¿Qué es más grave, llevara cabo crímenes de lesa humanidad o efectuar
comercio con estupefacientes ylavar activos? La respuesta es simple, pero parece que para el
gobiernonacional la lógica corre por otros senderos. En efecto, el 6 de mayo, y luegode una intensa
labor para impedirlo por parte del Movimiento Nacional deVíctimas de Crímenes de Estado (MNVCE), el
gobierno, con visto bueno delConsejo Superior de la Judicatura, concretó la extradición de un
jefeparamilitar.
La preocupación de las víctimas ante esta decisión no es casual. El gobierno delos Estados Unidos solicitó la extradición de �Macaco� basado en dos delitosque castiga su legislación: narcotráfico y lavado de dinero, respecto de loscuales las Cortes del estado de Florida y de Columbia aspiran a asumircompetencia.
De lo anterior se infiere que los múltiples crímenes de lesa humanidad ejecutadosde manera generalizada y sistemática, que a la vez comportan graves violacionesa los derechos humanos y al Derecho internacional humanitario �perpetrados poralias �Macaco� durante su desmovilización del Bloque Central Bolívar (BCB) ycon posterioridad a ella�, no serán investigados ni juzgados por la justiciaestadounidense, la cual centrará su análisis en verificar las circunstancias detiempo, modo y lugar en que ocurrieron los delitos que entrarían en el ámbitode su competencia. A ello se suma la existencia de figuras jurídicas en lalegislación norteamericana, como el plea bargain, por medio de lascuales se acuerda con las autoridades judiciales la rebaja de pena a cambio del suministro de información relevante, a las cuales sin duda acudiría el desmovilizado para pagar penas irrisorias.
En estas circunstancias, y para impedir la impunidad, lo obvio es que el sindicadofuera investigado y juzgado en primera instancia por la justicia ordinaria deColombia, donde debe responder por la comisión de homicidios, desapariciónforzada, desplazamiento forzado, tortura, acceso carnal, prostitución forzada,concierto para delinquir agravado*, en estricta observancia del debido procesoe impartiéndole sanciones proporcionales a la gravedad de los crímenes perpetrados.Luego de la eventual condena que se le impusiera, habiéndola pagado, en esemomento sí extraditarlo para que responda por sus actos ante la justicia de losEstados Unidos, que le ha levantado cargos.
La tutela
En procura de esteobjetivo, el MNVCE presentó una tutela contra el gobierno
nacional. Laspeticiones son muy simples:
1- Declarar que
hasta tanto Carlos Mario Jiménez,alias �Macaco� o �Javier Montañez�, sea juzgado y pague la eventual
pena a laque fuere condenado en Colombia, su extradición viola los derechos a la verdad,la justicia
y la reparación, que se traduce en una sustracción de la justiciade un cabecilla paramilitar que ha
cometido crímenes de lesa humanidad ennuestro país. Esto, en el entendido de que, como comandante
del BCB, deberesponder ante la justicia por los más de 16.000 asesinatos y los cientos demiles de
desplazamientos causados por esta estructura de las auc.
2- Suspender de
manera inmediata la ejecución dela orden de extradición de Carlos Mario Jiménez, hasta tanto haya
sidoinvestigado y juzgado por la justicia ordinaria por graves crímenes cometidosen
Colombia.
3- Ordenarque al sindicado no se le
aplique la normatividad de la Ley 975 y sus decretosreglamentarios de la jurisdicción de Justicia y
Paz, por cuanto, según lasautoridades, ha continuado delinquiendo y por tanto debe ser investigado
yjuzgado por la justicia ordinaria.
4- Ordenara las diferentes autoridades
competentes en el interior de la justicia penalordinaria que reanuden las investigaciones, hagan
efectivas las órdenes decaptura, las medidas de aseguramiento, los llamamientos a juicio y
lassentencias condenatorias dictadas en el curso de los procesos que se adelantanen contra de Carlos
Mario Jiménez, alias �Macaco�.
Endesarrollo de esta acción de tutela, el 21 de abril
de 2008, el ConsejoSeccional de la Judicatura de Cundinamarca concedió la solicitud de
amparoconstitucional de los derechos fundamentales a la verdad, la justicia y lareparación integral,
y dejó sin efecto los numerales segundo y tercero de laResolución Ejecutiva Nº 097 del 3 de abril de
2008, por medio de la cual seordena la extradición de Carlos Mario Jiménez y ordena que el
gobiernonacional, en el término de 48 horas, modifique el mencionado actoadministrativo en el
sentido de que se mantendrá la concesión de laextradición, pero la entrega del extraditado se hará
de manera diferida, cuandosea investigado y juzgado por los graves delitos cometidos en el
territoriocolombiano, cumpla las condenas impuestas en su contra y repare a las víctimasen forma
integral.
Reacciones
del gobierno nacional
Anteesta sentencia, la reacción del gobierno nacional
no se dejó esperar. Endeclaraciones desproporcionadas por radio y televisión, aseguró que
lopretendido por los abogados de las víctimas es la impunidad, y que los dinerosdel narcotráfico los
están comprando.
