Ahora sí entiendo por qué…. Oro en Cajamarca (Tolima)

El 10 de abril de 2004 fueron asesinadas otras cinco personas, entre ellas un bebé de seis meses, a manos de las Fuerzas Militares pertenecientes a la VI Brigada. Los dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecieron que una de las víctimas murió por disparo de arma de fuego realizado a menos de 60 centímetros. El Ejército y la Policía coparon y controlaron totalmente la región mediante la “Operación Pijao”.

A partir de estas acciones, la situación agroalimentaria de la región cambió totalmente. La mayoría de sus habitantes fueron desterrados. Varios campesinos aún se encuentran desaparecidos. Algunos casos están en investigación por la justicia ordinaria.

Así reportó el diario El Tiempo del 21 de diciembre de 2007 una gran noticia para la transnacional sudafricana AngloGold Ashanti (AGA): “Hallan en Cajamarca (Tolima) reserva de oro que estaría entre las 10 más grandes del mundo”. Esta empresa es una de las mayores mineras del mundo, con 21 operaciones en 10 países y cuya sede principal está en Johannesburgo. Su filial en Colombia es la Kedahda S.A.

Con este hallazgo, Cajamarca se convertirá en epicentro de la explotación aurífera del país. Entre agosto del 2003 y abril de 2004, había sido epicentro de violencia sistemática. Vecinos de la región denunciaron que una empresa extranjera había comprado varias fincas de la zona.

La gran noticia no fue presentada el 20 de diciembre pasado por el presidente de la transnacional sino por Álvaro Uribe Vélez, quien le comunicó al mundo que el yacimiento requerirá inversiones superiores a los 2.000 millones de dólares, y que la explotación pudiera comenzar en 2011.

El Presidente de la ‘seguridad democrática’ le notificó al país que el oro de los colombianos será explotado por la AGA. Terrorismo de Estado, transnacionales, recursos naturales, son tres patas de la misma mesa que han estado presentes en la realidad nacional desde hace muchos años.

El papel de la AGA y las empresas que la conforman, en materia de derechos humanos y su involucramiento con estructuras paramilitares y mercenarias, ha sido documentado en el pasado en otros lugares del mundo.

Human Rights Watch señaló a la transnacional de financiar el FNI (Frente Nacional Integracionista), grupo armado responsable por graves violaciones a los Derechos Humanos en la República Democrática del Congo, incluyendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. A cambio de garantías de seguridad para sus operaciones y empleados, AGA dio apoyo logístico y financiero al grupo armado y sus dirigentes, lo cual se tradujo en beneficios políticos. “La empresa sabía o debió saber que el grupo armado FNI había cometido graves violaciones contra la población civil y era parte del gobierno transicional”.

También en Ghana, país natal de Ashanti, existen denuncias preocupantes sobre su papel en relación con los Derechos Humanos. Allí, según la prensa de este país, AGA amenazó con matar a cualquier pequeño minero (Galampsey) que sacara oro de sus tierras. En 2004, un equipo de seguridad de AGA dio muerte a golpes a un minero de 27 años de edad. En junio de 2005 personal de seguridad de AGA asesinó a tiros a otro minero.

Son reiteradas las denuncias contra AGA, por su participación en la expoliación de propiedades y la destrucción del medio ambiente, en los lugares donde ha desarrollado actividades de exploración y explotación minera.

Durante los días 10 y 11 de noviembre de 2006, el Tribunal Permanente de los Pueblos, que adelanta en Colombia un proceso de juzgamiento de empresas transnacionales por las violaciones a los Derechos Humanos, recibió acusaciones contra esta empresa. “Las empresas transnacionales AngloGold Ashanti (AGA), su filial en Colombia, Kedahda S.A., AngloGold y Kedahda, han presentado solicitudes de contratos de concesión por parte de la Sociedad Kedahda S.A. en 21 departamentos, para un total de 2.114 solicitudes, los departamentos con mayor nivel de solicitudes son, en su orden: Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño, Chocó y Huila. Estas solicitudes, solamente en los departamentos de Antioquia y Bolívar, con el 32 por ciento de las solicitudes, superan los 2’300.000 hectáreas, cifra que en el país puede superar los cuatro millones de hectáreas”.

En el sur de Bolívar –durante el período comprendido entre 1988 y 2006, según los casos conocidos y denunciados–, 330 personas fueron ejecutadas de manera extrajudicial, mientras 88 más sufrieron torturas y 80 fueron desaparecidas.

Se conoce, como caso reciente, que el 19 de septiembre de 2006, miembros del Batallón Antiaéreo Nueva Granada-Bagre asesinaron al líder Alejandro Uribe, miembro de la junta directiva de la Asociación de Mineros de Departamento de Bolívar, filial de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol) y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Gallo, del municipio de Morales.

Se denunció, asimismo, que la transnacional del oro se ha beneficiado de los crímenes ejecutados a partir del 2001 en el municipio de Quinchía (Risaralda) por parte de paramilitares. Se denuncia igualmente la utilización de la justicia criolla para perseguir a las comunidades en medio del trámite de solicitudes de contratos de concesión presentados por la transnacional. Y además, los procesos de explotación se han iniciado con desconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados.

En todos los testimonios aparecen elementos que muestran que la operación de las transnacionales causa el incremento de las desigualdades, de la pobreza, el deterioro de la salud y las condiciones de vida en general. De la documentación aportada se desprende que la operación de las empresas analizadas ni siquiera proporciona bienestar material sino que condena a sustanciales partes de la población a la miseria. La degradación y destrucción del entorno, el profundo deterioro de la situación laboral y la falta de empleos llevan a un acentuado empeoramiento de la situación económica de las familias. Si a ello se añade el deterioro de la salud y las condiciones de vida reseñadas, y la muy escasa dotación de servicios públicos, el resultado es el aumento de la pobreza y, con frecuencia, la grave miseria a la que se ve condenada la población afectada.”*

Estos son algunos de los crímenes de lesa humanidad en que está envuelta la transnacional extractora de oro más grande del mundo. Tales crímenes se encuentran en total impunidad. El Estado colombiano actúa en complicidad por acción o por omisión.

Las comunidades afectadas tienen hoy la oportunidad de acudir ante el Tribunal Permanente de los Pueblos; de acusar, visibilizar y denunciar ante el mundo esa tragedia, y mediante la movilización exigirle al transnacional que respete los derechos de los pueblos, y además a que se conozca la verdad, y que haya justicia y reparación para las víctimas.

Ahora sí entiendo por qué se masacró, se desapareció, se torturó y se desterró a la población que antes cultivaba la tierra y alimentaba a buena parte del pueblo colombiano.

Diciembre 24 de 2007

–          Resolución del Jurado. Tribunal Permanente de los Pueblos. Sesión sobre empresas transnacionales y derechos de los pueblos en Colombia 2006-2008, Medellín, noviembre 11 y 12 de 2006. www.observatoriocolombia.info, www.sinaltrainal.org.

Por: Área internacional Sinaltrainal