Los señores de la guerra del colombiano Gustavo Duncan logra pintar la epopeya de paramilitares y guerrillas como una ardua y sangrienta conquista de territorios y poblaciones. A diferencia de otras regionalizaciones, no se distrae en anécdotas y personajes. Tampoco apela a mapas geográficos. Es una historia de personajes y gestas ya sembradas a la bolea en el territorio nacional.
La tradición guerrera, según este autor, se origina en la violencia liberal conservadora de los años cincuenta. Se entronca luego con las guerras revolucionarias de inspiración castrista hasta alcanzar su pleamar con el auge de las drogas.
Esta versión explicaría la pregunta planteada por Francisco Toumi1 de por qué guerrillas comunistas y paramilitares se habrían instalado en Colombia, a la par con el narcotráfico, y no en países vecinos con características similares.
Ruda explicación lineal que ignora la oleada del franquismo fachistoide venida de España en los años cincuenta, la siembra de focos revolucionarios en la década castrista y luego las hordas de contrabandistas en afanosa búsqueda de rutas del narcotráfico a partir de Bolivia y Perú2. Como en otros lares son guerras de naturaleza distinta, combatientes distintos y éticas diferentes.
La distinción clave
Poco importa la ausencia de anécdotas, mapas, cifras y citas en este robusto ensayo de Duncan, con predominio reflexivo y del esfuerzo de dilucidar un proceso complejo. Lo que importa es que logra sacar a flote la red que configura no un feudalismo de “señores de la guerra” consolidados, sino un desplazamiento furtivo de unas sociedades mafiosas hacia Estados, cuya estructura se apareja y se refunde por doquier con las del Estado colombiano.
Para las AUC, eso equivale a conquistar la laurea de movimiento político y rebelde en cuanto que hace justicia por mano propia, para contener a las guerrillas. Verdad a medias, diría el senador Petro, porque omite la depredación de tierras para encubrir con ganaderías, laboratorios y corredores de transporte de la droga.
La distinción es importante. El negocio mafioso articula sus redes en función del ilícito negocio. Marca sus territorios en las zonas de cultivos, establece los eslabones administrativos y ejecutivos desde las plantaciones hasta los circuitos financieros internacionales, pasando por las haciendas y parajes donde se industrializa la química de la droga y los furtivos corredores por donde arranca el más rentable trecho del negocio: el “transporte y los seguros internacionales”, como se denomina en Balanza de Pagos.
En cambio, es distinto del intento –tanto guerrillero como paramilitar- de los hombres en armas de ponerse por encima del negocio mafioso y ordenar comarcas y regiones en son de autoridad superpuesta, pero dominante. Esa es la dilucidación mejor lograda por Gustavo Duncan.
Omite, es cierto, la fortaleza primordial del negocio que asegura los excedentes en las filiales de los bancos internacionales situadas en los diez y siete paraísos fiscales del hampa mundial globalizada. Solo entre un 10 y un 20% se repatria para renovar el capital de trabajo. Pero ese es tema de capítulo siguiente.
República descuartizada
La dilucidación que se impone ya no es solo la metafórica narcodemocracia colombiana, sino la de una república territorialmente descuartizada en zonas campesinas de narcocultivos, zonas ganaderas con narcoindustrias, infiltraciones en las barriadas de numerosas ciudades y con palancas en los poderes centrales del ejecutivo, del judicial, del legislativo y de las fuerzas armadas.
Solo se escapan las transacciones invisibles de lavado financiero en los paraísos y de inversiones insospechadas en Australia, Nueva Zelanda, Japón y otros países abiertos a flujos de capitales de procedencia anónima.
Sobre esa imagen exagerada para políticos desprevenidos como el académico Antanas Mockus, es sin embargo el incuestionable punto de apoyo de la opinión favorable del presidente Uribe Vélez. Duncan lo señala; pero pone en cuestión el éxito del proceso de paz centrado en la ley de “verdad, justicia y reparación”. Su objeción se centra en la verosímil posibilidad de que el proceso de capos-comandantes notorios no produzca el desmonte de estructuras rurales y citadinas articuladas a un poderoso negocio en boga.
