El persistente deterioro de la Universidad Distrital

 La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo integral de los seres humanos. También es un derecho amparado por la Constitución Nacional (CN), frente al cual el gobierno nacional y el Distrito tienen la obligación de contribuir a su financiación y desarrollo.  El artículo 67 de la CN establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Por su parte, el artículo 87 señala que  la Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la CN y la ley. En consecuencia, el Estado, ya se trate del gobierno nacional o distrital debe asumir su responsabilidad para garantizar el ejercicio pleno de este derecho constitucional.

No obstante las anteriores disposiciones de la CN, la educación superior estatal se encuentra en una crisis estructural. Su causante: las políticas nacionales de contenido privatizador, la falta de recursos, la imposición de la autofinanciación, todo lo cual ha llevando a varias universidades a graves situaciones financieras y académicas, a la pérdida de calidad de la educación que brindan, la pérdida de su autonomía y de la democracia, a lo cual no ha sido ajena la Universidad Distrital –UD–.

Por desfortuna, ni el gobierno nacional ni las diferentes administraciones distritales han comprendido la dimensión y las posibilidades que tiene la UD, que tras su naturaleza estatal, popular y democrática, debe proyectarse como un centro de educación de Bogotá con altísima calidad, que responda a las necesidades de los jóvenes y de una sociedad justa y en paz. Postulados que demandan, para su realización, una institución que promueva la formación integral de los estudiantes, con un campus donde tengan plena vigencia la democracia, la autonomía universitaria y la participación de la comunidad universitaria en el diseño de su futuro.

Pese a estas posibilidades, necesidades y retos, la actitud de las autoridades distritales ha sido de indiferencia ante la crisis que afronta desde hace varios años este centro de estudios, como resultado de la corrupción y la falta de recursos, pese a lo cual la Universidad continúa incrementando el número de estudiantes que atiende y los programas curriculares, mientras el presupuesto asignado permanece casi estático, pues sólo se incrementa de acuerdo con el IPC, situación que se agrava por el lento crecimiento de las transferencias de la Nación, que no corresponden a las necesidades de la educación superior y la misión de la Universidad.

La UD afronta una crisis coyuntural que se expresa en un déficit financiero de $ 19.500 millones, que se requieren para culminar las actividades del segundo semestre del presente año. La comunidad universitaria, especialmente los estudiantes, han  realizado diversas acciones de protesta, movilizaciones ante la Alcaldía Mayor y ante el Concejo de Bogotá, exigiéndole al gobierno distrital la adición de dichos recursos al presupuesto de la Universidad, ante lo cual la Secretaría de Hacienda ha sido lenta en la toma de una decisión que resuelva este conflicto que afecta el funcionamiento de esta institución educativa, ya que apenas aceptó  una adición de $ 10.600 millones. Esperamos que la Administración distrital reconsidere su posición y apropie los recursos que necesita con urgencia la Universidad, en el presupuesto que ya está elaborado para el 2008 y que será presentado al Concejo de Bogotá en el próximo mes de noviembre.

Ante la problemática de la Universidad y a solicitud de los estudiantes, adelanté un debate en el Concejo de Bogotá  conjuntamente con otros concejales para ventilar este problema coyuntural y los problemas estructurales de este centro de estudios.

Sin embargo, una vez resuelto este problema de coyuntura del déficit presupuestal, es necesario encarar lo fundamental: los problemas estructurales de la Universidad. Para ello se deben tener en cuenta las diversas y bien sustentadas propuestas de los estudiantes y profesores que han presentado en varias oportunidades, iniciando un  proceso de discusión y concertación del plan de desarrollo de la Universidad para los próximos años, la reforma administrativa y su democratización para superar los fenómenos de corrupción y proyecte la Universidad como la principal institución de educación superior del Distrito, con capacidad para responder a las necesidades de la creciente población estudiantil, especialmente de miles de bachilleres de escasos recursos que no tienen otra opción, dados los altos costos de la educación privada.

Es preciso superar la grave situación que enfrenta la infraestructura de la universidad, muy lamentable, ya que las instalaciones de las diferentes sedes se encuentran en mal estado: bibliotecas, instalaciones deportivas, aulas y laboratorios, áreas administrativas y de bienestar estudiantil, áreas libres y de jardines y cafetería; y hay un alto nivel de hacinamiento, pues se requieren alrededor de 104.000 metros cuadrados  para cumplir con los estándares mínimos y apenas se cuenta con 48.685 metros cuadrados.  

Igualmente, hay que seguir ampliando el número de sedes, cupos y programas de la Universidad, para lo cual es necesario apropiar un presupuesto adecuado y creciente que corresponda a las necesidades de la educación superior en el Distrito, que le permita prestar un servicio educativo con alta calidad.

A pesar de que la estampilla para la Universidad Distrital  fue establecida por la Ley 648 de 2001 y desarrollada por los Acuerdos 053 de 2002 y 272 de 2007, y de la cual se espera obtener recursos por alrededor de $ 200.000 millones  para mantenimiento y ampliación de la planta física, para el pasivo pensional, etcétera;  para el presente año todavía no se han girado a la Universidad  los $ 50.000 millones programados.

El gobierno distrital y la Dirección de la Universidad Distrital no pueden seguir aplazando una solución estructural a los problemas de tan importante centro educativo. El Concejo de Bogotá contribuirá en lo que esté a su alcance y a sus competencias para ayudar a esta solución, haciendo los debates de control político y aprobando los recursos que demanda la Universidad, siempre y cuando haya voluntad política del gobierno distrital.