ElPresidente afirmó que se están usando las víctimas
y su dolor para favorecer acomandantes paramilitares como �Macaco�; el ministro Carlos Holguín Sardi
y elviceministro Guillermo Reyes aseguraron que detrás de las víctimas están losabogados de alias
�Macaco�; y el vicepresidente Francisco Santos aseguró quelos paramilitares estarían pagando para
evitar la extradición, pero agrega queno tiene prueba, que lo afirma como persona y no como
Vicepresidente.Pronunciamientos, que como es deducible, se dan a conocer dentro de una
claraestrategia desinformativa, pretendiendo deslegitimar el MNVCE. Hay funcionariosque una y otra
vez afirman que la extradición es el castigo adecuado para estoscomandantes que incumplen con el
procedimiento de Justicia y Paz, desconociendoque el Estado tiene el deber de investigar y sancionar
estos crímenes por víade la justicia ordinaria.
Al final, tras intensapresión sobre la opinión pública, el Gobierno logra
su propósito: el 6 de mayode 2008 el Consejo Superior de la Judicatura, revoca la tutela aduciendo
que nohay un perjuicio irremediable y que las víctimas tienen vías diferentes paraobtener la
reparación, reduciendo así el problema a un tema de indemnizaciones,cuando, como quedó anotado, lo
que se buscaba era verdad y justicia. ¿Cuál será el
propósito oculta de estamaniobra del actual gobierno?
* �Destacala Sala que el Estatuto de Roma que dio
origen a la Corte Penal Internacionalha tenido en cuenta no sólo la conducta del autor o de los
partícipes sino quetambién ha considerado en especial la existencia de propósitos dirigidos acometer
delitos de lesa humanidad, lo cual significa que también deben sercastigadas en igual medida
aquellas conductas preparatorias para la comisión delos delitos que incluyen tanto el acuerdo como
el tomar parte en una actividaddirigida a ese fin, como ocurre con el concierto para delinquir
agravado�.Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso Nº 29472. MagistradoPonente:
Yesid Ramírez. 10 de abril de 2008.
Recuadro
Farsa
eimpunidad
Ante el
�rearme�paramilitar y la impunidad que rodea su proceso de �desmovilización�, es bueno recordar que quien organizótodo el show para el supuesto
desmonte de esas estructuras armadas, fue elgobierno nacional: éste promovió Leyes y Decretos de
impunidad; permitió quereconocidos narcotraficantes ingresaran a las listas de desmovilizados; el
AltoComisionado para la Paz y el Presidente mismo aceptaron los listados de losdesmovilizados y los
hicieron posar por delincuentes políticos. Ese mismogobierno dejó que los desmovilizados �en total
2.700 que pasarían a Justicia yPaz por haber cometido graves crímenes� se fugaran de las zonas
deconcentración.
El
Gobierno se limitó aentregar una lista al Fiscal General de la Nación para que los
supuestamentedesmovilizados fueran sometidos a Justicia y Paz, pero no hizo entrega de losmismos, a
pesar de que estos individuos no tenían beneficios jurídicos, y eranreconocidos y confesos
paramilitares. Luego, por presión de Estados Unidos, 59de los comandantes fueron recapturados y
concentrados en un centro vacacionalen La Ceja (Antioquia). Como seguían delinquiendo, fueron
llevados a la cárcelde Itagüí, donde continúan en las mismas andanzas con la complacencia de
lasautoridades. De éstos, continúan presos 55 y en su mayoría están pedidos
enextradición.
No hay
duda de ello. Losparamilitares mantienen hoy más de 70 grupos activos en 25 departamentos, y
elGobierno sigue en la farsa de argumentar que son delincuentes, bandasemergentes, águilas negras,
negando que sean los propios paramilitares.
Por todo
esto,consideramos que el procedimiento de Justicia y Paz está colapsado y que, portanto, todos deben
sufrir exclusión o perder los beneficios de este mecanismo.Confiamos en que la justicia ordinaria,
por medio de la Fiscalía General de laNación, sea capaz de investigar; se espera que los Jueces y la
Corte Supremajuzguen y condenen, aplicando las penas previstas en el Código
Penal.
Sinembargo,
como setrata de evitar a toda costa que la Verdad se haga pública, seguirán matando alos
desmovilizados: más de 1.400 ya fueron silenciados, y más de 1.600 han sidorecapturados por nuevos
crímenes cometidos con posterioridad a su falsadesmovilización. Frente a los comandantes que siguen
presos y pueden hablar, seles dará el beneficio de la extradición para que guarden silencio y no
sigandiciendo que el ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, planeaba golpes deEstado con Carlos
Castaño, o que el vicepresidente Francisco Santos ideó lacreación del Bloque Capital de las auc, y
todas las demás pruebas quepotencialmente comprometan la responsabilidad del Presidente en esta
máquina deterror estatal que conocemos como paramilitarismo.
Recuadro
Carlos
Mario Jiménez esuno de los más poderosos jefes paramilitares. Bajo su mando actuaron en
10departamentos del país cerca de 7.000 hombres integrantes del llamado �BloqueCentral Bolívar�. Tan
solo en Putumayo, una de tales zonas, la Fiscalía estimaque existen más de 3.000 fosas comunes en
las que están enterrados los cuerposde una parte de las miles de víctimas de alias �Macaco�.
Igualmente, se imputanmás de 16.000 asesinatos y cientos de miles de desplazados al
BCB.
Segúnlainformación
suministrada por los medios de comunicación*,alias
�Macaco� continuó con el manejopermanente de cinco nuevas estructuras paramilitares que operan en
losdepartamentos de Bolívar, Meta, Vichada, Nariño y Putumayo, además del EjeCafetero y Norte de
Santander, lugares donde aquél ha perpetrado todo tipo decrímenes atroces, afianzando su dominio de
las rutas del narcotráfico hacia elPacífico.
· Diario ElTiempo. 13 de abril de
2008.
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