De otro lado, en el Informe de Desarrollo Humano auspiciado por el PNUD se puede leer: “Los estudios muestran que Bogotá continúa distanciando espacialmente a los ricos de los pobres, y que ha concentrado los equipamientos de la ciudad en detrimento de los estratos menos favorecidos”, con lo que se remarca la particularidad de la discriminación como forma de dominación y de violencia. Esto dista mucho de una supuesta “transformación” de la ciudad a la que en coro se referían quienes propugnaban por la continuidad de las políticas de las administraciones de Mockus y Peñalosa, en la pasada campaña electoral.
Y es que quienes a fuerza de repetir que Bogotá ha entrado en un estado angélico, justificándolo con los argumentos del pensamiento único, han logrado limitar de forma significativa las observaciones críticas sobre lo que realmente ocurre en la ciudad. Pues, además de señalar que el esfuerzo tributario de los habitantes de la capital es el más alto del país, con lo que supuestamente nos hemos acercado a la cultura desarrollada de la responsabilidad social, o que obedientes a la moda de las privatizaciones, ya hemos feriado parte significativa de nuestros activos alcanzado el estadio de la llamada “modernización” administrativa, es muy poco lo que en términos concretos pueden mostrar como resultado tangible de una verdadera inclusión de las clases subordinadas en las ventajas de la acumulación.
La segregación espacial a la que alude el informe del PNUD y que se muestra en el hecho que el valor del metro cuadrado de tierra para el estrato seis ($1’900.000 en promedio) es 11 veces mayor que para el estrato uno ($ 170.000), resalta las barreras que separan los grupos sociales. Esta distancia ya ha empezado a tener efecto sobre la oferta de suelo, hasta el punto que la consecución de espacio para la construcción de vivienda de interés social –VIS- (inmuebles hasta 58 millones de pesos), y con mayor razón la vivienda de interés prioritario –VIP- (inmuebles hasta 30 millones de pesos), se ha convertido en el mayor obstáculo para aumentar la producción de este tipo de soluciones habitacionales. Este fenómeno, que no es exclusivo de Bogotá, pero que acá se siente con especial crudeza, es de tal dimensión que obligó al gobierno nacional a expedir el decreto 4260 del 2 de noviembre de éste año, para autorizar a los alcaldes a expropiar zonas que se necesiten para la construcción de VIS, y naturalmente VIP, a través de macroproyectos que manejen al menos el 1% de los hogares del municipio. Con lo que se muestra la necesidad de que los sectores populares eleven como exigencia la promulgación de una reforma urbana radical.
Romper la lógica del mercado
Lo anterior da pié para pensar que las iniciativas en ese sentido deben partir de aquellos municipios en los que al gobierno van a acceder movimientos alternativos. En el caso de Bogotá, se hace necesario impulsar acciones que comprometan a la futura administración en la habilitación de espacios para la construcción de VIS y de VIP, pero no con los criterios de marginalización y de segregación con los que tradicionalmente se han seleccionado estos sitios, sino con criterios de inclusión, en este caso física, que tanta falta le hacen a nuestra sociedad para que gane un poco en tolerancia. De lo que se trata, entonces, es de un proyecto que contemple VIS y VIP en una zona central del desarrollo urbanístico, acompañada de mejoras sustantivas en las áreas habitables, diseños y dotación de espacios complementarios, no por el deseo de un acto simbólico o de revanchismo social, sino con el propósito pragmático que desde el punto de vista de las rentas urbanas del suelo, al cerrarse la brecha espacial entre las ubicaciones de segregación de la vivienda de lujo y las de los sectores populares, las rentas como un todo (reflejadas en los precios del suelo), tiendan a disminuir, procurando un alivio en los precios del espacio construido.
No puede ser objeto de un artículo como éste, entrar en los detalles de las ventajas adicionales de la ruptura del paradigma de situar a las clases subordinadas en los extramuros de la ciudad, por lo que basta señalar que los ahorros en los tendidos de las redes de los servicios públicos, y por tanto en los costos de su suministro, se deben sumar a los beneficios de un proyecto como éste. De tal suerte que debemos convencernos que el “cemento” no es inocuo ni neutro, y que las obras de infraestructura y el espacio construido no son sólo un efecto reflejo de las relaciones sociales sino que las profundizan y les comunican un aspecto particular. Por eso, desde las visiones alternativas no sólo la forma de las obras sino su localización deben tener un sentido político.
