Bogotá Plan centro: Entre despojos y sofismas

El denominado Plan Centro, en marcha en Bogotá desde 2007 (Decreto 492, del 26 de octubre de 2007), se define en el papel como una política con pretensiones de rehabilitar y modernizar el Centro de la capital. Pero en la práctica es la apertura para la entrada de inversión extranjera, por medio de una estilización de la urbe y el desalojo de sus habitantes originarios.

El Plan Centro es el sueño del TLC en Bogotá, es la venta de nuestro patrimonio cultural e histórico.

Esta sentencia resume la esencia del Plan Centro, y por lo tanto los intereses que lo animan y que impiden su revisión. La misma fue proferida por Édgar Montenegro, líder del barrio San Bernardo, uno de los sitios afectados por esta política de “mejoramiento urbano”. Como él, centenares de habitantes de barrios populares e históricos de Bogotá* sufren las consecuencias del denominado Plan Zonal del Centro.

“Del deterioro a su recuperación”

Para nadie es un secreto el cambio que gradualmente vivió el centro de Bogotá. Hay que retrotraer nuestra memoria 15 y más años, desde cuando las casas y edificios adyacentes a la Carrera 10 y sus alrededores empezaron a sufrir un paulatino y creciente deterioro. Según los entendidos, preguntados por entonces, el deterioro respondía a una política oficial de congelamiento de predios para poder comprarlos en una futura organización del centro de la ciudad. Era la conocida “recuperación” de esta parte de la ciudad, que incluso tiene acciones en los años 70 y 80. Una muestra de estas acciones es el barrio Nueva Santafé.

El plan avanzaba. Hay otras obras, como la recuperación del parque San Victorino, otrora importante plaza de la ciudad, y su adecuación como espacio público. Se recuerda que para poner en marcha la primera y la segunda fase del Plan fueron destinados y aprobados 38 millones de dólares por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Al mismo tiempo avanzaba la recuperación de la zona del Cartucho, la cual se da sobre el desalojo de sus habitantes. Sangre y fuego. En varios años, cuadra a cuadra, respondiendo a un estudiado plan militar, social y económico, los ñeros, apoderados de “las casas de nadie” en el viejo barrio Santa Inés, fueron desalojados. Allí se levantaría el desolado Parque Tercer Milenio. Ahora la presión se extiende a los entornos adonde fueron a dar los sobrevivientes: alrededores de la iglesia del Voto Nacional, el Bronx, barrios San Bernardo y otros. La especulación urbanística apetece otros terrenos. Y no desiste de sus intenciones.

Cualquiera pudiera preguntar: ¿Y por qué tanto interés en el centro de la ciudad? Como también se puede deducir con facilidad, uno de los territorios que más inversión han recibido en el tiempo en una ciudad es su parte central. Allí se cuenta con todos los servicios, por allí atraviesan todas las ofertas que goza la urbe, contando, además, con espacios históricos, coloniales, útiles y explotables para el turismo. Un espacio que, en el caso de Bogotá, cuenta con 260.000 habitantes permanentes, además de 1.700.000 personas que lo transitan día a día. Un inmenso potencial de compradores, dirá un comerciante agudo.

Toda la infraestructura instalada es lo que pretende apropiarse, potenciar y explotar el capital financiero, nacional e internacional, embolsicándose inmensas ganancias por el simple efecto de la plusvalía urbana. Como es lógico, quien construya en el centro no tiene que acometer tuberías, ni construir accesos ni cosas parecidas: ya están ahí y por ellas la sociedad ya pagó. Ahora el provecho será para el nuevo constructor. Plusvalía, gracias ganancias que beneficiarán a pocos, pero que han causado y causarán dolor a centenares de familias.

El centro, para el caso de Bogotá, queda aledaño al mayor complejo de salud que exista en el país, el cual también ha entrado a ser parte del proyecto. Así las cosas, los barrios que le circundan también serán afectados por el interés de unos pocos. Cosas del capital financiero, dirá cualquier banquero.

