Home » Colombia, ¿sociedad conforme? ¿volcán en erupción?

Colombia, ¿sociedad conforme? ¿volcán en erupción?

Metropolitana. Y no sólo una. La marcha del pasado 4 de febrero, con rostro urbano y televisión en más de 100 ciudades de Colombia y el mundo, despertó múltiples explicaciones e interpretaciones. No es para menos. Vimos:


 


n   ¿Riesgo, presagio, parto o anuncio con calle? de un 2010-2014 y la culminación del 2008-2010 a ‘sangre y fuego’. Un contenido entonces conservador, ‘anticomunista’, hoy antiterrorista’, que Laureano Gómez convirtió con curas en los púlpitos en consigna y acción durante la década de los 40 y el comienzo de los 50.


n  ¿Largada? De un mercado electoral con tres desfilantes en la línea:


   Ufano. Uribe II en marcha diaria y sin perder tiempo hacia el Uribe III.


  Juan Francisco Santos, ejecutivo. Con teléfono directo con la Casa Blanca y Bush.


  Juan Manuel Santos. Uña y mugre del general jefe del Comando Sur de los Estados Unidos y exultante en su visita a Tel Aviv, donde residen los asesores de las dictaduras en Guatemala –que aniquilaron decenas de comunidades indígenas al final siglo XX, compartieron el apartheid en Sudáfrica, etcétera– y los instructores y ‘becarios’ del finado paramilitar Carlos Castaño, como él mismo agradece y relata en su biografía Mi confesión.


 


En este entorno, y desde su convocatoria misma, para la Marcha del 4 se respiró el ‘espíritu oficialista’ que las insuflaba: el ya prolongado sueño oficial del gobierno Uribe II de evitar fracturas en su piso y ampliar su base de apoyo social para ahondar la guerra. ‘Espíritu’ tal que despertó reacciones encontradas y una creciente radicalidad de la opinión pública en condenar a un actor de la guerra y absolver a otros.


 


A la vez, concitó el temor y un ‘discurso resignado’ en gran parte de los inconformes y los contradictores del gobierno y del movimiento social ante las cercanías que se presienten de algo peor por suceder:


 


  su señalamiento como ‘pro-terroristas’ y


   el riesgo de acusación y persecución judicial o la orden de terror, aniquilamiento y ‘borrón’; por acción oficial y de los organismos de inteligencia y ‘guerra política’ con creciente sujeción extranjera. Por desatarse, como las “ya lloradas en (sindicatos) barrios, corregimientos y veredas […] con decenas de miles de víctimas de la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, la Anuc y sus cerca de 2.500 organismos sociales, la Unión Patrióticauna vez ganó territorio en 90 alcaldías, el Frente Popular, A Luchar, Frente Amplio del Magdalena Medio, la organización social de Barrancabermeja, y Colombia Unida en menor medida (Ver Primer llamaviento..., p. 33, párrafo 4).


 


Unos temores y reacciones también desprendidos por el propio accionar de los medios de comunicación, que hasta aturdir hicieron eco de la jornada en cuestión. Apartados –como manda ética–, de su deber y función como informadores imparciales. Sin despertar rechazo, con un mensaje por la paz gratis que traduce (han tenido tacto) una condición de agentes interesados, creadores de opinión y actores del mismo suceso. ¡A favor del privilegio y la prolongación del conflicto!


Más allá de los lugares comunes que por estos días llenan los correos electrónicos y de las denuncias por manipulación (¿acaso no es una característica del poder?), consideramos que la Marcha debe ser mirada con unos ojos acuciosos, para sacar las enseñanzas que urge y requiere el presente-futuro del país. Enseñanzas que permitan el alcance de una nueva etapa de:


 


  “unidad nacional”, y


   negociación política, con democratización del poder, del gobierno y del gabinete como manubrio para ir a la meta de una paz justa.


 


Con este preámbulo, cabe recordar el pasado 6 de julio, cuando hubo la primera marcha propiciada con unas connotaciones similares a la del 4, y que desató confrontación entre amigos y enemigos del Acuerdo Humanitario y de la paz. Podemos colegir que el esfuerzo gubernamental detrás de estas acciones es crear un ambiente social y de mensaje noticioso para ahondar la guerra y no darle curso a una negociación, sea para el intercambio de prisioneros, sea en busca de una paz justa.


