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“Corte podrá declarar la nulidad de oficio”. Reelección de Uribe

“Corte podrá declarar la nulidad de oficio”. Reelección de Uribe

Entrevista virtual con el magistrado Jaime Araújo (II)

“En cualquier momento, la Corte podrá declarar la nulidad de oficio” del acto de reelección de Uribe

 

Constituye un exabrupto jurídico y moral argumentar que una situación jurídica inconstitucional e ilegal pueda ser subsanada con votos, con actos de guerra o con políticas de gobierno. Desde el punto de vista tanto jurídico como moral, la injusticia, la inconstitucionalidad y la ilegalidad no se pueden subsanar ni refrendar. Es una nulidad que no tiene término y puede ser declarada en cualquier tiempo…
De: Salvamento de voto del Magistrado Jaime Araújo

 

Referencias para el lector. De la jurisprudencia de la Corte Constitucional se desprende que:

  • “Ha sostenido en muchas oportunidades que la nulidad de sus sentencias se puede declarar de oficio. Por ejemplo, en los autos 062 y 050 de 2000 sostuvo que, con fundamento en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 se podía aplicar directamente el artículo 29 de la Constitución ante la ocurrencia de cualquier irregularidad, sin necesidad de petición o solicitud alguna y que, si hay algo irregular o se comete un delito, de oficio; puede declararse la nulidad de la sentencia.
  • “Ha establecido que la nulidad contra sus sentencias procede, inclusive, de oficio. No se requiere solicitud ni siquiera del envío de la sentencia condenatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia.
  • “Es posible revisar sus fallos tanto de tutela como de constitucionalidad, por vicios ocurridos durante el proceso como también al momento de fallar la sentencia.
  • “Ha admitido solicitudes de nulidad de procesos de constitucionalidad, no sólo por actuaciones o hechos ocurridos antes de dictarse el fallo sino también por irregularidades en la sentencia misma.
  • “Ha precisado que tiene “el deber de declarar las nulidades que se presenten en cualquier etapa del proceso. Y la sentencia es una de ellas”.

Por tanto:

  • “La intención de la Corte Suprema de Justicia, al remitirnos copia de su sentencia, es que esta Corte conozca de su solicitud de nulidad de la Sentencia C-1040 de 2005 y la declare, en cuanto es nula porque el Acto Legislativo que se estudió fue el producto de la comisión de un delito que no puede ser fuente de derecho.

 

Con el objetivo de mantener a flote la reelección, ya el magistrado Araújo –en la primera parte de la entrevista– denunció el ardid usado de filtrar en El Tiempo el proyecto de fallo. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia que llevó a la cárcel a Yidis Medina es apenas una consecuencia jurídica parcial del cohecho cometido y definido en el artículo 405 del Código Penal. Faltan otras. Más arriba: para los ministros y el Presidente si la Justicia no queda para los de ruana, un poco fina para el caso Yidis.

Omar Roberto Rodríguez: Doctor Araújo, ¿por qué un Magistrado elegido por la coalición de gobierno dijo que “el asunto debía ser resuelto ese mismo día”?
Magistrado Jaime Araújo: Lo dijo para imponer un procedimiento irregular. De conformidad con la ley procesal vigente para la Corte Constitucional, que es de orden público, este asunto no se podía resolver (i) sin el previo sorteo de un ponente en Sala Plena y (ii) sin que éste hubiese presentado un proyecto de sentencia que se debe repartir a los demás Magistrados con anticipación de por lo menos cinco (5) días. (iii) Sólo después podía debatirse y (iv) decidir. A una sentencia judicial de la Honorable Corte Suprema sólo podía responder la Corte Constitucional con otra decisión judicial. Pero no se hizo sorteo. Se asignó a dedo a uno de los miembros de la mayoría. Denuncié en la Sala esta violación del debido proceso, este procedimiento irregular, y sin embargo se confirmó el primer augurio del debate: que el asunto debía resolverse ese día, para darle seguridad al régimen, así fuera pretermitiendo el debido proceso y violando la legalidad…

O.R.R.: Reelección a mansalva y sobre seguro…
Mag. J. A.: Es para garantizarles a los ciudadanos sus derechos que el reparto se hace mediante sorteo, que no se le coloca un juez ad hoc para que acepte o rechace su pretensión. La presentación de una ponencia con tiempo busca un doble período de reflexión: para el ponente que tiene que dedicarse a estudiar para elaborarla y para que los demás Magistrados puedan debatirla con conocimiento de causa, sopesando todos los argumentos del ponente.

