La más regresiva Ley agraria de la historia de Colombia

Al desconocerse el mandato constitucional de brindar “debida protección a la producción de alimentos”, se recurre al manejo autócrata del territorio a fin de imponer la meta gubernamental para 2020 de siete millones de hectáreas sembradas en cultivos tropicales como palma aceitera, cacao, yuca y forestales y demás de las cadenas agro exportadoras. El instrumento para los fatales fines es el Incoder, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Las orientaciones emanadas del ministerio de Agricultura y del Consejo Directivo de ese Instituto, donde el poder se concentra en esa cartera, en la de Planeación y en la de Medio Ambiente, guiarán la gestión en Proyectos Productivos que demanden apoyo estatal, en Reforma Agraria, en Asistencia Técnica, en Adecuación de Tierras y Riego, en delimitación de Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios de Negritudes, en Extinción de Dominio de bienes rurales y clarificación de la propiedad y deslinde de tierras, en administración de baldíos, incluyendo zonas de colonización, de reserva campesina y de Desarrollo Empresarial.

Los lineamientos del Estatuto para imponer políticas son los más regresivos consignados en la legislación colombiana. Se condiciona el crédito y la promoción gubernamentales a la producción vinculada a la exportación, la acción institucional en la asistencia técnica se limita a “estimular la creación” de prestadores del servicio por el que los clientes rurales pagarán, igual pasará con las obras adecuación, para las que los usuarios recibirán un subsidio que “ayude” en el pago correspondiente, y se avisa que la administración de los actuales distritos podría darse a entes distintos a las asociaciones de usuarios. El Estado abandona vitales funciones, las privatiza.

Lo más perverso corresponde a lo que como burla se insiste en llamar Reforma Agraria. Se reduce a un subsidio, entregado a los supuestos beneficiarios, para completar el pago efectuado a los oferentes de la tierra en un mercado donde el Estado juega el papel de “asistir” la transacción; esto si y sólo si existe un plan productivo aceptado por Incoder. Se contempla la reestructuración de los Resguardos Indígenas y los Consejos Comunitarios, verificando sus límites desde las cédulas coloniales y prohibiendo su ampliación, si ha lugar, con predios invadidos o que “se pretendan invadir”. Los planes de colonización, especiales de adjudicación y de reservas campesinas tienen como demarcación la Unidad Agrícola Familiar (UAF).

Mientras esta receta se brinda a quienes solicitan tierra, el Estatuto prescribe que empresas “que se dediquen a la explotación de cultivos agrícolas o a la ganadería, podrán solicitar la adjudicación de terrenos baldíos” sin la restricción de la UAF, justificadas en “facilitar la incorporación de sistemas modernos de producción que requieren alta inversión de capital, dentro de criterios de racionalidad y eficiencia”. En igual sentido, evadiendo el contexto de desplazamiento, establece que, quien “creyendo de buena fe que se trata de tierras baldías”, hizo explotación económica y estable de un predio por cinco años, podrá exigir el dominio a su favor y, así mismo, cambia la expropiación de los predios improductivos por su compra según avalúo, aunque la mantiene para macroproyectos de “interés y conveniencia estratégicos”. Mezquindad con los necesitados y regalías con multinacionales, consorcios y rentistas y con quienes puedan legalizar muchísimas hectáreas venidas del despojo.

Entregar territorios a extranjeros para el desarrollo de la agricultura fue una propuesta de Francisco de Paula Santander en los albores de la República; este gobierno, que ve caer en picada la producción y el empleo rurales, la resucita como “modernización”. Sin duda, la expedición del retrógrado Estatuto, complemento del Tlc, concretará más expulsiones de otros millones de familias indígenas, negras, campesinas y agricultoras, ellas irán de la agonía a la aniquilación.