Objeción tan válida puesto que la dada de baja de los grandes capos del cartel de Cali y Medellín permitió el florecimiento de numerosos carteles regionales liderados por los antiguos traquetos. Supergrande internacional, grandes nacionales, superduros regionales o traquetos, duros locales y chichipatos del mercadeo de la pasta. Una pirámide de mandos que releva las bajas con la eficacia de cualquier empresa que se respete.
El Estado comunitario
Ese es el punto de partida de la propuesta de Refundar la República. La Constitución del 91 es muy insuficiente, porque dejó abierto e indeterminado el examen de territorios y poblaciones3. No se ocupó de la estructura del Estado sino que hizo énfasis en ganar terreno en la democracia participativa (iniciativa del M19) y en darle cabida a la élite neoliberal de tecnopolíticos consagrando la autonomía del Banco de la República con poderes exclusivos en materia monetaria, crediticia, de cambios internacionales y de vigilancia fiscal del ejecutivo.
La estropeada democracia local por capos y comandantes solo se constituye en materia prima de trabajo con el mandato claro logrado por Uribe Vélez en dos contiendas electorales, bajo el planteo del Estado comunitario y del eslogan de la seguridad democrática. Caben críticas en ese diseño y en sus ejecutorias, pero no cabe señalar ni engaño en la propuesta en plena ejecutoria, ni desacierto en señalar la prioridad. Las cartas están sobre la mesa.
Llenar el vacío
El objetivo entonces que le cabe a la oposición en la misma dirección es la del Estado de Derecho, como una referencia obligada a la alternativa violenta que campea. Duncan logra el diagnóstico acertado –salvo observaciones adjetivas- y Carlos Gaviria lidera la alternativa en el Polo Democrático. Esa es también su fuerza. Pero el Estado de Derecho4 debe copar el gran vacío de la Constitución del 91, para que el diagnóstico de Duncan y la terapia de Gaviria se aproximen.
Sobre el territorio y la región se construye el poder político y sus competencias. Pero los señores de la guerra no se sustituyen solo con ejércitos legítimos de ocupación, donde la democracia es débil o pervertida. Ni la democracia estropeada se fortalece con foros comunitarios periódicos bajo la batuta presidencial. Se fortalece sí la imagen del presidente como una necesidad de convocatoria en el trance guerra y paz que se juega el mandatario.
Porque la mayor fortaleza del negocio ilícito es su práctica rutinaria de ofrecerle a los mandos locales o de ocupación, la opción de aceptar una seductora suma de dinero o un daño cierto a un ser querido, por lo menos. “No hay general que se resista a un cañonazo de un millón de dólares”, sentenció López Michelsen, sobre todo si además lo amenazan –de no aceptar- con un sicario a la vuelta de la esquina.
Las fuerzas vivas al poder
La propuesta que se desarrolla aquí son hipótesis que implican un fortalecimiento real de la democracia local y regional. El aporte esperado es la búsqueda en los niveles locales y regionales de una representación más directa y vigorosa de las comunidades involucradas. Aunque la crisis de la representación en la clase política no es gratuita, ni de los partidos; en la situación colombiana, la crisis se agrava más allá de que una gran parte de la sociedad civil no quiere ser representada, sino asumir sus propia responsabilidades. Aquí es la debilidad de los representantes en el poder.
Más aún, los intermediarios consagrados de oficio son más vulnerables al chantaje y al soborno que las organizaciones civiles que copan el territorio desde siempre, lo viven y lo trabajan. Y la sociedad civil son los gremios, las asociaciones, los sindicatos, los portadores de intereses creados y que pueden y que pretenden dirimir en sana lid democrática las orientaciones del bien común.
La diferencia con la propuesta en acción del presidente Uribe es que no se trata de montar múltiples escenarios presidenciales ante las fuerzas vivas representadas por personajes seleccionados. La presencia del mandatario concita voluntades en torno al presupuesto aprobado, y en mejor de los casos a una mayor transparencia y eficaz seguimiento de lo acortado. Pero no concreta la organización institucional de esas fuerzas que deberían constituir en forma directa los Concejos municipales y las Asambleas departamentales.