O.R.R.: Señor Magistrado, ¿por qué propuso que se declarara de oficio la nulidad de la sentencia?
Mag. J. A.: La Corte Suprema envió a la Corte Constitucional, en desarrollo de su sentencia, copia de ésta, con el fin de anular todos los efectos del delito. Esta Corte tiene establecido que es posible declarar la nulidad de sus propias sentencias de constitucionalidad, sin distinguir si versan sobre leyes o actos legislativos. Nulidad que puede ser declarada de oficio o a petición de algún interesado. La nulidad de oficio no tiene término para decretarse. Puede hacerse en cualquier momento y con mayor razón al descubrir delito.

O.R.R.: ¿Su acción se ajustó ‘a los términos’?
Mag. J. A.: La solicitud de nulidad de oficio para la Corte no tiene término. Lo tiene la solicitada por los ciudadanos. Término de tres días hábiles que además no está en la Constitución ni en la ley, y que es mera creación jurisprudencial. Como a nadie se le puede exigir que conozca un hecho futuro (los mortales no somos dioses) o que alegue un hecho que nadie conoce, sólo después de producido o conocido el hecho comienza a correr el término. Dentro de esos tres días posteriores al envío de la sentencia que comprobaba el hecho delictual, propuse a la Sala que se declarara la nulidad de la Sentencia C-1040 de 2005 y de todas las que declararon exequible la reelección.

O.R.R.: ¿Cuándo, qué día comenzó el plazo?
Mag. J. A.: La Corte Suprema remitió el fallo a la Corte Constitucional el día viernes 27 de junio para que esta Corte aplique su propia jurisprudencia: declare la nulidad, y restablezca el orden constitucional y legal quebrantado por el despropósito de un Acto Legislativo inconstitucional, ilegal e ilícito. El término comenzó a correr el primer día hábil siguiente (sin contar el lunes 30 de junio, que era día festivo), esto es, el martes 1º de julio, y el asunto se falló el día miércoles 2 de julio. Es decir, en el segundo día hábil después de conocido el hecho por parte de la Corte Constitucional. Sin embargo, la Corte se pronunció de manera impropia, sin resolver la primera solicitud que hice y que coincidía con lo pedido por los ciudadanos y la Corte Suprema: que debían cesar los efectos del delito.

O.R.R.: Los ciudadanos pidieron “revisión”. ¿Era jurídica esa petición?
Mag. J. A.: Fue evidente que los ciudadanos formularon una “solicitud de nulidad”, aunque se hable de manera poco precisa de una “revisión”. En su esencia era una solicitud de nulidad de dicha sentencia. No se puede exigir a los ciudadanos, que no tienen por qué saber de Derecho, que llamen a las cosas por su nombre…

O.R.R.: ¿No llamarlas por su nombre debilitó la petición, permitió a la mayoría desconocerla?
Mag. J. A.: Por un principio universal del Derecho, las cosas en el mundo jurídico son lo que son por su propia naturaleza y sus características, independientemente del nombre que se les quiera poner. En Derecho como en lógica, las cosas son lo que son y no el nombre que queremos ponerles –la compraventa es compraventa aunque la llamemos mutuo, el perro es perro aunque lo llamemos elefante, y el delincuente es delincuente aunque le llamemos santo. De todas maneras, el Acto Legislativo Nº 02 del 2004 se originó en un acto de corrupción y, por tanto, el contenido que se solicita es la nulidad de la sentencia que erróneamente lo declaró constitucional. La nulidad no es más que la sanción del Derecho contra los actos que lo violan. Me pregunto ¿a dónde vamos si el delito no genera la nulidad?…

O.R.R.: ¿Los efectos del cohecho continuarán con gloria y sin pena, o existe algún modo judicial para que cesen?
Mag. J. A.: Para la Corte y sus Magistrados, solicitar la nulidad de la Sentencia C-1040 que dio proceder a la reelección, no tiene términos de tiempo. En cualquier momento, la Corte podrá declarar la nulidad de oficio que restablezca el orden constitucional y legal que ha sido quebrantado.
O.R.R.: ¿Qué significa eso: ‘orden constitucional y legal quebrantados’?
Mag. J. A.: No sólo el Presidente y el Vicepresidente sino asimismo todo el Gobierno, toda la rama ejecutiva, comenzando por los Ministros y todos los que han sido nombrados, designados, ternados o candidatizados por el Ejecutivo actual, se encuentran en una situación de inconstitucionalidad e ilegalidad, y usurpan el poder político y jurídico. Pues, estos últimos han derivado su poder político y jurídico de un gobierno ilegitimo. En consecuencia, todos los actos de gobierno que realicen tanto el Presidente como sus Ministros y su equipo de gobierno se encuentran viciados de inconstitucionalidad e ilegalidad; razón por la cual se encuentra justificada desde el punto de vista iusfilosófico la desobediencia civil de todos y de cualquiera de los ciudadanos”.