 


La misma maniobra fue evidente en diciembre pasado, cuando en el aeropuerto de Villavicencio, en presencia de delegados de múltiples gobiernos avanzaba una acción internacional por la paz en Colombia. Puesto contra la pared, el gobierno jugó con los tiempos. Con el terreno y la fuerza militar para impedir que la entrega de varios prisioneros en manos de las farc se concretara. Sin este ardid, ahora mismo la internacionalización de la intermediación en el conflicto interno colombiano hubiera obligado de inmediato al Estado y el gobierno de Uribe II a reconocer y negociar con su enemigo interno. Ante el silencio o dispersión de los liderazgos y los actores por la paz, hubo un 1-0 como triunfo temporal de Uribe II.


 


Como el Palacio de Nariño y su entorno de parapolítica y sumisión a la intervención militar extranjera ampliada ­–con uniforme, contratistas, nuevos organismos de inteligencia y mercenarios– están seguros de producir la derrota violenta de la insurgencia en el corto plazo del 2010 –pregón del Alto Mando, la dirección ejecutiva y parapolítica de viejo y nuevo tipo, y José Obdulio Gaviria en su presunción de Rasputín, Goebbles o Gilberto Alzate–, se empecinan en no ceder ni conceder solución política. Sin un sonrojo o pena por la mayor sangre que pueda correr.


La maniobra continuó. También estuvo presente en el momento en que fueron públicas las pruebas de supervivencia de varios de los militares que están en poder de la insurgencia. Recordamos que al hacerse públicas estas pruebas de supervivencia se despertó en el país un fenómeno, tanto de ‘pesar’ por la situación que sobrellevan los retenidos como de un amplio sentido de solidaridad con ellos. Un sentir de opinión que puso sobre el tapete la exigencia al gobierno de concretar el Intercambio. Fue un sentimiento que chocó con los ministros y aliados políticos oficiales, que orientados por el establecimiento difundieron y multiplicaron en marcha realizada en octubre de 2007, la consigna de “no al despeje”, “no al Intercambio”. Un 1-0 como pierde temporal del gobierno.


 


Rápido, el alto gobierno aprendió. Con el nuevo papel de las ‘inteligencias’ inglesa e israelí, y con base en identificar la estrategia de las farc –a las que no les importa reconocer que sus prisioneros viven situaciones dolorosas–, al llegar las nuevas pruebas de supervivencia el Gobierno no actúo como en la ocasión anterior. Con un aprendizaje de los hechos, impidió que el sentimiento que despertaran las ‘pruebas de vida’ fuera de ‘pesar’ y que de nuevo pasara a la exigencia de un ‘despeje’, proporcionado con el reclamo de la guerrilla, y del Intercambio Humanitario. Ahora, con afinación de los mecanismos de información y ‘guerra política’, el ‘pesar’ se condujo a obtener una expresión activa de repudio contra las farc.


 


Estos son los hechos visibles. Mas hay otros, inmersos, que están en la historia y la conciencia de nuestra sociedad, acumuladas poco a poco desde hace 60 años. Días aquellos cuando brotó –creció joven, adulto, ¿viejo?– este largo período de la vida nacional desde el feto informe del privilegio oligárquico y la violencia del poder que todavía no se consigue cerrar. Poco a poco, como gota que perfora la piedra, esa violencia se impuso como método de acumulación de capital, despojo y apropiación de la tierra, y conquista y control del poder en nuestro país. Así,


 


n   desde 1946, cuando se multiplicaron las muertes de dirigentes gaitanistas por distintas regiones de Colombia, pasando por el trágico 9 de abril de 1948


n   extendida, por los años 50 –con la persecución de las guerrillas liberales, y la entrega, desmovilización y posterior muerte de muchos de sus jefes


n   con cruce por los años 60, cuando se desconoció la necesidad de la reforma agraria y la reforma política para poder dar al traste con el modelo bipartidista, así como abrirles espacios al pluralismo y la participación democrática


n  en ascenso por los años 70 tras el fraude, la usurpación del poder a la Anapo y la posterior profundización del Estado de sitio, que aumentó la inconformidad campesina y produjo un notorio rebelarse urbano


n  con escala a los años 80, cuando se inicia el período de las negociaciones políticas en Colombia, frustradas una y otra vez por la negativa total del establecimiento a unas concesiones básicas para la democratización del poder político y económico real


n   llegada a los 90, se reescribe una Constitución Nacional con la consignación de derechos de papel, mientras se le entrega el país al capital privado nacional e internacional, sin tomar en cuenta, además, que aun cuando unas guerrillas de dirección y origen citadinos acogían la reinserción-desarme, persistían en la confrontación al Estado una guerrillas de raigambre y conformación rural, que más allá de la representación y participación ‘ciudadana’, municipal, ministerial y en el Congreso, demandaban su reconocimiento social y territorial, así como la renegociación del Estado, de sus Fuerzas Armadas y de las condiciones del monopolio político y económico del poder.


