para hacer funcionar la administración pública sobre nuevas bases, una consecuencia del subdesarrollo y la marginación de las mayorías. Muchos de los antiguos  funcionarios y técnicos de los sectores público y privado padecen los prejuicios racistas de la cultura dominante o son de formación neoliberal.

Es en el movimiento popular que lo llevó al gobierno donde Evo cuenta con las reservas necesarias para derrotar la elite subversiva.  Si esta se empeña en derrocarlo por la fuerza tendrá que vérselas con la indiada, que cuenta en su haber con diez años de victorias consecutivas y una capacidad infinita de resistencia.

Por: Ángel Guerra Cabrera