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La agitación como delito. Colombia y Álvaro Uribe

No se puede desestimar la capacidad
persuasiva que a través de los medios ejerce el Presidente, capacidad misma que resulta ser
directamente proporcional a la que ha tenido para sustraerse de la relación con aquellos dequienes se
sirvió o a quienes favoreció y que se encuentran sub judice, toda vez que tales ‘favores’
hábilmente no figuran en su discurso o simplementeson ajenos a su permanencia y voluntad de
gobierno. Son sólo o fueron en sumomento actos de favor a la patria, aun cuando algunos entrañan la
comisión dedelitos.

 

El consejo comunal 210,
celebrado el sábado 6 de septiembre enValledupar, fue la tribuna utilizada para disertar sobre las
actuaciones de la Corte Suprema de Justicia (C.S.J.), haciendo uso de palabras que inducen a
laconfusión y que incluso ante cualquier desprevenido parecen dar la impresión deque, antes que
faltarle, le asiste la razón en su decir.

 

Entre ojos

 

Luego de mostrarse como un turista del río Guatapurí, al que llamó “igualador social de
Valledupar”, pudo, antes de arremeter contra la C.S.J. y requerir al Vocero de la ONU, emplear
palabras que justificarían suproceder, dado que de lo contrario sería “farsante… hipócrita… y
dejaría de serfranco”.

 

Si bien debía ser difícil,para el que se apoyó tanto en la clase
política del Cesar, iniciar su discurso mediante el uso de tales palabras, suprimió la de traición y
utilitarismo político. Lo anterior no es tan solo un detalle; es, por el contrario, elcuidado que
tuvo para obviar términos que pudieran crear resentimiento enquienes le apoyaron y creyeron en él,
bajo un programa de seguridad democráticaque, según algunas investigaciones, permeó la
institucionalidad electoral del Estado y consolidó la realidad feudal mediante el despojo, el
desplazamiento y el crimen, actos que en términos de la Corte Penal Internacional (C.P.I.)
deben considerarse como crímenes de lesa humanidad.

 

Inquirió al Presidente de la C.S.J. a constestar si
en el casode Yidis debía prevalecer la detención domiciliaria por cohecho o la orden de captura por
secuestro. Cohecho del cual el gobierno nacional es también sujeto activo según el mismo
Tribunal.

 

Manifestó asimismo que su gobierno
debe eliminar “la agitación perturbadora camuflada en procesos sociales”. Veamos. La frase contiene
un sentido tan amplio que permite considerar cualquier acción cuestionadora del régimen
presidencialista y centralizado (es decir, de su voluntad) como unaacción peligrosa, aun cuando esta
“agitación perturbadora” sea simplemente la defensa de la Constitución de 1991, que, al contrario de
la centralización aultranza que patenta el Gobierno, promueve la descentralización y la participación
democrática, hoy también desdibujada en su discurso bajo elconcepto de “Estado comunitario”.

 

Pero en los detalles se asoma la verdad, y así como
la expresiónfolclórica del pueblo vallenato merece para él que se le considere como partedel
“capital social”, pasa entonces a validar las privatizaciones realizadassobre Telecom, Ecopetrol y
el ISS, las cuales obedecieron, según su decir, a los “excesos sindicales” y no al afán privatizador
en sí mismo, como teoría ypráctica de la política económica colombiana que hace de la exclusión
una medida perpetua, y de la dádiva una compensación que religiosamente se da, enproporciones de
limosna, por las políticas mismas de entrabamiento que se handictado para evitar el desembolso de
las partidas presupuestales que pudieranatender los planes sociales, tales como el de vivienda.

 

Lo anterior
resultó evidenteluego que el Gobernador del Cesar manifestara que, en materia de vivienda,
sudepartamento, por su liquidez, fruto de las regalías por la explotación carbonifera, pudiera apoyar
los planes para los cuales debían hacerse normasreglamentarias nacionales que les permitieran a los
departamentos coparticiparcon los municipios y la nación, que siempre al final termina absteniéndose
dehacer los desembolsos y hasta los cierres financieros de proyectos, por la incapacidad
administrativa de los municipios. Es así como las cifrasmillonarias que supuestamente se
presupuestan por la nación no se desembolsan.

 

Sin que medie el
delito

 

Con cuasiinocencia fingida, Uribe
pregunta sí “respetar laindependencia es negar la discrepancia”, para en seguida focalizar su
diatribacontra la rama judicial, que, entre otras cosas, se encuentra en paro, desde labase misma,
dado el desequilibrio salarial entre Magistrados y Jueces, claroestá, previa advertencia de que no
se trata de una “pelea personal”, lo cual escierto, dado que aquello que no se profundiza
civilizadamente es el debate conceptual sobre la aplicación de los principios fundamentales del
Derecho, en la que cada cual toma una escuela determinada.

 

Así como el Presidente escogió a Enrico Ferri, uno
de los más destacados positivistas modernos (sin delito, no hay pena), los colombianos seguimos
expuestos a una máxima deBecaria cuando planteaba que “la pena es la guerra del Estado contra
elindividuo”, sólo que en Colombia la guerra contra el individuo la hace elEstado sin que medie el
delito. En adelante sólo bastará “cualquier agitaciónperturbadora”, es decir, el más simple reclamo,
para ser calificada así. Sóloqueda preguntar qué, a quién o a quiénes se perturba cuando se
construyenprocesos sociales por el reconocimiento de los más simples y universales derechos
humanos.

 

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