¿Hasta qué va a llevar el Estado, en cabeza del actual Gobierno, la mala calidad de la educación pública? El interrogante tiene toda validez, toda vez que pretenden recortar por más tiempo las ya recortadas transferencias a los entes territoriales.
Como se recordará, en el año 2001 el gobierno de Ándres Pastrana logró, con el Acto Legislativo 01, dar un duro golpe a la educación pública, al reducir el monto que desde la Nación se transfería a las regiones para financiarla, además de la salud.
Para entonces estaba vigente lo que ordenaba la Constitución Nacional de 1991 (reglamentada sobre este particular con la ley 60 del 93): transferir a los entes departamentales y municipales en el 2001 el 46.5% de los Ingresos Corrientes de la Nación.
Desde 2001 el Gobierno logró, alegando la crisis económica de 1999, y según mandato del Fondo Monetario Internacional, que las transferencias se redujeran a una cifra fija, y no creciente o en aumento, como lo ordenaba la Constitución. Esta reforma es temporal, y vence en el 2008.
Según organismos oficiales (Contraloría General –octubre de 2005–, Procuraduría –mayo de 2006–) y las cifras del reciente Censo, esta reforma ha llevado a un estado lamentable la educación pública:
• La disminución del gasto educativo como porcentaje del PIB.
• La pérdida de más de 32.000 plazas docentes.
• El hacinamiento de estudiantes en las zonas urbanas,.
• La creciente privatización de la educación y el aumento del gasto familiar para costear el servicio educativo en relación con el escaso aporte por parte del Estado.
• Los precarios rendimientos académicos de más del 50% de los estudiantes colombianos.
• Las amenazas de ruina en casi toda la infraestructura escolar.
Pero además, los recursos que llegan a las regiones no alcanzan para costear la educación adecuadamente. Ilustran el caso, dos hechos:
• En investigación adelantada por la Procuraduría General de la República se demuestra que el percápita/alumno/año que aporta el Estado para un estudiante del sistema público, equivale a un mes de derechos académicos en un colegio privado de mediana calidad.
• El valor de un alumno/año en el Distrito Capital para el 2006, realmente asciende a la suma de 1.814.000.oo de pesos, de los cuales la Nación sólo aporta 923.000.oo, es decir, menos del 50%; con el agravante que más del 95% de los entes municipales del país no pueden comparar su situación fiscal con la de Bogotá, razón por la cual, de manera inevitable, la educación se precariza cada día más, se descarga la mayor parte de su costo en las familias y se privatiza.
Los efectos perversos de este recorte, que garantiza abono puntual de los intereses de la deuda pública y financiamiento de la guerra, no pueden ser peores. Pero es que no se trata de unos pocos pesos. Los documentos oficiales y no oficiales admiten que la reforma a las transferencias ha significado una pérdida de recursos para departamentos y municipios que oscila en los estudios entre 80 y 52 billones de pesos.
Pese a estas evidencias, el gobierno del presidente Uribe Vélez, a través del proyecto de Acto Legislativo 011/Senado que entra en el 2007 a su último debate, pretende un nuevo engaño en materia de transferencias, pues intenta prolongar indefinidamente las reformas a las transferencias. Por convenciencia política dicen en los debates que hasta el 2016, pero ya se conoce la artimaña oficial: ganar tiempo, dividir, para lograr sus propósitos.
Aprender de la historia y no permitir dilaciones, como sucedio en el año 2001, es la única opción que tienen docentes y población en general. La alternativa: la unidad nacional contra la pretensión del gobierno central, siempre de la mano del mandato de la banca multilateral.
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