 


En toda esa historia, relacionada de manera corta y abrupta, hay una constante: la violencia como control del poder y la violencia como partera de un orden nuevo. Esto es característico o real, existente, en la imaginación radical. Empero, más allá del ánimo revolucionario de amplios sectores campesinos y de capas medias urbanas que por décadas constituyeron embriones de organización sectorial, movilización ‘independiente’, y guerrillas urbanas y rurales, se ha impuesto sin triunfo pleno el statu quo. Y ese statu quo, con apoyo económico en el narcotráfico y su victoria parapolítica, ha obtenido la desmovilización campesina como movimiento y la de sectores avanzados en el Magisterio y los estudiantes, y machaca e impone la idea de que la insurgencia no es fruto de:


n   la desigualdad, el latifundio, el despojo campesino para la agroindustria con fundamento en el gran narcotráfico y el lavado de activos, la antidemocracia, la violencia oficial, el hambre, la miseria, la ignorancia, el desempleo, el analfabetismo, la exclusión y la cesión de la soberanía nacional, sino que, por el contrario, la insurgencia es culpable del conflicto colombiano y de la crisis económica.


 


Conflicto intenso y en expansión por territorios secundarios en demografía, con fuertes signos de limitación política y de distancia con el ritmo y las creencias en la gran ciudad. Por tanto, con escaso o exiguo apoyo en los núcleos urbanos, aunque con gravitación y mayor eco en la sociedad rural. Conflicto con un sinnúmero de excesos que produce la contrarreacción en los sectores altos y medios, y de notorios segmentos populares de Colombia para los cuales la violencia guerrillera debe cesar gratis o a cualquier precio. Pudiéramos decir que prevalece una sociedad conforme con el sueldo y el cargo, empleo u ocupación que tiene, que demanda seguridad y tranquilidad sin importar el suceso del resto del país ni el mal destino del 60 por ciento de su población sumida en la pobreza y la miseria.


 


Fue esa concepción individualista, i-n-d-i-v-i-d-u-a-l-i-s-t-a, de la realidad nacional; fueron esos sectores conformes y complacientes, fue esa visión sobre la violencia que padecemos los colombianos, y por extensión nuestros vecinos regionales, lo que se impuso el pasado 4 de febrero. Manifestó. Erupcionó. País real, volcán destructivo para analizar en su justo lugar, que no se movilizó sólo como resultado de la manipulación.


 


Que denota, sin duda alguna que esta manifestación constituye el mayor logro en imagen del gobierno Uribe I y Uribe II (desde el año 2002 y refrendado en este febrero), al hablarle a este sector de la población y conseguir una identificación con él, motivando su conciencia y disposición para no ver el conjunto y para que todo esto se haga más grueso y haga parte de un proyecto por la defensa de los privilegios.


 


Esa ‘multitud’, muchedumbre, que se movilizó el 4 de febrero puede ser la masa de un proyecto de derecha. Inclusive, de su tamaño pueden desprenderse miles de radicales para una falange. Sí. Pero si los diferentes liderazgos y sectores, y las organizaciones progresistas logran posicionar un discurso de “movilización y configuración de unidad nacional” y de paz justa, ese “no más farc” se traducirá en “no más guerra”. Cuando ese salto se produzca, la sociedad colombiana estará madura para los ceses de fuegos y para la paz.


 


1    Primer llamaviento y cita con 9 agendas. Omar Roberto Rodríguez. Documento desde abajo, p. 1, párrafo 2. Febrero 15-agosto 7 de 2007. Ver, además: •Agenda para revivir la esperanza. Editorial Le Monde Diplomatique., Septiembre de 2007, p. 3. •¿Qué busca el llamaviento? O.R.R. desde abajo número 128. Octubre 15-noviembre 15, pp. 6-7. •Rojo o verde, el llamaviento…: semáforo en la guerra. O.R.R. desde abajo número 130. Enero 18-febrero 18).


2       “Contra la barbarie cotidiana”, pronunciamiento de intelectuales de todo el mundo publicado en Le Monde diplomatique, edición Colombia, número 64, febrero de 2008).

Información adicional

Autor/a:
País:
Región:
Fuente:

Leave a Reply

Your email address will not be published.