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El escudero y otro elefante en Palacio. ¿Justicia o impunidad? ¿Verdad o encubrimiento?

 


Hace apenas tres meses, el Presidente descalificó a la Corte por el fallo que profirió en contra de una calificación de delito político, con la cual el Ejecutivo buscaba amparar a los paramilitares. Entonces, Uribe Vélez se entremetía de manera abierta con la justicia: “Las Cortes tienen una independencia relativa y las instituciones tienen que ayudar al bien de la Nación”, dijo y quiso. En la misma disputa, sentenció: “El Estado tiene que cumplir los compromisos”. Y cerró con esta perla: “[la Corte] tiene un sesgo ideológico que no puede prevalecer sobre el superior interés del país”.


 


Mucho antes, al comienzo del primer período presidencial de Uribe, el Alto Estado propiciaba todo para que los líderes y demás miembros del paramilitarismo hicieran parte activa de la sociedad y sus festejos en condición de ‘rebeldes’, sin responder por el genocidio que habían llevado a cabo en amplias regiones del país. El descuido que tuvieron con el computador de ‘Jorge 40’ y otro sinnúmero de hechos que rompieron el libreto permitieron que la justicia se fajara con una amplia y continua investigación. Un conjunto de diligencias que no han terminado y que tienen tras las rejas a numerosos e importantes miembros del proyecto político que lidera Álvaro Uribe. Un resultado que deja al Presidente en mala posición para fungir un “nada sé”. Porque ya tiene lección y ya sabemos cómo dirá en caso de verse cercado por la investigación: “Todo fue a mis espaldas”.


 


Al mismo tiempo que esto hacían en la cúpula del Estado, diseñaron y pusieron en marcha toda una operación mediática legitimadora para ‘lavar’ el paramilitarismo de su real característica:


 


1. Quinta columna del Estado para enfrentar la subversión y hacer el ‘trabajo sucio’ que ahora las fuerzas militares no pueden adelantar como política oficial o abierta.


2. Agentes de terror para aniquilar el movimiento social y reconcentrar la propiedad privada en el país.


Pero también se había (y se continúa) buscado que aparezcan como “actores políticos”, con todos los beneficios que se derivan. Una maniobra que no logró torcer la filosofía y la jurisprudencia universal que al respecto han producido docenas de conflictos liderados por los pueblos en todo el mundo, en busca de justicia y libertad. Es una operación de copamiento paramilitar de la sociedad que se fractura ante la posición que la justicia mantiene hasta hoy, con independencia y valor ante las amenazas.


 


Pero los esfuerzos por borrar lo imborrable o calificar lo incalificable no paran ahí. Con respecto a los senadores elegidos por el paramilitarismo, diversos apuntes de proyectos de ley se han puesto a circular en el Senado para “salvar a esas ovejas negras que ponen en riesgo el buen nombre de la institución”. Ninguno ha progresado. Los ‘micos’ acostumbrados no aguantan ni el más mínimo análisis filosófico jurídico. Pero no cejan: a la sombra del poder persisten. Con el gusto y la venia presidencial, ahora mismo prometen presentar otro proyecto para “aclarar la situación de los miles de ‘combatientes’, para que puedan reincorporarse a la sociedad. “El Estado tiene que cumplir con los compromisos”, pareciera estar escrito en el techo del salón Elíptico.


 


Renuncias, entrevistas e impunidad


 


Entre tanto, y presionados por la investigación liderada por la Corte Suprema de Justicia, 10 de los senadores vinculados a la investigación por nexos con el paramilitarismo han renunciado al fuero como congresistas. Temerosos de los resultados de la investigación en curso y de la independencia que defiende esta Corte, optan por la Fiscalía. Con su renuncia, no disimulan su pretensión de salir del apuro en que se encuentran y esperan que con su poder la Casa de Nariño pueda activar negligencia e impunidad sobre esta otra institución de la justicia.


 


Mientras esto acontece, actuando como buen escudero, el Presidente expone su prestigio masmediático para cubrir a sus aliados. En un supuesto arranque soberbio, en discusión pública a través de la radio, propicia una polémica que amedrenta o pone en cuestión la independencia de la rama judicial.


 


¿Qué pretende con ello? Aún no es del todo claro, pero puede buscar:


 


1. Cuestionar el prestigio labrado por la Corte con su consecuencia en la investigación de la parapolítica;


2.         Lograr, producto de los cuestionamientos hechos públicos, que se desarticule la unidad dedicada a investigar a los senadores;


3.         Obligar al funcionario cuestionado a declararse impedido para investigar a alguno de los parapolíticos;


4.         Que la credibilidad que ahora mismo tiene la Corte Suprema de Justicia pase a buen recuerdo, o que se le acuse por estar cargada de “sesgo ideológico”, como lo aseguró el Presidente en la mencionada ocasión, y por tanto la señalen de estar en contra del propio Presidente;


5.         Someter la Corte a presión y terror para que varios de sus más connotados miembros se exilien. Son muchas las posibilidades del oculto propósito que por ahora distrae la atención del máximo organismo de la justicia nacional y cuyas consecuencias se verán en el mediano plazo.


 


Virginia Vallejo no…


 


Ahora sí para Uribe vale la ‘declaración’ de un delincuente. Llama la atención que, para realizar sus señalamientos contra la Corte, el Presidente se valga de las declaraciones de un paramilitar. Validación hecha, a pesar de que el Magistrado Auxiliar le confirmó al Jefe de Estado el tono de su conversación con el indagado. Como se recordará, desde la casa de gobierno misma se han puesto en cuestión declaraciones de otros sindicados o condenados. Como la hecha sobre la petición del Vicepresidente para establecer un frente paramilitar en la capital del país. Más o menos el tema es: ¿se le cree al delincuente o al funcionario? Pese a este antecedente, Álvaro Uribe, dispuesto a salvar a sus aliados, toma el carril contrario. Ahora sí tiene peso la palabra del delincuente y se descree la del funcionario de la justicia. Maniobra que en Uribe, frío calculador, no es un simple error. Un razonamiento que no sigue en el caso de Virginia Vallejo, persona cercana a Pablo Escobar, quien ahora confirma la relación del Presidente con el capo. ¿Por qué no la acusa por difamación?


 


Es claro, a esta altura de los sucesos, que la Corte Suprema de Justicia se convirtió en un obstáculo para la plena realización de los propósitos oficiales y el cumplimiento de sus acuerdos electorales. Un obstáculo que Uribe busca [tiene que] superar. No es casual que desde Palacio se llegue a decir que los argumentos filosóficos que sustentan los fallos de los magistrados son “ideas del siglo XIX”. ¿Impunidad a cualquier precio?


 


Ante tanto desafuero, hay que preguntar: ¿hasta dónde irá o arriesgará el Presidente para impedir la fractura de su piso y el hundimiento de sus aliados?

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