O.R.R.: ¿Reitera usted la desobediencia civil, según la cual “ante leyes injustas… bajo un gobierno como el actual, las personas creen por lo general que deben esperar hasta haber convencido a la mayoría para cambiarlas”? ¿Pero pudiera ser, como dice Albert Camus en El hombre rebelde, ¡Alabado sea!,… que la miseria grita(e) y retrasa(e) el sueño de los ahítos… [que desean] no la disminución de la miseria sino su silencio?
Mag. J. A.: …sin apartarme del salvamento de voto, dice Thoreau, que si el remedio de la resistencia resulta peor que la enfermedad… es todo el gobierno “que lo hace peor”. La desobediencia civil se encuentra justificada y legítima, pues los ciudadanos no estamos obligados a obedecer a un gobierno elegido gracias a un delito, violando reglas básicas del juego de la democracia y del Estado constitucional de Derecho.

O.R.R.: Pillado, el Presidente utilizó la treta de los votos. Del Plebiscito. Si la Corte fallaba en Derecho, sobrevendría el choque de trenes con un plebiscito…
Mag. J. A.: El origen con delito de la reelección y la prohibición constitucional no pueden obviarse con votos. De lo anterior se concluye que el actual gobierno usurpa el poder político y jurídico.

O.R.R.: ¿La Corte se amilanó?
Mag. J. A.: Insisto: constituye exabrupto jurídico y moral argumentar que una situación jurídica inconstitucional e ilegal pueda ser subsanada con votos, con actos de guerra o con políticas de gobierno. Desde el punto de vista jurídico y moral, la injusticia, la inconstitucionalidad y la ilegalidad no se pueden subsanar ni refrendar. Menos aún acudiendo a un falso concepto de democracia.

O.R.R.: ¿Cómo así “falso concepto”? Amplíe por favor.
Mag. J. A.: El concepto de democracia no es empírico o fáctico sino un concepto jurídico-normativo. No hace relación simple a un hecho o factum de unos votos o unas mayorías sino que hace relación a un marco de presupuestos jurídicos y normativos que son los que otorgan validez y legitimidad a los votos y la democracia. Esto es, el respeto de principios, valores y derechos incorporados en la Carta Política que fijan las reglas del juego democrático constitucional y legal, y que configuran el marco para un ordenamiento jurídico y social justo. Eso diferencia a una verdadera democracia constitucional de algunos regímenes de facto, dictatoriales o injustos que, sin embargo, cuentan con el apoyo de las mayorías.

O.R.R.: ¿Cómo cuáles regímenes?
Mag. J. A.: Baste recordar que personajes como Hitler y Mussolini tuvieron mayorías y, sin embargo, eso no justifica y mucho menos hace desaparecer los delitos cometidos en los campos de concentración nazi ni el genocidio de 20 millones de soviéticos ni el holocausto judío, la represión o la violación masiva de derechos fundamentales. En ninguno de estos casos puede hablarse de democracia. Ésta presupone unos contenidos y presupuestos jurídicos-normativos relativos a principios, valores y derechos constitucionales que hay que respetar para que se les pueda otorgar validez a las mayorías.

O.R.R.: ¿Por sí misma, la mayoría puede no ser válida?
Mag. J. A.: Un régimen inconstitucional, ilegal, arbitrario o ilegítimo sigue siéndolo así cuente con el apoyo del pueblo. Vuelto a la decisión de la Corte, el argumento de las mayorías no hace desaparecer la inconstitucionalidad, la ilicitud o la criminalidad. Falso concepto de democracia cuando se corroboran ‘mayorías’ mediante corrupción, sin importar cómo.

O.R.R.: Barrabás tuvo mayoría…
Mag. J. A.: Las mayorías condenaron a Jesucristo y absolvieron a Barrabás, y, sin embargo, quien tenía la razón, la verdad y el derecho era Jesucristo.

O.R.R.: Además del acomodo de los votos, ¿cuál tesis entresacó la mayoría en la Corte?
Mag. J. A.: El único argumento para evadir su obligación jurídica de estudiar la nulidad de la Sentencia C-1040 de 2005 fue el de la ‘cosa juzgada constitucional’. O, lo que es lo mismo, el de la seguridad jurídica. Un argumento frente al cual discrepo categóricamente.

