El escándalo no para. En los días finales de septiembre se informó de “11 jóvenes desaparecidos en Soacha (Cundinamarca) y Ciudad Bolívar (Bogotá) y luego encontrados lejos de sus sitios de vivienda (Ocaña, Norte de Santander), en fosas comunes”, reportados por el Ejército como “muertos en combate”. Subversivos, según las primeras declaraciones oficiales. Ejecuciones extrajudiciales.
Algunos días después, la cifra precisaba que los jóvenes desaparecidos y luego “muertos en combate” eran 19. Otros días más, y el número de jóvenes que sufrieron este final infeliz llegaba a 23. Crecía el horror. Pero en menos de un mes el total de esta masacre juvenil, de “muertos en combate”, supera incluso, según el decir de algunos parlamentarios, los 100, e involucra a jóvenes desaparecidos (“reclutados”) en Engativá (Bogotá), pero también en Risaralda. Muertes producidas con intervalo de uno, dos o cuando más cuatro días desde su desaparición. ¿Asesinados para ganar laureles?
Las cifras son apenas una pequeña muestra de la violencia dirigida contra los jóvenes que habitan las periferias de las ciudades colombianas, hombres y mujeres que, batallando contra el destino de negación y desamparo, tienen que soportar los señalamientos, la exclusión, la falta de oportunidades para cursar estudios primarios, medios y superiores, pero también la imposibilidad de obtener un empleo digno. El castigo por ser pobres.
Según la Defensoría del Pueblo, en lo corrido de 2008, las denuncias por desapariciones, sin haber encontrado al reportado como tal, ascienden a 5522. ¿Asesinados? ¿Reclutados? La verdad, la multitud de fosas clandestinas perforadas por todo el país pueden guardar esos cuerpos. Mientras tanto, sus deudos cargan la pena de no hallarlos.
Cifras de espanto. En el “Informe preliminar de la Misión internacional de observación sobe ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia”, conocido en octubre de 2007, “entre julio de 2002 y junio de 2007, aparecen registrados en Colombia e imputados a la Fuerza Pública al menos 955 casos de Ejecuciones Extrajudiciales, además de 235 casos de desaparición forzada de personas, según el informe de las organizaciones de la Comisión Colombia, Europa, Estados Unidos (que integran numerosas ong). Por su parte, la Procuraduría General de la Nación se encuentra investigando disciplinariamente 670 casos, habiéndose emitido a (octubre de 2007) 11 fallos disciplinarios” (pág. 1).
Allí mismo se señalan las constantes de estos sucesos:
a) Los casos de ejecuciones extrajudiciales aparecen en el marco de operativos militares antiinsurgentes, aunque los testigos declaran que no hubo combate.
b) En un número elevado de casos, la víctima es capturada ilegalmente en su domicilio o lugar de trabajo, y conducida al lugar de la ejecución.
c) Las personas ejecutadas o desaparecidas son por lo general campesinos, indígenas, trabajadores o personas marginadas. Un porcentaje significativo corresponde a líderes comunitarios.
d) Se reportan por la fuerza pública como insurgentes dados de baja en combate. Las víctimas aparecen muchas veces uniformadas, y con diferentes tipos de armas y equipos militares, mientras, según los testimonios, habían desaparecido desarmadas y con su ropa habitual.
e) En muchas ocasiones, las víctimas son previamente señaladas por informantes anónimos, encapuchados o reinsertados, susceptibles de que faciliten información falsa debido a su situación, y en otras ocasiones son seleccionadas al azar.
f) Habitualmente, el levantamiento del cadáver se realiza por los mismos miembros del Fuerza Pública que previamente lo han dado “de baja en combate”.
g) No se preservan la escena del crimen, ni las evidencias o pruebas existentes.
h) Se aprecia superficialidad en la práctica de necropsias.
i) Frecuentemente, en los cuerpos aparecen signos de tortura. Varios testimonios evidencian la práctica de este tipo.
j) Los cuerpos son despojados de objetos personales y se hacen desaparecer sus documentos de identidad.
k) En muchas ocasiones, los cuerpos son traslados a municipios lejanos del lugar donde se produjo la captura, lo que obliga a los familiares a desplazarse tanto a las bases militares para buscar información como a los lugares donde finalmente son depositados los cadáveres. Igualmente, se produce un retardo injustificado en la certificación de la defunción.
l) Se constatan serios impedimentos tanto para el acceso de los familiares a los cuerpos como para el reconocimiento de los mismos.
m) Se inhuman como N.N. a pesar de ser identificados por familiares o terceras personas.
4. Los hechos están generalmente mediados por incentivos económicos y profesionales, y premios por presentación de ‘positivos’.
5. La competencia judicial para la investigación de los hechos se atribuye desde el primer momento a juzgados penales militares, lo que dificulta la imparcialidad en la investigación […].
11. En la mayoría de los casos, los funcionarios de la Fuerza Pública imputados en los hechos no quedan suspendidos cautelarmente del servicio, manteniendo su actividad habitual.
12. Existe un porcentaje ínfimo de condenas a responsables de ejecuciones extrajudiciales, lo que supone una situación de impunidad generalizada.
“Casos excepcionales”
Pese a la evidencia y la persistencia de métodos a través de los cuales se acrecienta el número de muertes extrajudiciales, las autoridades militares confirman, cada vez que se reporta un caso de estos, que los implicados en asesinatos no comprometen a la institución, es decir, “son casos aislados”.
Pero la recurrencia de las técnicas en todos los “dados de baja” parece indicar que no es así. Según la Fiscalía, en la actualidad hay cerca de 750 investigaciones en las que se relaciona la muerte de personas civiles y en las que estaría involucrado al menos un militar o miembro de la Fuerza Pública. La Procuraduría, por su parte, asegura que sólo 75 uniformados han sido sancionados. Para el senador Gustavo Petro, en los hechos que son escándalo en la actualidad, “algunos de los casos de desaparición estarían relacionados con reclutamientos por parte de la Fuerza Pública”.
Violencia creciente. Según el senador Néstor Helí Rojas, solamente en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, son asesinados cuatro jóvenes por día. Para el Alcalde, la cifra no concuerda con la realidad, toda vez que los jóvenes asesinados son 15 por mes, es decir, uno cada dos días, pero en el conjunto de la ciudad las víctimas sí llegan a tres diarias.
Como sea, un ritmo de violencia e indiferencia que testimonia la verdadera realidad nacional, la que se sufre o soporta en los barrios populares, donde el conflicto social, político y militar demanda a gritos soluciones inmediatas. Negociación política en el campo nacional, ¡ya!, y un plan de emergencia distrital que garantice empleo, oportunidades educativas para los jóvenes y otros sectores sociales, así como vivienda, salud, alimentación, etcétera, que proyecte opciones de vida y de país. Un plan que revuelque la ciudad, que deje claro que en ella existe una gobierno alternativo, de izquierda, que haga honor a su reivindicación ideológica, con imaginación, con decisión de inclusión, capaz de abrir caminos para romper la concentración de la riqueza y minimizar la pobreza. Y ese plan exige no sólo discusiones sino además participación efectiva, es decir, con opciones para proponer pero también para decidir. Urge una Alcaldía de puertas abiertas.
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