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Un día especial. Agosto 9

La conmemoración del día corrió por cuenta de los pueblos mismos. La Onic (Organización Nacional de Indígenas de Colombia), organización que los congrega, realizó en el Capitolio Nacional un debate en el cual sentó algunas de sus principales reivindicaciones y agendas para el futuro cercano.


 


Con mucha fuerza sobresale una de ellas: constituir el Parlamento de los Pueblos. Cuando la noticia se conoció, de inmediato se escucharon voces que hablaron de la legitimidad y del “espacio siempre abierto que existe en el actual Congreso de Colombia”. Entonces, ¿por qué darle cuerpo a una institucionalidad paralela a la reinante en el país, nacida de la Revolución Francesa?


 


Razón tienen los indígenas en su propósito. Argumentan que el Congreso del país ha legislado invariablemente –y continúa haciéndolo– en contravía de los intereses de estos pueblos (no sólo de ellos), muestras de lo cual son los temas del territorio (hace poco agravado por la Ley de Desarrollo Rural), la por siempre postergada reforma agraria, el manejo de los recursos naturales existentes en sus resguardos, la soberanía alimentaria (para algunos de ellos, autonomía alimentaria), el Derecho propio, la salud, la educación y muchísimos más.


 


Destaca en sus informes el tema de la violencia de que son objeto, y por tanto la necesidad de resolver la extensa guerra que sobrelleva nuestro país y que cada día está más presente en sus territorios, la mayoría de éstos de valor estratégico, localizados en zonas de reserva forestal, selvas, partes altas de las cordilleras, y sectores de gran concentración de agua, potencial minero, etcétera.


 


¿Cómo actúa el Congreso de la República frente a cada uno de estos temas? De acuerdo con lo que dicten los intereses de los grupos económicos locales, nacionales e internacionales. De ahí que no se respeten tradiciones, cosmovisiones diferentes de la occidental y anhelos de comunidades históricamente marginadas de los beneficios que se deben derivar de las bonanzas económicas.


 


No es casual que senadores y representantes, pertenecientes a los partidos tradicionales, sean percibidos por una inmensa mayoría de colombianos como burócratas, politiqueros y vividores. No son casuales los altos índices de abstención en las coyunturas electorales ni la desconfianza frente a los discursos de campaña.


 


“Una cosa piensa el burro y otro el que lo arrea”, dice la sabiduría popular, lo que nos permite deducir para este caso que el escepticismo reinante –y no sólo entre los pueblos indígenas–, respecto al poder tradicional, va generando diversas opciones para que por fin las mayorías sean de verdad gobierno y poder. El Parlamento de los Pueblos en una de ellas. El reto es asumirlo como una oportunidad no meramente de los pueblos indígenas –negados entre los negados– sino también como una solución para todos los excluidos, liderada para su germinación por los indígenas.


 


Asistimos entonces a un reto de autonomía, pero asimismo de gobierno y poder, que para concretarse demanda de todos los interesados una mirada distinta del tiempo, el lenguaje y el ritmo institucional. No puede ser de otra manera. Precisamente, una de las grandes limitantes que caracterizan –y limitan– la agenda de los movimientos sociales es que su cotidianidad es una réplica, una respuesta defensiva, de la agenda oficial o institucional. Con visión, tiempo y lenguaje similares.


 


Sobresale por su ausencia una agenda alterna a la dominante, por lo cual, al ritmo que funcionan los intereses dominantes, giran los de los movimientos sociales. ¿Y el referente? ¿Hacia dónde se va? ¿Con qué agenda? ¿Con qué reivindicaciones inmediatas, parciales y de largo plazo? ¿Enfatizando en qué perspectiva económica? ¿Con qué perspectiva de Estado y Nación? ¿Y la naturaleza, qué?


 


El Parlamento de los Pueblos no resuelve de entrada todos estos interrogantes, y otros muchos que deben integrar la agenda de cualquier movimiento que se pretenda alternativo, pero sí plantea y hace evidentes necesidades y demandas, y cuya superación es impostergable. Es decir, por esa vía se indica un horizonte pero igualmente se construyen identidades y se abrazan referentes que permitirán, sin duda alguna, facilitar confianzas (¡como hacen de falta en nuestro país!) entre los excluidos, además de precisar ritmos, plazos, formas, estilos, posibilitando espacios para que surjan nuevos liderazgos sociales, colectivos e individuales, que den cuenta de la orfandad que la violencia estatal provoca entre nuestros movimientos sociales y políticos alternativos.


 


Ese accionar irá generando erosiones en la legalidad reinante y sembrará en todo el territorio nacional la idea de una nueva legitimidad, sin la cual no se podrán abordar nuevos retos también alternativos. Eso es un parlamento alternativo: un poder naciente que se propone superar el existente.


 


Por tanto, el Parlamento de los Pueblos es un inmenso reto para el movimiento indígena, que si de verdad se propone llevarlo más allá de la causa indígena ahondará el liderazgo histórico que se le reconoce, pero además lo situará, sin ser un porcentaje destacado del total poblacional de Colombia, en la senda y el espacio que tiene ganado en países como Bolivia, Ecuador y México.


 


La nueva Colombia exige y necesita un movimiento indígena de estos quilates.


 

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