O.R.R.: ¿Cuál es su discrepancia?
Mag. J. A.: No es posible en sana lógica afirmar que existe cosa juzgada constitucional respecto de un acto jurídico nulo de nulidad absoluta, que por ser consecuencia de un delito –sin el cual no hubiera sido aprobado– nunca nació a la vida jurídica y por tanto es abierta y claramente inconstitucional. Así se desprende de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que juzgó a Yidis Medina. Sentada esta premisa sobre el Acto Legislativo que aprobó la reelección, no es posible desde el punto de vista lógico-jurídico predicar que es constitucional, so pena de incurrir en una contradicción lógico-jurídica, aunque exista una sentencia judicial que así lo diga. La sentencia adolece también de nulidad e inexistencia, al no conocer esta Corte, en el momento de fallarla, los hechos que vician de nulidad tal Acto Legislativo. Ni siquiera una sentencia de esta Corte puede validar lo invalidable. La constitucionalidad de un acto jurídico que per se y en sí mismo es a todas luces inconstitucional y entraña el mayor absurdo jurídico que pueda concebirse.

O.R.R.: ¿Entonces, se entronizó ‘seguridad jurídica’ para la corrupción?
Mag. J. A.: Frente al delito, la corrupción y la ilegalidad, no puede existir cosa juzgada ni esbozarse el argumento de la seguridad jurídica, que no existe frente al delito y la vulneración de las reglas propias del Estado constitucional de Derecho. La preservación de la seguridad jurídica no es el fin supremo del Derecho sino la justicia, que es el primer valor de la sociedad y del Derecho, y el más fundamental de ellos. La seguridad no es razón para convalidar un delito y perpetuar sus efectos criminales. Argüir la seguridad jurídica es un falso dilema que busca engañar al contradictor o al receptor del mensaje. Es un argumento por demás débil, ya que la seguridad no es un valor absoluto y el Derecho frecuentemente lo desecha.

O.R.R.: ¿ Puede dar ejemplos?
Mag. J. A.: Bastan unos pocos: la tutela contra providencias judiciales quiebra la seguridad jurídica para defender los derechos fundamentales. La revisión de sentencias tiene como fin reestablecer la justicia. La favorabilidad busca aplicar la justicia de la nueva ley a sentencias anteriores. Las amnistías y los indultos destruyen la cosa juzgada y la seguridad jurídica. Asimismo, la Corte Penal Internacional puede acabar la cosa juzgada de las sentencias contrarias a la justicia, y existen delitos imprescriptibles como el de genocidio o lesa humanidad. El recurso extraordinario de revisión, la favorabilidad en materia penal, así como la existencia de la Corte Internacional; muestran cómo la seguridad jurídica, en su manifestación del concepto de cosa juzgada, debe ceder ante el valor de la justicia…

O.R.R.: Pero no cedió…
Mag. J. A.: Lo válido de toda validez es que ceda. Máxime cuando se trata de restablecer el orden constitucional vulnerado por la comisión de un delito. Todos estos recursos buscan la justicia por encima de la seguridad del delincuente, que fue lo que sucedió en este caso… (no sobra agregar que los más imprescriptibles delitos son los que se cometen contra la democracia y la Constitución).

Corrupción en el ejercicio de la función pública

(i) Existieron múltiples y comprobadas irregularidades en la actuación de la entonces congresista Yidis Medina y de algunos altos funcionarios del gobierno de ese entonces, durante el proceso de aprobación del proyecto de acto legislativo que proponía la reelección presidencial, configurándose plenamente el delito de cohecho con la finalidad de que la ex congresista cambiara su voto y apoyara el proyecto de reelección, como efectivamente ocurrió, a cambio de dádivas y prebendas burocráticas; (ii) que el voto de Yidis Medina fue determinante para la aprobación del proyecto de Acto Legislativo que terminó con la aprobación de la reelección presidencial, y que por tanto existe un vínculo directo, inmediato y consustancial entre este voto y la aprobación de la reelección presidencial, de manera tal que, sin el voto de la ex congresista Yidis Medina, el Acto Legislativo Nº 02 del 2004 nunca hubiera sido aprobado; (iii) que se configuró la comisión de un delito de cohecho –que es el acto de corrupción más grave y sancionado punitivamente dentro el ordenamiento jurídico, porque es delito contra la democracia; y debe generar la sanción más grave. Cuando una sociedad quiere proteger un valor, lo protege con la sanción más grande que es la penal. y (iv) que tal actuación ilícita y criminal fue determinante para la aprobación del Acto Legislativo Nº 02 del 2004. Es necesario concluir que el Acto Legislativo se encuentra viciado por la comisión de un delito, lo cual genera una nulidad, que es, por lo demás, una inexistencia, la ineficacia o nulidad absoluta, insubsanable e imprescriptible del acto jurídico de reelección presidencial.

Así como la corrupción en el ejercicio de la función pública no puede ser fuente del derecho de propiedad.

Primera parte de este artículo

“Gobierno Uribe: en situación inconstitucional, injusta, ilegítima, ilegal y criminal”.

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