Out let

¿Y los afectados? Centenares de pequeños propietarios de viviendas familiares y tiendas al por menor. Decenas de decenas de familias que han tenido que emigrar de su histórico sitio de residencia, porque sus barrios sufrieron, ante la falta de inversión pública, un creciente e imparable deterioro en sus calles, casas y servicios, o porque la seguridad en los mismos se vino a pique. Por la presencia de ñeros así se presentía. Desplazamiento intraurbano vivido a menos precio, con viviendas ‘congeladas’ en su catastro. Familias que ante el escaso dinero recibido terminan por habitar en la periferia de la urbe.

De este sufrir han hecho parte principalmente los habitantes de las localidades La Candelaria, Los Mártires y Santafé, 40 barrios en el caso de la localidad Santafé, cuatro en La Candelaria y 40 más si se revisan en su conjunto Los Mártires y Teusaquillo, este último también afectado por el Plan, aunque en forma colateral.

“De la recuperación a la devastación”

Nada nuevo. Desde la década de los 70 se planteó la idea de recuperar el centro histórico de la ciudad. Esto, como forma de darles rienda suelta a nuevos usos residenciales, proceso que los entendidos han llamado gentlificación. No pasaron más de dos décadas cuando, avanzados los años 90 del siglo XX, en pleno auge de la Alcaldía de Enrique Peñalosa, se implementó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). ¿El argumento? Una ciudad densa y poblada. La tesis fue ampliamente rebatida, a tal punto que hoy resulta inconcebible para muchos, pues Bogotá no es tan densa como otras ciudades del planeta.

De vieja data. Desde la puesta en marcha de las dos primeras fases de Transmilenio, la construcción del Parque Tercer Milenio, y la edificación paulatina del complejo comercial, hotelero y de salud, el centro de Bogotá vive transformaciones intempestivas.

Todo para convertir a este sector de Bogotá en epicentro de las finanzas, servicios y comercio globalizado. Vieja añoranza oligarca que se hace realidad. El 26 de octubre del 2007 entró en vigencia el Decreto 492 (ver recuadro), con la anuencia del Concejo de la ciudad y el entonces alcalde Luis Eduardo Garzón, concretando y operativizando lo que se denomina Plan Zonal del Centro de Bogotá, el mismo que en el papel implica redistribución de suelos, rehabilitación de infraestructuras arquitectónicas y dotacionales, y generación de interconexiones mediante equipamientos o foros peatonales. En resumidas cuentas, nuevos usos del suelo para espacios antes destinados sobre todo a uso residencial, en vivienda unifamiliar. Vendrán las torres para ofertarles apartamentos a los ejecutivos.

Plan premeditado desde tiempo atrás si se toman en cuenta los antecedentes, que evidencian el maridaje entre los gobiernos distrital y nacional con el capital financiero internacional. Se trata de la Ley 388, que le da forma al Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Con el tiempo, este marco jurídico favoreció la creación de “Planes parciales”, conducentes a la rehabilitación y la recuperación de suelos, utilizados posteriormente, por arte y magia de los legalismos o de la viveza de los especuladores, para fines contrarios.

Pero, como dice una frase ya común, estos especuladores hacen de toda aparente dificultad una oportunidad. Esta no fue la excepción. Hace siete años –para evitar la especulación en la compra de predios–, el gobierno distrital congeló su precio por dos años. Sin embargo, aún hoy la medida sigue vigente. Afectados: las familias habitantes de numerosos barrios que ven deterioradas sus viviendas y los entornos. Su precio cae, los negociantes acechan.

