Cali: pretenden desalojar La Playa

La Playa es un barrio de extensa historia. Conformado junto al río Cauca hace más de 200 años por esclavos, se ha consolidado en el tiempo, conservando sus habitantes un inmenso caudal de memoria y un cordón umbilical con el río, del cual extraen sus recursos para sobrevivir. Hoy, el conglomerado constituye un sector del barrio Puerto Mallarino, que es parte de la Comuna 7 de Cali, donde habitan más de 1.000 familias que viven, sueñan, sufren y gozan, acompañadas por el rumor de aquello que les brinda los medios para respirar: el río Cauca.

Su comunidad está integrada por areneros, balseros, pescadores, transportadores de guadua y materiales de construcción; vendedoras de borojó, chontaduro y pescado; trabajadoras del servicio doméstico y artesanos. En la actualidad cuenta con servicios domiciliarios (acueducto, energía y teléfonos), provistos por las Empresas Municipales de Cali.

Gran parte de las actividades que lleva a cabo esta comunidad gira alrededor del río: de la extracción de arena viven más de 100 familias; algunas de éstas tienen volquetas para el transporte de la gravilla; mujeres cabeza de hogar hacen la comida para los trabajadores; el transporte y el comercio de la guadua ocupa otras tantas familias.

Allí, todos han elaborado su cultura en la que los viejos son un inmenso tesoro de memoria y saber, que hijos y nietos admiran y respetan. Desde hace unos años y tras inmensos esfuerzos, ya no es necesario zambullirse con el balde para arrancarle la arena al río, ya que ellos mismos han construido un mecanismo que al ser lanzado, luego arrastrado y levantado por un motor, descarga la arena en los botes, también construidos por ellos; una banda transportadora, con ayuda de varios paleros, lleva la arena a metros de la orilla o al interior de las volquetas.

Historia que desde el año 2004 quieren negar los empleados de la Alcaldía de Cali al declarar su territorio como zona verde. Según los funcionarios, La Playa pertenece a Navarro, corregimiento ubicado al sur, a más de cinco kilómetros de la capital del Valle del Cauca, por lo cual La Playa quedaría en medio de la zona rural y de la Comuna 21, que cuenta con más de 10 barrios. Esos mismos funcionarios aseguran a la comunidad, desconociendo su historia, que La Playa es una invasión, pero no contentos con esto los amenazan con desalojarlos. La respuesta es contundente: los habitantes esgrimen documentos que los acreditan como propietarios, además del derecho consuetudinario y la legalidad que les da la prestación de servicios de Emcali.

Los funcionarios tienen todo previsto. La Alcaldía de Cali, a través de Comfamiliar, les propone la ‘reubicación’ en la urbanización Potrero Grande, donde las casitas son como cajas de fósforos, que para entrar el aire tiene que salir la gente; casas de supuesto interés social con UVR, que inicialmente cuestan $ 30.000.000, de los cuales Comfamiliar descuenta un irreal subsidio, pero los habitantes de La Playa no cuentan con recursos para cancelar la deuda que quieren colgarles.

El grito de alarma proviene de sus vecinos. Al otro lado del río (municipio de Candelaria) se desarrolla un proceso de lanzamiento de familias propietarias de casas de la urbanización Poblado Campestre, quienes no pudieron continuar pagando las ‘módicas’ cuotas con UVR que les impuso el sistema financiero (AV Villas). Son decenas de familias que pagaron varias veces el valor de sus viviendas. Esto es lo que les espera a los habitantes de La Playa si se dejan convencer de abandonar sus casas.

En este sector de la ciudad, hasta la década de 1960, cuando el río perdió su esplendor, se desarrolló una intensa y dinámica actividad económica, deportiva y cultural.

Por allí circulaban mercancías que los terratenientes y aristócratas requerían para su ostentación y derroche: pianos, muebles, armas, textiles de Oriente y Europa, maquinaria para los ingenios, ganado y toda clase de alimentos. Sobre el Cauca se realizaba toda clase de festivales, concursos de natación, regatas y canotaje. A Puerto Mallarino llegaban turistas de la región y del país, que disfrutaban de la rumba en Juanchito, y allí estaban los bogas de La Playa para pasarlos al otro lado, o darles un paseo por el río y brindarles la gastronomía de la región.

Ese potencial turístico es el que las multinacionales, los comerciantes y sus aliados políticos calculan que van a ‘recuperar’. Los inversionistas privados edifican al lado de La Playa el Centro Comercial Río Cauca, que tiene dentro de su proyecto construir un muelle para el descargue de mercancías; algunos inversionistas piensan utilizar el espacio de La Playa, donde podrían ubicar parqueaderos, bodegas, oficinas, hasta un gran hotel. El capital internacional aliado a empresarios de la región tienen planeada la construcción de un malecón en la otra orilla (Juanchito, municipio de Candelaria), con muchas comodidades y opciones para los turistas que vendrán de todo el mundo, navegando desde Cartagena para este proyecto (un complejo turístico con todo tipo de diversiones y juegos de azar). También desalojarán a los habitantes de esos terrenos.

Como se puede deducir, son muy grandes los intereses económicos que están detrás de la reubicación o desalojo de los habitantes de La Playa, intereses que pueden arremeter de manera violenta contra quienes defienden su derecho a vivir dignamente. Por ahora se arman de argumentos jurídicos y de señalamientos de desprecio sobre la comunidad, porque, según ellos, son cochinos, viciosos y ladrones, y porque contaminan el río con excretas y basuras.

Ante las amenazas de desalojo, los habitantes de La Playa se organizaron en torno al Comité Cívico para la defensa de su comunidad, con el propósito de impedir que las pretensiones en marcha se concreten. En la organización descuella la dinámica participación de las mujeres, quienes han llegado a otras organizaciones sociales populares como el Sutev, la CUT Valle, el Comando Unitario y el Comité Permanente de Derechos Humanos, para denunciar sus problemas, y buscar la solidaridad y la unidad con los sectores sociales que viven similares condiciones. Han recibido apoyo y asesoría de La Casa de la Amistad, de estudiantes de la Universidad del Valle y de profesionales solidarios, quienes coinciden en que en este caso es imposible la reubicación, pues se niega la historia, se rompe la identidad de una comunidad, se desconoce y se deteriora su patrimonio económico (representado en sus viviendas), y además, se les impide el derecho al trabajo, el cual mayoritariamente desarrollan en el río y desde el río.