Ya sean representantes directos o mediante candidatos ad referéndum de la ratificación popular en las urnas, o ya sea una proporción equitativa del 50% o más, son modalidades que pueden reglamentarse a la par con las calidades. En todo caso el derecho a elegir y ser elegido queda en pié; pero esta vez más cercano a las organizaciones empresariales, de trabajadores y asociaciones profesionales y otras organizaciones.
Clase política y partidos
Como en los clásicos debates entre federalismo y centralismo, o entre centralismo y descentralización, la nuez del problema se dirime en torno a territorios poblados y competencias de poder. No en las modalidades físicas y geográficas de los territorios. Valga la pena subrayar que la mayor aproximación a la democracia directa se puede lograr en las comunidades locales, pero en la medida en que el territorio y la población se agigantan, la temática y la posibilidad de una participación directa se alejan.
En el escenario nacional la representación indirecta se impone. Esa es el nuevo quehacer de la clase política y de los partidos. Con razón la moneda (léase política económica nacional), la guerra (léase fuerzas armadas) y la política internacional, suelen ser siempre competencia del poder central en cualquier alternativa, aunque con frecuencia ad referéndum del Congreso –también central y nacional.
Es en ese ámbito macro-nacional donde los partidos políticos pueden tener su mayor pertinencia. Aunque en Colombia su vigencia se encuentra envolatada, es posible que la reforma política la enderece. Queda sí el eslabón perdido de la democracia local –como lo señala Duncan- como pieza clave a recuperar para fundamentar la democracia colombiana.
1 Coordinador del libro “Drogas ilícitas en Colombia, su impacto económico, político y social”, Ed. Ariel, PNUD, DNE, Bogotá, 1.997
2 Se trata de la “French connection” grupo compuesto por los marselleses Simon Max Albert, Jean Michel Goiffon y Claud Inocenci Paul, dirigida por Laurent Charles Fiaconni, que opera en Colombia desde finales de 1974 en plan de organizar una logística amazónica. Pero en 1973 los hermanos bolivianos Camilo y Wilson Rivera ya eran notorios traficantes de pasta de coca en Leticia y el peruano Luis Cárdenas Guzmán, jefe del clan Cárdenas, cae preso en Bogotá, por narcotráfico, a finales de 1975. (Ver en Castillo, Fabio: “Los jinetes de la Cocaína”, Ed. Documentos Periodísticos, Bogotá, 1987, pg. 30). En 1973 fueron detenidos 96 extranjeros transportando cocaína. El jefe del DAS de Leticia es detenido en el aeropuerto Eldorado con 18 kilos de cocaína. Pablo Escobar solo entra al negocio en 1979, importando pasta puesta en el Ecuador para procesar en Medellín para los Ochoa, aunque el Padrino Alfredo Gómez, veterano contrabandista y amigo de Pablo ya movía pasta de coca desde 1973. (Ver en Salazar, Alonso: “La Parábola de Pablo”, Ed. Planeta, 2001 pg. 53-57).
3 Los artículos 302 y 319 de la Constitución Política de Colombia, relativos al ordenamiento territorial tendiente a crear Regiones Administrativas de Planeación (RAP), se han tratado de desarrollar en seis fallidos intentos de ley.
4 El Estado de Derecho se remite al imperio de la ley, pero no se ocupa de las posibles modalidades del poder político. La ley puede consagrar el elitismo, el pluralismo, el comunitarismo, el corporativismo o formas mixtas de concertación entre el gobierno y la sociedad civil. Ese arduo debate en Ciencia Política (ver en Marsh et alt. Teoría y Métodos de la ciencia política, cap.12) se soslaya aquí, a la búsqueda de una fórmula pragmática de un gobierno local y regional que consolide y mancomune las fuerzas vivas en plan de cimentar la democracia local. No es esa una razón para obviar las críticas. No obstante escapa del “interés privado al poder”, porque son peores los lobbies, los testaferros elegidos a fuerza de campañas financiadas o simples agentes de intereses privados. En este caso, se impone la transparencia y el deber de asumir el papel de agentes del interés común.
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