Que en Bogotá se estime que un 26% del área construida y un 35% de la producción de vivienda son informales, obliga a pensar seriamente que el problema de estructuración de la ciudad no se le puede dejar a la lógica del mercado. El necesario papel del estado se muestra allí en toda su dimensión, y nos remite a que la formación asimétrica y disfuncional de la ciudad es responsabilidad de la pasividad o de la acción sesgada de los gobiernos. La grave “escasez” de suelo que hoy se vive, obedece a la dominación de un principio de organización social en el que las barreras sustentadas en las distancias físicas de las clases sociales se convierte en un instrumento de conservación de privilegios.
No debemos olvidar, tampoco, que entre las grandes desventajas económicas que se derivan de ésta separación se debe contabilizar que la movilidad, los tiempos y los costos de transporte de los sectores marginados son excesivamente onerosos. Se destaca la cifra de participación del gasto de transporte (17%) en el total del presupuesto de las familias de los ingresos más bajos, pero no se contabiliza el hecho de que los tiempos consumidos en el desplazamiento también son los más elevados. Desde hace mucho se independizó ese tiempo (el desplazamiento) de la jornada efectiva de trabajo, dando lugar a que el costo de oportunidad del mismo se cargara al trabajador. En los países de capitalismo central, el estado minimizó ese impacto con la construcción de medios de transporte expeditos como los Metros y los trenes de cercanías, lo que en nuestro medio no ha sido posible. De allí, que los sistemas de movilidad deben pensarse teniendo como eje central esa consideración.
Igualmente, la existencia de medidas como el “pico y placa” demuestran que el desarrollo de las obras de infraestructura tampoco ha sido lo que los mitos sobre las fementidas grandes transformaciones nos han querido hacer creer, pues revelan que el crecimiento de la malla vial ha sido por lo menos insuficiente. Y, lo que es peor, hoy se reconoce que tan sólo el 28% del subsistema vial local puede considerarse en buen estado. Éste proceso, el de mantenimiento de la malla vial, que por sus mismas características es de carácter permanente, no puede seguir sujeto a la subcontratación, pues la constante perentoriedad del mismo riñe con la demora concomitante de las licitaciones, así que es hora de devolverle al estado ciertas funciones de ejecución que fueron desmontadas sin una justificación técnica ni de ventajas administrativas, sino tan sólo bajo la lógica de una cartilla ciega a cuyas instrucciones era obligatorio sujetarse.
Sobre el indiscutible avance en la cobertura de la educación primaria y secundaria, debe señalarse que ésta no sería funcional hacía una sociedad verdaderamente democrática y equitativa, si no viene acompañada de un esfuerzo sustantivo de mejoramiento de la calidad. Pese, a que comparada consigo misma, la educación pública básica ha mostrado ciertos avances, la brecha entre ésta y la educación privada de punta sigue creciendo. En el ultimo examen del ICFES no se encuentra ningún bachiller de los colegios distritales entre los mejores cien, a pesar que la matrícula oficial representa el 61,2% contra el 38,8% de la no oficial en estos niveles; es pues un desafío, éste de la calidad, al que no debe ser ajeno el sindicato de los maestros ni ningún miembro consecuente de la sociedad. En el mismo sentido debe verse la necesidad de generar infraestructura y recursos constantes para el avance de la cobertura en el preescolar pues, como se sabe, de allí, de una base sólida en la formación de los primeros años parte una verdadera política de igualdad de oportunidades.
No se puede esquivar, entonces, que para las administraciones progresistas llegó la hora crucial del desafío, y que si en realidad creemos que otro mundo es posible, en el caso urbano, y más específicamente en Bogotá, la urgencia del cambio de paradigma en la ubicación de los proyectos de VIS y VIP, el restablecimiento de ciertas funciones del estado como las de ejecución en el mantenimiento de la malla vial, el rescate de las empresas prestadoras de servicios públicos y un programa serio y participativo en el mejoramiento de la calidad de la educación, serían muestras que desde las administraciones verdaderamente comprometidas con lo social si se pueden emprender cambios estructurales que nos dignifiquen y nos acerquen a sociedades más amables.
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