Este Acuerdo cierre un largo período de 12 años (4 alcaldías) durante el cuales se presentaron, sobre el tema, 12 propuestas de reforma al Concejo de la ciudad, las que en esencia no variaban los temas y exigencias hechas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): reducir la estructura administrativa de la ciudad. Cabe destacar que para mediados de los años noventa el BID firmó con el Distrito un crédito especial para apoyar su proceso de reforma institucional y territorial, el cual definía tiempos, procedimientos y contenidos que invariablemente se han ido incorporando en todas las propuestas y en el acuerdo final firmado en noviembre pasado.
Lectura histórica
Para comprender los cambios que hoy se suceden en la ciudad, es necesario mirar atrás. Trascurre el año de 1976, se lleva a cabo (en Vancouver Canadá) la Conferencia Mundial de Asentamientos Humanos “Habitat I”. Allí se reunen los representantes de la mayoría de los gobiernos del mundo, junto con intelectuales y organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales. El propósito: discutir el futuro de las ciudades, sus gobiernos y los retos y perspectivas para los años venideros.
Para aquellos años el paradigma de la “Sociedad Moderna” estaba en plena vigencia. La creencia generalizada de que los gobiernos podían cambiar la sociedad a través de propuestas políticas y administrativas que generaran condiciones nuevas para lo que se llamaba el “futuro alternativo”, ocupaba el pensamiento sobre las ciudades y sus formas de gobierno.
La integración de ciudades, la participación ciudadana y la tecnificación y modernización de los gobiernos locales, fueron los centros del debate. Surgió así, de manera análoga y entre otros, el concepto de “ciudad moderna” y con él las “Utopías Arquitectónicas” (Brasilia-Brasil), los “Modelos de Ordenamiento Territorial” (Montevideo-Uruguay, Barcelona-España), las “Nuevas Prácticas de Participación” (Presupuestos Participativos de Porto Alegre-Brasil).
Bogotá, al igual que otras ciudades latinoamericanas, y en el marco de esta oleada de reformas emprendió, a finales de los años 80 e inicios de la década de los 90, el proceso de transformación urbano-territorial, político-administrativo, fiscal-financiero y cultural propuesto para las “ciudades modernas”.
Fue así como a partir de las recomendaciones del Informe “Monitor” de mediados de los años 90, los gobiernos del Distrito, bajo los lineamientos y el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), comenzaron el proceso de Reforma Administrativa cuyo primer resultado se plasma en la reforma motivo de este artículo.
La reducción del Estado
En esencia, los criterios y principios exigidos por la Banca Multilateral, para plasmar dentro de estas reformas, son:
1) Disminución del tamaño del Estado, para el caso de la Administración Distrital.
2) Transparencia y control de la corrupción.
3) Eficiencia y celeridad en las actuaciones públicas.
4) Ampliación de la participación ciudadana y control social de las acciones de gobierno.
Todos estos propósitos, para lograr un gobierno cada vez más armónico con las condiciones y retos de la ciudad, podrían ser vistos como deseables; sin embargo, cabe anotar, graves peligros y consecuencias de la aplicación acrítica de la reforma.
En primer lugar, si bien de manera explícita el gobierno que encabeza el alcalde Luis Eduardo Garzón ha manifestado que no habrá despidos de funcionarios distritales, basta con echar un vistazo al pasado próximo (gobiernos anteriores) para constatar que desde el primer gobierno de Antanas, pasando por Peñalosa y retornando nuevamente a Antanas II, se fue realizando un proceso de desvinculación masiva de numerosos funcionarios, con la supresión de cargos concomitantes. Su efecto, las instituciones del Distrito tienen en el actual momento cerca del 60 por ciento de sus empleados como contratistas. Esto ha generado un conflicto interno entre funcionarios de planta y contratistas, ya que la estabilidad laboral de los primeros se compensa en los segundos con remuneraciones bastante onerosas en comparación con las de los funcionarios de nómina, creando desequilibrios casi insostenibles.
El desestímulo a la promoción interna por capacitación y tiempo de servicio ha sido otra constante de las normas y procedimientos que la carrera administrativa impone a los funcionarios públicos. Podríamos decir que si la reforma trata de no lesionar a los trabajadores actuales, lo cual es loable, ya el proceso antecedente y las normas que lo acompañan han realizado la tarea exigida por el BID.
En el filo de la cuchilla
Hay que tener muy presente que en la presente Reforma Administrativa, se diferencian dos tipos de entidades: las vinculadas y las adscritas.
Las vinculadas son de carácter mixto, y por ende con autonomía relativa en sus planes, programas y proyectos, con respecto a las decisiones gubernamentales. Hay que subrayar que estas entidades se refieren, de manera muy especial, a las Empresas del Distrito que por su naturaleza y función, generan riqueza en tanto prestan o venden servicios pagados por los usuarios.
En el proceso de globalización de los servicios y privatización de los recursos públicos, son las entidades vinculadas las que de manera más expedita pueden ser negociadas, y en las que el control ciudadano y la voluntad política del Gobierno menos ingerencia tienen. Quiere decir esto que, aunque la Reforma Administrativa no tiene como finalidad la privatización de las Empresas del Estado sí deja, mediante esta diferenciación técnica, abiertas las puertas para su negociación.
En dicha condición están nada más y nada menos que:
1) La Empresa Industrial y comercial, Lotería de Bogotá.
2) Empresa de Servicios Públicos: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. -ETB-ESP.
3) Empresa de Servicios Públicos: Empresa de Energía de Bogotá S.A. – EEB – ESP.
4) Empresa Industrial y Comercial: Empresa de Renovación Urbana – ERU.
5) Empresa Industrial y Comercial: Metrovivienda.
6) Empresa de Servicios Públicos: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB –ESP.
7) Sociedad pública: Empresa de Transporte del Tercer Milenio -Transmilenio S.A.
8) Sociedad de Economía Mixta: Terminal de Transporte S.A.
9) Sociedad Pública: Canal Capital.
10) Corporación para el Desarrollo y la productividad Bogotá Región».
Como puede notarse, las vinculadas son las 10 entidades que generan riqueza en el Distrito, y las que a partir de esa definición de vinculadas tienen un régimen mixto que les permite salir al mercado de la privatización con memores controles políticos y ciudadanos.
Descentralización truncada
Finalmente la reforma, en tanto no toca para nada el nivel de Localidades, dejó de lado quizás una de las expectativas ciudadanas de mayor envergadura, la descentralización y el fortalecimiento desde lo local de la participación ciudadana con decisión e información.
Así la Reforma Administrativa del Distrito, como uno de los más notables logros de la Alcaldía de Luis Eduardo Garzón, pone de manifiesto nuevamente que no necesariamente “ser gobierno es ser poder”, y menos aún cuando se es gobierno local. Claro, a menos que en tal ejercicio las decisiones que se tomen confronten los poderes del Estado Nacional, y por ende los intereses privados tanto nacionales como internacionales en él representados.
Siendo así, las limitantes y el reto que tenemos al frente nos obliga a cualificar nuestras acciones de gobierno dentro de un marco de definición y decisión política clara, en el cual la técnica administrativa sea solamente un instrumento al servicio de los propósitos éticos y políticos del gobierno, en tanto representante legítimo de los intereses y derechos colectivos del pueblo que lo eligió. Queda así vigente la ya celebre disputa de los años sesenta: Revolución o Reforma.
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