Otra disposición jurídica, que supuestamente llevaría a equilibrar la balanza entre ricos y pobres, y asimismo a evitar la acumulación de tierra y propiedades urbanas, planteó que, para poder vender los suelos, al menos el 51 por ciento de los propietarios de una manzana debía estar de acuerdo. Los especuladores no hicieron esperar su codicia ilimitada: utilizaron los mismos Planes parciales estipulados por la ley, llegando a comprar manzanas enteras hasta alcanzar el porcentaje meta. Así, cercaron a los pequeños propietarios que salían despavoridos ante la devaluación paulatina de sus hogares, el deterioro de barrios y casas vecinas, además de la proliferación de delincuencia común, instalada con ese fin.

Planes parciales utilizados también para el desarraigo intraurbano. Desde cuando una concesión mixta –Estado y sector privado– comenzó hacia la década de los 80 a comprar predios en el histórico barrio Las Cruces, se propició un primer desplazamiento de sus residentes; otros aguantaron pero poco a poco creció el cerco: los edificios residenciales, para habitantes con mayor capacidad de pago, ya se asoman por el sector.

Localidades al por mayor

Como quien oferta una mercancía que se vende al mejor postor. Este parece ser el futuro de las tres localidades directamente afectadas: Los Mártires, La Candelaria y Santafé, aunque se dice que las localidades Antonio Nariño y San Cristóbal también serán conmovidas en sus cimientos, cultura y vida, aunque en menor medida (1).

Según documento reciente de sectores afectados, las empresas financieras, inmobiliarias, universidades privadas, gobierno nacional y distrital, se lucran de un 800 por ciento de plusvalía con el desalojo de los habitantes del Centro (2), en su mayoría de estratos 1 y 2 que viven en condiciones de extrema pobreza (3).

Ante este panorama, la única opción parece ser el llamado a poner en escena medidas de hecho que permitan contrarrestar estos poderes. Así lo hace ver Montenegro, quien habla desde sus vivencias. Su experiencia representa la de muchos otros que resisten desde el peso de la cotidianidad, pero desisten en algunos casos de la organización comunitaria y barrial.

“San Bernardo es uno de los ejemplos que dan cuenta de procesos de organización a través de asambleas amplias. Allí se habla con el cura, con la Junta de Acción Comunal, con los grupos de madres comunitarias asociadas que tienen varios jardines de la localidad, los comerciantes, en fin. A partir de ahí se propone una propaganda que denuncie la problemática. Se busca llegar a los directamente afectados: propietarios, arrendatarios, poseedores”, afirma Édgar.

* Entre ellos se cuentan, barrios como: Las Cruces, San Bernardo, La Concordia, Egipto, La Perseverancia, Eduardo Santos, Ricaurte-La Pepita, Santa Isabel, La Soledad, Samper Mendoza, Teusaquillo.

1 Comité Interlocal del Centro, Comité Cívico Popular y Organizaciones sociales. El Plan Centro: desplazamiento y desalojo de los habitantes del centro de la ciudad. Bogotá, agosto del 2008.

2 íd.

3 íd.

Decreto 492 de 2007 *

Artículo 7. Principios. Son principios de la Operación Centro:

*http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=154

Contrapropuesta social y popular

1.    Declarar a la Ciudad de Bogotá, la región y el país como zonas de alto riesgo social, económico, territorial, ambiental, exigiendo que los gobiernos nacional y Distrital asuman su responsabilidad sobre la inocultable Emergencia Social y Económica.
2.    Reconocimiento territorial e histórico real para las presentes comunidades originarias. En tal sentido, gozar de plena interlocución, proposición, seguimiento y ejecución de los proyectos y planes que tengan impacto sobre las zonas afectadas.
3.    Reconocimiento jurídico y cultural, y preservación histórica y patrimonial de las residencias, inmuebles y bienes públicos.
4.     Identificación, conservación y desarrollo de las empresas productivas, iniciativas comerciales, familiares y organizaciones colectivas de producción presentes en las localidades del centro y en su entorno, como reconocimiento a sus necesidades y capacidades endógenas.

Comité Interlocal del Centro Comité Cívico Popular
Organizaciones sociales